“Él no es un juez corrupto, es una persona seria y honesta”, opina vecino del juez de Control cuya vivienda fue balaceada por personas desconocidas la madrugada del 11 de junio, en el fraccionamiento Bahías de Mazatlán.

“Pero los impactos de bala en la pared de su casa son una prueba evidente de que está amenazado de muerte”, asegura el ciudadano que pidió no mencionar su nombre.

En el frente de la casa blanca de dos pisos ubicada con el número 322, por las calles Bahía Mazatlán esquina con Bahía San Sebastián y/o calle Los Claveles, del fraccionamiento Bahías de Mazatlán, una placa presume el “blindaje”: “Protección total las 24 horas del día en tu sección; exige que la empresa que te cuida esté registrada y vigente; no arriesgue su patrimonio”.

En dicha casa, al parecer propiedad del Juez de Control y Enjuiciamiento Penal de Sinaloa, Marco Antonio “N”, en la que por lo menos desde hace 20 años había vivido en sana paz, ocurrió una violenta paradoja: la madrugada del jueves 22 de junio, sujetos armados habrían disparado balazos de arma calibre 45 mm.

El juez vive o vivía en un conjunto habitacional distribuido en las calles Bahía Mazatlán, Bahía San Sebastían y Bahía San Carlos, “abrazado” entre la Carretera Internacional México 15 y las avenidas Santa Rosa y Anaxágoras, junto a la Ley del Mar, casi frente al fraccionamiento Jacarandas.

En la sección donde habita o habitaba el juez de Control, —pues para poner a salvo su integridad y a su familia, puso tierra de por medio—, los “ojos” de las cámaras de video, parecen vigilar las 24 horas del día, y desde los postes de líneas telefónicas o paredes, algunos carteles advierten: “vecinos en alerta”.

La casa blanca solitaria que albergaba al juez, parece un barco abandonado en la Bahía Mazatlán.

Cuando Ríodoce tocaba la puerta de la casa del ausente funcionario del Estado, para preguntarle su percepción sobre el hecho de que los presuntos agresores no hayan preferido disparar al barandal de cristal de su balcón desde donde apreciaba el área verde del fraccionamiento, un vecino partidario de la versión del atentado de muerte, bosquejó el perfil instantáneo del juez.

“Él no es un Juez corrupto, es una persona seria y honesta”, aseguró.

La otra versión del atentado asegura que fueron las “balas de la casualidad” los que impactaron el muro de la vivienda del juez de control, pues si los supuestos agresores quisieran enviarle un mensaje, habrían dirigido sus proyectiles a las ventanas o los lujosos cristales del barandal de su balcón.

Al margen de la versión anterior, según información publicada en algunos medios de comunicación, el juez de control tenía un escolta de seguridad personal debido a que había recibido dos amenazas de muerte.

“(Pero) sin previo aviso el subdirector de coordinación de Servicios de Protección de la Zona Sur en Mazatlán, se lo retiró, por lo que hizo responsable de lo que le suceda a él y su familia”, habría denunciado el funcionario jurisdiccional.

Hechos y dichos del presunto atentado

—Según el glosario Justicia y Seguridad del Instituto Mexicano para la Competencia (Imco), el juez de control es una autoridad jurisdiccional que interviene desde el inicio del procedimiento y hasta que se emite la resolución que da inicio al Juicio Oral. Este juez se encarga de velar por la legalidad y el respeto a los derechos fundamentales de las partes y realiza diversas diligencias en las dos primeras etapas (de investigación e intermedia) del proceso.

—Serían las 3:20 de la madrugada del jueves 22 de junio, cuando la pared de la casa ubicada con el número 320 de la calle Bahía Mazatlán, recibió impactos de balazos de arma de fuego calibre 45 mm. No hubo ninguna persona herida, porque los proyectiles impactaron en el muro protector de la vivienda.

—El 14 de junio, el juez de Control, habría denunciado que recibió dos amenazas de muerte, motivo por el cual contaba con un guardia de seguridad, pero sin previo aviso, se lo retiraron, pese al peligro inminente.

—Peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado, levantaron nueve casquillos percutidos de arma calibre 45 mm., además de entrevistar a los moradores de la casa cuya pared fue baleada.

Artículo publicado el 25 de junio de 2023 en la edición 1065 del semanario Ríodoce.

Pucheta, Sandra Lara, Gloria Himelda Félix, Luna Beltrán, Tony Castañeda, Ballardo, Chuv Valdés dejan el barco. Los priistas presentaron su renuncia a la militancia del tricolor, al no estar de acuerdo con las nuevas directrices de la dirigencia

Texto cortesía de Río Doce.

