AGUASCALIENTES, AGS. Lo que debería ser un operativo de ordenamiento derivó en un nuevo episodio de prepotencia policial. Elementos de la policía estatal y municipal detuvieron de manera arbitraria a comerciantes bajo el único “delito” de documentar con sus teléfonos celulares un proceso de desalojo.
El incidente, captado en video y difundido a través de redes sociales, muestra el momento en que los uniformados arremeten contra los ciudadanos que intentaban dejar constancia del actuar de las autoridades. Lejos de garantizar el orden, los oficiales utilizaron la fuerza para someter a quienes grababan, bajo el argumento de que “obstruían la labor policial”, una narrativa recurrente para justificar la censura de facto.
El derecho a grabar: la piedra en el zapato de la policía
Este hecho pone nuevamente sobre la mesa la falta de criterio y capacitación de las corporaciones locales. Legalmente, cualquier ciudadano tiene el derecho de videograbar la actuación de los servidores públicos en espacios abiertos, siempre y cuando no interfiera físicamente con las maniobras. Sin embargo, para los agentes involucrados, la cámara parece ser una amenaza mayor que la propia delincuencia.
Violación al debido proceso
Testigos en el lugar señalaron que las detenciones se realizaron con uso excesivo de fuerza y sin que mediara una falta administrativa real. “Basta que te vean con el celular arriba para que te conviertas en el objetivo”, denunció uno de los afectados.
Este tipo de acciones refuerzan la crítica hacia el modelo policial actual en Aguascalientes, donde la interpretación de la ley queda a juicio del oficial de turno. Si la consigna es que “todos son delincuentes hasta que se demuestre lo contrario”, grabar un operativo se ha convertido, en la práctica, en una causa de arresto.
Hasta el momento, ninguna autoridad ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el destino de los comerciantes detenidos ni sobre la sanción a los elementos que participaron en este atropello a la libertad de expresión y documentación ciudadana.
