Memoria de la negligencia: El día que el IJCF hacinó más de 400 cuerpos en “Los Tráileres de la Muerte”

Por la Redacción de Objetivo7

Lagos de Moreno, Jal.– Las recientes declaraciones de las autoridades de seguridad de Jalisco y del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), que justifican el retraso en los análisis genéticos del megacrematorio clandestino en Plan de los Rodríguez bajo el argumento del “deterioro de los restos”, han encendido las alarmas y la indignación de los colectivos de búsqueda. Para las familias de los desaparecidos, la parsimonia institucional no es un asunto de complejidad técnica, sino una política sistemática de administración de la tragedia.

Esta desconfianza no es gratuita; está respaldada por la memoria histórica de una de las crisis humanitarias y de derechos humanos más graves y vergonzosas del país. A mediados de septiembre de 2018, la opinión pública internacional atestiguó cómo el Gobierno de Jalisco, ante el colapso de sus morgues metropolitanas, optó por la clandestinidad y el trato indigno a las víctimas del delito, ocultando más de 444 cadáveres en contenedores de carga itinerantes.

La ruta del ocultamiento y el colapso logístico

En aquel año, ante la prohibición legal de incinerar cuerpos vinculados a carpetas de investigación por delitos violentos, las autoridades forenses —entonces bajo la dirección de Luis Octavio Cotero— rentaron cajas de tráiler refrigeradas para almacenar de forma “temporal” los restos que ya no cabían en los anfiteatros. La operación, que pretendía mantener el hacinamiento fuera del escrutinio público, fracasó debido a su propia negligencia operativa:

• El hallazgo en Tlaquepaque: El primer contenedor, que albergaba 157 cuerpos, fue abandonado en una bodega de la colonia El Órgano. Los fluidos que escurrían del transporte y el olor a descomposición obligaron a los vecinos de la zona a protestar, forzando a la alcaldía a exigir el retiro inmediato de la unidad.
• El abandono y atasco en Tlajomulco: En su intento por esconder la evidencia, el camión fue trasladado a un predio abierto en las inmediaciones del fraccionamiento Paseos del Valle, en Tlajomulco de Zúñiga. Ahí, las lluvias de la temporada provocaron que el pesado tráiler se atascara en el fango. Los operadores abandonaron la unidad en el sitio, dejando el contenedor rodeado de fauna nociva y emanando un hedor insoportable que alertó a la comunidad habitacional, detonando la cobertura mediática.
• La doble fosa móvil: Al intervenir los colectivos y abrirse las investigaciones, la magnitud del caso se duplicó. No era un solo contenedor; las autoridades mantenían oculto un segundo tráiler en las propias instalaciones centrales del IJCF con 165 cuerpos más, sumados a los cadáveres amontonados en las planchas del instituto.

El escándalo costó la destitución de los titulares del IJCF y de la Fiscalía General del Estado, evidenciando ante organismos internacionales el nulo respeto a los protocolos de cadena de custodia y la dignidad de las personas fallecidas no identificadas.

Pasado y presente: La misma matriz institucional

A la distancia, el hallazgo de las 17 estructuras de incineración clandestina en Lagos de Moreno vuelve a confrontar al IJCF con sus propias carencias materiales y de credibilidad. Mientras el discurso oficial opta por señalar presuntas violaciones de protocolo por parte del Colectivo Madres Buscadoras de Jalisco para desviar la atención del hallazgo, el recuerdo de 2018 opera como un recordatorio persistente: en Jalisco, la crisis forense ha sido históricamente gestionada desde la opacidad y el control de daños políticos.

El letargo en la entrega de perfiles genéticos y la criminalización del activismo de las familias no son fenómenos nuevos. Son la continuidad de una escuela institucional que, antes y ahora, ha visto en los restos de la violencia un problema de almacenamiento y de agenda pública, antes que un deber elemental de justicia y verdad.