A unos meses de que inicie el proceso para las elecciones presidenciales, el PRI en Sinaloa se está desfondando. Al menos seis militantes de cepa abandonaron el partido: Fernando Pucheta, exalcalde de Mazatlán; Gloria Himelda Félix, diputada local; Francisco Javier Luna Beltrán, exalcalde de Rosario; Sandra Yudith Lara, ex diputada local; Antonio Castañeda, ex alcalde y exregidor de Culiacán y actual titular de la Comisión de Vivienda del Estado de Sinaloa; y Gabriel Ballardo, exlíder del STASE y actual secretario técnico de la CViVe.

A sus renuncias se suma la de la diputada local, Daisy Judith Ayala Valenzuela, quien antes renunció a su bancada en el Congreso local, y la de Grecia Mirleth Aguilar González, regidora del Ayuntamiento de Culiacán.

Los motivos de la renuncia a su militancia de los ahora expriistas, tienen que ver con el proceso de elección de la nueva dirigencia el pasado 2 de junio: Paola Gárate Valenzuela, diputada local con licencia, y Bernardino Antelo, fueron elegidos presidenta y secretario del Comité Directivo Estatal entre señalamientos de pertenecer al grupo del senador Mario Zamora y ser una imposición del PRI nacional liderado por Alejandro “Alito” Moreno.

Unos días antes, el 31 de mayo, durante el proceso de registro de las fórmulas para integrar el CDE, Nubia Ramos, diputada local y ex alcaldesa de El Fuerte, acusó injerencia y obstrucción del Comité Ejecutivo Nacional en el proceso.

“El PRI en Sinaloa no está para cumplirle caprichos a Mario Zamora, si le quiere cobrar a ‘Alito’ Moreno por el tema de la coordinación del senado, que se la cobre con otra cosa”.

Finalmente, el registro de Ramos Carvajal y del también diputado Marco Osuna, fue invalidado al no haber presentado la documentación necesaria y porque presuntamente la exalcaldesa de El Fuerte falsificó la firma del presidente del comité directivo municipal del PRI en Concordia, quedando como fórmula única la de Paola Gárate.

Ramiro Hernández Ramos, entonces dirigente provisional del partido, argumentó que la atracción del proceso de elección de la dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional en Sinaloa por parte de la Comisión Nacional de Procesos Internos, no violaba los estatutos porque en la entidad no se contaba con un liderazgo en el tricolor, debido a que el gobernador y el presidente son de Morena.

Apenas ayer lunes, a la lista de priistas que dejan el partido, se sumaron el exalcalde de Culiacán y exidirigente estatal del tricolor, Jesús Valdés y la del exaspirante a la dirigente estatal, Marcos Osuna.

En ambos casos el argumento de la dimisión fue la centralización del proceso interno para dirigir el comité directivo estatal.

“Me da tristeza ver a veces que las cosas se han ido centralizando… No podemos avalar el cien por ciento de las acciones que se están dando”, expresó el exalcalde de Culiacán.

Valdés Palazuelos reiteró que después de más de 20 años de militancia, hoy ha tomado esta decisión que no ha sido “nada fácil”.

“Yo creo que se está yendo mucha gente… Cada quien habla como le fue en el baile”, comentó el ahora expriista.

El ‘dedazo’ y desbandada

Apenas tres días después de que Paola Gárate y Bernardino Antelo tomaran protesta como presidenta y secretario del CDE, Francisco Javier Luna Beltrán, exalcalde de Rosario, ex diputado local, exsecretario de Educación Pública y Cultura, y quien fuera asesor del gobernador Rubén Rocha, presentó su renuncia a través de una carta fechada el 5 de junio.

“Elegir dirigentes cancelando el derecho de los aspirantes a una elemental participación democrática, con cerrojos muy desfasados, centralismo innecesario, sin reglas de piso parejo y con bases y requisitos insalvables, es lo que ha llevado al PRI a una decreciente fortaleza interna”, señaló Luna Beltrán.

“Hoy por hoy, el activismo fiel del PRI, fue desplazado y lastimado. Ahora en el PRI, para acceder a un cargo de dirigencia o de elección popular, la sola credencial de pertenencia a los poderes fácticos o al ismo político que renunció a la organización, es suficiente y quedó demostrado”.

El 12 de junio también se fue Sandra Yudith Lara Díaz, exdiputada local y exsecretaria del CDE, tras una militancia de 28 años; y Antonio Castañeda Verduzco, exalcalde de Culiacán y actual funcionario en el gobierno estatal, quien fue militante del tricolor durante 34 años.

Lara Díaz no dio a conocer los motivos de su salida, pero Castañeda Verduzco mencionó que no coincidió “con las formas, ni con las decisiones que se han tomado por las dirigencias nacional y estatal” y con “la forma en la que se desarrolló el proceso de selección de la dirigencia en general”.

Admitió que en el PRI siempre han existido las imposiciones en los puestos de dirigencia en los comités municipales, estatal o nacional, ya sea por “planilla única por consenso”, pero ya no debería ser así.

Un día después, el 13 de junio, Gabriel Ballardo, exlíder del STASE, y la diputada local, Gloria Himelda Félix Niebla, enviaron cartas similares a Paola Gárate. El 15 de junio hicieron lo mismo Fernando Pucheta Sánchez, ex alcalde de Mazatlán y Grecia Mirleth Aguilar González, regidora del Ayuntamiento de Culiacán.

Pucheta argumentó que deja su militancia de 30 años en el tricolor, por estar en desacuerdo “con la forma en que viene trabajando el partido, distante, frío y alejado de la gente y de los principios rectores basados en los valores de justicia social, igualdad y democracia, lo que desde luego discrepa con mis valores personales, en razón de lo cual, no comparto los mismos ideales”.

Dos semanas antes, también dejó al tricolor, la diputada local Daisy Judith Ayala Valenzuela, quien antes renunció a su bancada en el Congreso local, como lo hizo posteriormente Feliciano Valle Sandoval, quien aún no ha cancelado su militancia en el partido.

La crisis que atraviesa el PRI también se refleja en el ámbito nacional, donde ayer anunció que dejaba su militancia de más de 40 años en el partido, el ex gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses.

La dirigente estatal, Paola Gárate, niega una desbandada en el Revolucionario Institucional

Martín González

Paola Gárate lo niega, pero el Partido Revolucionario Institucional está quedando en sus puros huesos. Con una estructura desvencijada que está cayéndose a pedazos, con una desbandada intermitente.

El epicentro del movimiento telúrico se registró el 21 de mayo con el lanzamiento de la convocatoria para elegir la dirigencia estatal del PRI, con la renuncia del presidente de la comisión estatal de procesos internos, Jesús Enrique Hernández Chávez.

El comité ejecutivo nacional había centralizado el proceso, su argumento.

Una convocatoria con cinco fases se resumió en dos. El registro de fórmulas el 31 de mayo y la entrega de constancia de registro el 2 de junio.

La planilla única, integrada por Paola Gárate y Bernardino Antelo, asumió la dirigencia el mismo día de la entrega de constancia de registro de fórmulas.

La de Nubia Ramos y Marcos Osuna quedó eliminada por los “candados” impuestos desde el CEN del PRI.

Ahí comenzó la historia.

Las diputadas locales Gloria Himelda Félix y Deisy Ayala hicieron pública su renuncia al tricolor. El exalcalde de Mazatlán Fernando Pucheta; el exalcalde de Culiacán, Antonio Castañeda y la exdiputada Sandra Lara, presentaron su dimisión.

Pero no es una desbandada, asegura Gárate.

“Desbandada es cuando, íngasu, se va un grupo con mil gentes. Íngasu, ahí sí, caray…” sostiene la dirigente estatal.

Vía telefónica desde la Ciudad de México, la recién nombrada dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional responde.

“Es incongruente, la verdad. Ese centralismo antes sí beneficiaba y estaba correcto. Ese centralismo ahora no está correcto…” subraya.

“Están formalizando lo que en los hechos ya habían demostrado”, ataja Paola Gárate.

Hoy, insiste, se busca revalorar más a la militancia de a pie. De abajo.

“Hoy en esta nueva etapa sí, es diferente. Sí, lo lamentamos. Les deseamos la mejor de las suertes. Es una decisión personal…” dice.

Las dimisiones de personajes que se beneficiaron durante 30 años no afectan al partido, sino todo lo contrario.

“No. Ninguna afectación. Es una nueva etapa, y en esa nueva etapa, pues, son nuevas circunstancias, pero no afecta. Al contrario”, manifiesta.

Parida en el PRI

Paola Gárate niega ser el resultado de un “dedazo”, de una imposición desde el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional.

“A mí me parieron en el PRI. Yo vengo de la base militante”, presume.

La suya, enfatiza, ha sido una lucha de colonias populares, juveniles, de recorrer el estado…

“Nadie me ha puesto a chaleco de nada. Sudor, lágrimas y mi vida ha estado en riesgo por defender, por encabezar las causas del partido”, agrega.

El PRI de cara a 2024

Con un partido en escombros que gobierna solo uno de 18 municipios en Sinaloa, Paola Gárate ve las renuncias como una reorganización partidista de cara a las elecciones de 2024.

Vienen muchas cosas buenas, asegura.

“Así, con esta reorganización que estamos teniendo, con una definición de ser una oposición valiente, firme, clara… De reestructurarnos, de voltear a ver a las bases, a la militancia, de abrirle la puerta a la ciudadanía”, subraya.

A tres meses de que arranque el proceso electoral 2024, con campañas adelantadas de las “corcholatas” del presidente Andrés Manuel López Obrador, el escenario del Partido Revolucionario Institucional y de la oposición, es incierto, con un partido en los puros huesos, sostenido por una estructura desvencijada que se derrumba en escombros por las dimisiones un día sí y otro también.

Artículo publicado el 18 de junio de 2023 en la edición 1064 del semanario Ríodoce.

Columna Áltares y Sótanos/Ismael Bojórquez

El rector Jesús Madueña tuvo razón cuando le respondió al reportero de Ríodoce, que no estaba enterado, que él estaba arriba, en el estrado. Alejandro le había pedido una opinión sobre el enfrentamiento que hubo enfrente del campus Buelna, donde un empleado había sido herido con una navaja y un reportero de esta casa editorial, Martín González, agredido por los gorilas pagados por la UAS y que actúan, siempre en estos casos, como un auténtico grupo de choque.

Lo que el rector no puede ignorar es cómo se patrocinan estos grupos de porros, porque eso son, porros; así los conocimos desde los años setentas, cuando la casa rosalina expuso sus alas ante las imposiciones de los gobiernos federal y estatal, en batallas que no pocas veces se tiñeron de sangre. Así se conocieron en el 68 y 71 mexicanos, de dolorosa memoria. Y su práctica se extendió a muchas universidades y escuelas, y a sindicatos locales y nacionales, sobre todo en aquella época, donde la lucha contra el llamado “charrismo” cundió por todo el país en gestas memorables.

Los porros revientan asambleas, disuelven manifestaciones a punta de garrotazos, provocan, incendian locales, levantan, amenazan, infunden el miedo…siempre bajo las órdenes de un patrón. Y en el caso de la UAS hay registro de muchos de estos abusos (Los llevamos en una nota aparte).

En 2010, esos porros pagados por la UAS, reventaron a punta de garrotazos una asamblea sindical donde se desconoció el triunfo de Marco Medrano para dirigir el SUNTAS-Administrativos y Ríodoce publicó una portada que titulamos “Universidad porra”, lo cual despertó la ira de sus directivos. Hubo hechos previos de esta especie y muchos más vinieron después.

Pero este es solo uno de los arietes con que el cuenismo controla y somete a la universidad. Porque ya no es Héctor Melesio Cuen, sino el cuenismo, una forma de administrar, controlar, explotar, someter, para beneficio de una casta de funcionarios de alto y medio pelo a través de bases laborales, horas de trabajo, becas, viajes, aviadurías, “prestaciones laborales”, comisiones… y un largo etcétera, todo con cargo a las finanzas de la UAS que, aseguran, son auditadas permanentemente pero que, todos lo sabemos, son manejadas a discreción por quienes controlan la institución.

El segundo informe de Madueña Molina fue un fracaso desde el ángulo que se le quiera ver. Arropado solo por esa casta beneficiada con prebendas por arriba y debajo de la mesa–muchos de cuyos integrantes empiezan a preguntarse hasta cuándo y bajo qué condiciones van a seguir allí–, fue desairado por la clase política, por líderes empresariales y partidistas y por los mismos medios de comunicación que enfocaron sus cámaras y sus plumas hacia el zafarrancho que se suscitó afuera del campus Buelna y en el ataque a nuestro reportero. Lo que durante décadas ha sido una fiesta rosalina, esta vez fue un elogio a los desencuentros y a la frustración, con cargo al rector y a quien realmente dirige la UAS, aunque diga y repita que ya no tiene nada que ver con ella: Héctor Melesio Cuen Ojeda.
Y fue, sin que fuera previsto, un botón de muestra de que el conflicto que ahora vive la rectoría –en el sentido amplio– de la universidad con el gobierno estatal, solo será resuelto mediante el diálogo, partiendo de la premisa de que las cosas no pueden seguir como han sido en la UAS durante dos décadas. Transitar hacia un nuevo estado de cosas es la única salida para las partes, en particular para quienes se han adueñado de la UAS y de sus recursos, ahora con la defensa falaz de la autonomía universitaria, cuando en realidad lo que defienden son sus privilegios.

Bola y cadena
DESDE EL MOMENTO EN QUE supimos de la agresión a nuestro reportero dijimos que presentaríamos una denuncia ante la fiscalía estatal, porque estos atropellos tienen que ser denunciados donde se cometan. Más de 96 por ciento de las agresiones a periodistas en México, no se castigan, aunque sean denunciadas; esos niveles de impunidad tenemos. Martín estaba haciendo su trabajo, grabar, documentar un conflicto en la calle y los gorilas pagados por el rector lo atacaron, le borraron archivos y le rompieron su celular, además de que lo sacaron a empujones del campus, a pesar de que portaba su identificación, la misma que la UAS le había proporcionado para que desarrollara su trabajo. No les importó; no querían ser grabados en sus ataques porriles y pasaron por encima de sus propios sistemas administrativos de control. Gracias por el gafete, gracias por los empujones, gracias por las amenazas y mentadas de madre, gracias por el teléfono roto: Sursum Versus.

Sentido contrario
“PARTE TU CORAZÓN”, le dijo Ricardo Monreal al gobernador Rubén Rocha, durante su visita a Sinaloa. Fue en tono de broma y en serio. Fueron compañeros en el Senado de la República y son amigos, pero Monreal, viejo tiburón de la política, sabe que Rocha estará con quien esté el presidente AMLO y que no es él. Pero no ocupaba decírselo; Rocha es otro tiburón tal vez con dientes más pequeños, pero tiburón. Por eso en algunas dependencias del gobierno estatal estuvieron circulando “invitaciones” para los eventos de Monreal en Culiacán y Los Mochis, con listas de asistencia, formatos, etc. Al viejo estilo del PRI, con el agravante de que ellos, dicen, no son iguales.

Humo negro
¿QUIÉN ESTÁ FINANCIANDO LAS OBRAS? Se le preguntó al secretario del Ayuntamiento de Badiraguato. Nos referíamos a la portentosa estatua de San Judas Tadeo, conocido en estos rumbos como el santo de los narcos –aparte de Malverde. Y al anunciado Museo del Narco. Y la respuesta fue que “algunos empresarios de Badiraguato”. ¿Qué empresarios, quiénes? “No los conozco”, atajó.

Artículo publicado el 11 de junio de 2023 en la edición 1063 del semanario Ríodoce.

Los integrantes de este ente paramunicipal vigilarán las actividades que realicen las personas que entren y salgan de los espacios públicos, mediante una bitácora

En Badiraguato, uno de los municipios del estado con el menor índice delictivo, el Cabildo aprobó el decreto que crea el departamento de la Guardia Civil municipal, la primera de este tipo en Sinaloa.

Jesús Enrique Salazar, secretario del Ayuntamiento, argumentó que la creación de este ente paramunicipal nace de la necesidad de reforzar la seguridad en el municipio, teniendo como una de sus tareas principales el llevar una bitácora de todas las personas que entren y salgan.

Con una población de poco más de 30 mil personas, Badiraguato solo cuenta con 21 agentes de policía repartidos en dos turnos, por lo que de acuerdo al funcionario es una necesidad reforzar las tareas de seguridad.

“La Guardia Civil nace por la necesidad que tenemos como municipio de tener quién nos cuide los espacios públicos”, comenta.

Los guardias civiles harán funciones similares a las de la seguridad privada, aseguró, porque permanecerán en cinco puntos fijos y no usarán armamento letal.

Estigmatizada antes de su nacimiento, Salazar asegura que dicha corporación no será de “halcones”, sino un apoyo de la Dirección de Seguridad Pública para que los policías no descuiden las calles.

“No es la idea de lo que a veces se ha comentado, que sean supuestos ‘halcones’. No es así”, rechazó.

El funcionario aseguró que la convocatoria para integrar la Guardia Civil municipal será lanzada 30 días después de su publicación el 31 de mayo de 2023, en el Diario Oficial del estado.

“En estos días estamos por lanzar una convocatoria para buscar que vengan prospectos a pertenecer a la Guardia Civil”, comentó.

Los interesados deberán cumplir con ciertos requisitos, agregó, entre los que se encuentra tener de 18 a 40 años, ser de notoria buena conducta, no haber sido condenado por delito intencional o robo, no tener antecedentes negativos en los registros nacional y estatal de personal de Seguridad Pública, una prueba toxicológica y de conocimientos, pero no será necesario que se sometan a evaluaciones de control y confianza, a los que sí están obligados los policías.

Aún no se tiene un número definido de cuántas personas serán contratadas como guardias civiles, puesto que todavía no se tiene un reglamento que rija este ente.

Tampoco se conoce el salario con el que serán contratados, aunque sí que este será menor al que devengan los agentes de la policía municipal, por la responsabilidad, la capacitación y el riesgo que conlleva el oficio.

“Se trata de que tengamos más elementos humanos que nos puedan apoyar y que nuestros policías no descuiden la prevención de la seguridad pública en las calles”, manifestó.

Al ser cuestionado si en lugar de una guardia civil, se debió contratar más policías municipales, el secretario del Ayuntamiento argumentó que no tienen aspirantes, ya sea por la falta de interés o porque los que se animan no aprueban los exámenes de ingreso.

“Hemos sacado convocatorias. Hemos tratado de meter, pero no han quedado. No tenemos prospectos, y los poquitos que vienen a solicitar, no logran pasar los exámenes”, lamentó.

El decreto

El 31 de mayo de 2023 se publicó en el periódico oficial Estado de Sinaloa el decreto que crea la Guardia Civil Municipal de Badiraguato, iniciativa aprobada el 9 de mayo en la sesión de Cabildo número 40, basada en un cúmulo de artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa.

Los artículos citados son el 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el 110 y 125 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y 104 de la Ley de Gobierno Municipal, que no establecen la creación de una guardia municipal, sino las facultades de autogobierno de los municipios, como la de aprobar y expedir los bandos de policía y gobierno.

En la exposición de motivos del decreto, se señala que “toda autoridad se encuentra obligada a proporcionar y velar por la seguridad ciudadana, por lo que la creación de la Guardia Civil Municipal es una extensión de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Badiraguato… “

“La Guardia Civil Municipal se crea con el objeto de desempeñar y brindar acciones de seguridad en primer término para las personas que habitan y visitan el municipio de Badiraguato, y las relacionadas con la seguridad en materia de protección, vigilancia, custodia de personas, información, bienes muebles e inmuebles, lo anterior, con la finalidad de incrementar la seguridad para seguir conservando los bajos índices delictivos como hasta ahora y de esta manera brindar la tranquilidad y confianza de los badiraguatenses”.

Entre sus principales tareas será la de controlar los accesos de seguridad, a través de un registro de las actividades y personas que entran y salen a través de una bitácora.

Además, realizarán rondas de vigilancia, tanto rutinarias como imprevistas, ante una sospecha o aumento del riesgo en sitios específicos.

El guardia civil deberá coadyuvar también como auxiliar de las instituciones policiales en la prevención de delitos y faltas administrativas.

El cuidado y protección de bienes muebles e inmuebles en las áreas dependientes del Ayuntamiento, y prestar servicio de vigilancia en espectáculos y festejos públicos realizados por el municipio, serán otras de sus obligaciones.

El no “halconeo”

El secretario del Ayuntamiento, Jesús Enrique Salazar, rechazó que los integrantes del departamento de Guardia Civil harán labores de “halconeo”, como muchos han criticado.

“No es la idea de lo que a veces se ha comentado. No son ‘halcones’… Es por la necesidad de que tengamos elementos para que nos cuiden los espacios, no para andar en la calle’”, subrayó.

Artículo publicado el 11 de junio de 2023 en la edición 1063 del semanario Ríodoce.

El gobierno de Campeche reporta 168 desaparecidos, y se han realizado 2000 geolocalizaciones.

El gobierno de Campeche contrató los servicios de la empresa IOTT, asociado al Ministerio de Defensa de Israel.

Por Rosario Martínez De la Vega

A pesar de que las comisiones locales de búsqueda de desaparecidos no tienen facultades para intervenir comunicaciones telefónicas, el gobierno de Campeche, encabezado por la morenista Layda Sansores, adquirió una licencia de software para la geolocalización de teléfonos móviles, que le permite analizar el uso de las redes sociales y obtener el historial de ubicaciones de cualquier número telefónico válido a nivel internacional. 

En el contrato 131/2021 de la Licitación Pública Nacional LA- 904015996-E8-2021, de fecha 17 de diciembre de 2021 y con recursos provenientes de la Comisión Nacional de Búsqueda, fueron adquiridos tres programas de cómputo por un total de cinco millones 451 mil 884 pesos (307,486.26 dólares). En el documento se enlista entre sus características la posibilidad de localizar y rastrear cualquier teléfono móvil 2G GSM, 3G TMTS, 4G LTE, así como la recepción de alertas acerca de los movimientos o comportamiento digital, además de analizar las rutinas y movimientos de “uno, hasta diez objetivos”.

Dichos componentes podían ser analizados desde cualquier navegador. Al introducir un número telefónico, el programa de cómputo genera un resumen de la información recolectada, que incluye eventos anteriores y un análisis del perfil personal de cada móvil. Una vez recabados los datos se realiza un registro de toda actividad: ubicaciones, grabaciones y datos personales de los objetivos monitoreados. También tiene la capacidad de analizar cualquier perfil en redes sociales como Twitter e Instagram, así como cuentas y grupos de Facebook. 

La contratista Carla Calderón Parrao es jefa de área en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche, y fungió como intermediaria entre la empresa israelí IOTT Ltd, especialista en temas de inteligencia y seguridad, quien es la operadora del servicio y es la que exportó el programa de cómputo a México. Esta empresa está vinculada al Ministerio de Defensa de Israel, y se presentan como “líderes mundiales en la construcción y ejecución del concepto de operación de Unidades de Inteligencia Tecnológica Táctica en aplicaciones navales, terrestres y de inteligencia”. En su información especifican que han operado en 70 países con unidades gubernamentales, militares, policiales y de servicios secretos; además de manejar tecnologías de inteligencia táctica SIGINT (Signal Intelligence) para recopilar información de inteligencia mediante la intercepción de señales vía internet, radio o teléfonos.

El proveedor es Koor Intercomercial S.A. de C.V., cuya página web se identifica como establecida en “México desde 1978, como filial de Koor Trade (Israel) somos una de las organizaciones líderes en el comercio y en el marketing internacional. Contamos con la experiencia en la implementación de políticas efectivas y eficientes que incorporan total flexibilidad para cumplir con las necesidades de los clientes más exigentes”.

De acuerdo con las condiciones establecidas en el contrato, el servicio “requiere carta de confidencialidad del usuario final, emitida por el Ministerio de Defensa del Estado de Israel”; en este caso el titular de la Comisión Local de Búsqueda de Personas del Estado de Campeche: Jacobo Notario Hau.

Al ser entrevistada para Los Ángeles Press sobre su contacto con la empresa de inteligencia de origen israelí, Calderón Parrao se limitó a decir que “todo procedimiento, fue conforme a la ley y a petición de la Comisión Local de Búsqueda”, negándose a profundizar en sus declaraciones.

Sin relación con los desaparecidos

Según el acta de entrega No. SAIG-0728/2021, el programa de cómputo funciona bajo el modelo Orion que es un sistema basado en el protocolo SS7. Ese acrónimo se refiere al Signalling System No. 7 o Sistema de Señalización No. 7, utilizado por las compañías de telecomunicaciones para coordinar el envío de mensajes y llamadas. “Indetectable por el objetivo”, el acceso a SS7 permite interceptar conversaciones, mensajes de texto y geolocalización en tiempo real de “hasta diez objetivos”, y brinda la “posibilidad de ordenar los resultados según varios criterios pertinentes, permitiendo señalar con precisión la información deseada para uso posterior”, se lee en el documento.

La compra incluyó un total de mil búsquedas, sin embargo, en el Convenio de Coordinación entre la Comisión Nacional de Búsqueda y el gobierno de Campeche, firmado el 11 de marzo de 2022 aparece la contratación de 2 mil consultas de geolocalizaciones Multicarrier con un costo de 2, 250,000.00 pesos.

De acuerdo con los datos abiertos de la Plataforma Nacional de Transparencia, en 2022, la Fiscalía del Estado de Campeche, competente para realizar labores de investigación, reportó tan sólo 23 solicitudes de intervenciones a comunicaciones privadas: tres de intervenciones en tiempo real y 20 de registro de comunicaciones y geolocalización.   

Actualmente Campeche cuenta con 168 personas desaparecidas, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNL) de la Secretaría de Gobernación (SEGOB).

Al cuestionar a Liliana Osorio Arellano, coordinadora del área jurídica de la Comisión Local de Búsqueda de Personas del Estado de Campeche, sobre las razones para contratar un programa de cómputo de inteligencia, si el organismo en el que ella presta sus servicio no tiene facultades de investigación, se negó a proporcionar cualquier tipo de información y solicitó realizar el cuestionamiento a través de una solicitud de Transparencia.

El 24 de noviembre de 2022, Los Angeles Press informó que Layda Sansores había sido declarada culpable de violencia política de género por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por haber difundido que diputadas federales del Partido Revolucionario Institucional habían enviado fotografías íntimas, por medio de sus redes sociales, al dirigente de su partido, Alejandro Moreno Cárdenas.

Cortesía: Los Ángeles Press

Sufrieron tortura al ser arrestados o dentro de la prisión por parte de las policías, fuerzas armadas o autoridades penitenciarias.

La tortura, el maltrato y las deficiencias en atención médica y alimentación son realidades diarias en las cárceles de México.

Por Guadalupe Lizárraga

Ciudad de México.- La senadora Nestora Salgado García recibió más de mil 500 reportes por casos de tortura cometidos en detenciones arbitrarias o dentro de las prisiones federales y estatales durante los últimos veinte años en México. Su oficina los canalizará a las distintas instancias de derechos humanos. Se trata de casos de reos que han tenido que ser amparados en contra de las autoridades penitenciarias para evitar que sigan siendo víctimas de tortura y tratos crueles, inhumanos y denigrantes.

Las víctimas han señalado en su narrativa de hechos que las principales causas de la tortura, además de arrancarles confesiones incriminatorias, han sido por denunciar violaciones de derechos humanos dentro de los penales, como la falta de atención médica, la falta de alimentación suficiente y saludable y traslados arbitrarios lejos de su núcleo familiar.

En la visita al Senado de la República, Alejandro Lopez Ponce de León, exconvicto que pasó 22 años de prisión, incluyendo siete años más de la pena compurgada, presentó al equipo de Nestora Salgado, su caso de tortura en cárceles federales de Guanajuato (2014), Oaxaca (2015) y Michoacan (2017).

Expuso que el maltrato y las deficiencias en atención médica y alimentación han sido sistemáticas desde la administración de Felipe Calderón hasta la actualidad. Incluso las denuncias más recientes, en 2021, han sido ignoradas por las instancias de derechos humanos y del Poder Ejecutivo, del que depende el Órgano Administrativo Desconcentrado, responsable de muchas de las violaciones de derechos humanos en los centros penitenciarios. 

López Ponce de León también señaló al equipo de la senadora Salgado que las denuncias interpuestas contra las autoridades penitenciarias les generaban represalias como golpizas y aislamientos injustificados. Cuenta con 14 averiguaciones previas y carpetas de investigación, las cuales -dijo- todas se han ido a la reserva, protegiendo indebidamente a las autoridades agresoras, motivo por el que sustentó los amparos masivos con la documentación de las dependencia de gobierno que acreditaban las torturas.

López Ponce de León ha sido autorizado por más de mil 500 internos de los 15 centros federales para su representación legal.

En los expedientes entregados a la senadora Nestora Salgado se encuentran denuncias contra “la coalición de servidores públicos que presuntamente dieron forma a una estructura de delincuencia organizada en contra de los derechos de los  internos, sus familias e incluso de los trabajadores de los centros de reclusión”, especificó López Ponce de León a Los Ángeles Press. 

Casos emblemáticos de corrupción judicial

Junto con el caso de Alejandro López Ponce de León, esta periodista destacó los casos de las víctimas de Isabel Miranda Torres, quienes han sufrido reiterados eventos de tortura desde su detención arbitraria en 2006.

Es el caso de César Freyre Morales, con un protocolo positivo en agosto de 2022, y desaparecido por la Primera Visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en febrero de este año. Es también el caso de George Khoury Layón, culpable fabricado por Eduardo Margolis Sobol, quien lo mandó torturar en su detención el 2 de septiembre de 2009, fue relacionado con el falso caso Wallace y la tortura más reciente fue el 12 de junio de 2022, primero en el Cefereso número 17, de Michoacán antes de un traslado arbitrario, y posteriormente fue nuevamente golpeado y castigado en aislamiento en la llegada al Cefereso número 12, de Guanajuato. 

México violento

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Otra de las situaciones expuestas fue la tortura de Édgar Salazar Gaxiola, ordenada por agentes del Ministerio Público adscritos a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión, FEADLE, para que incriminara a su padre Crispín Salazar del asesinato de la periodista Miroslava Breach, perpetrado en marzo de 2017.

Salazar Gaxiola fue torturado y obligado a firmar hojas en blanco, para fabricarlo como testigo protegido del caso y que señalara al expresidente municipal Hugo Amed Shultz Alcaraz de haber colaborado en el asesinato. 

La senadora Nestora Salgado manifestó que hará las gestiones y actividades necesarias que estén en el ámbito de su competencia para ayudar a combatir la tortura en México.