​Dicen que cuando el río suena, agua lleva; pero en la política mexicana, cuando el periodismo incomoda, la respuesta oficial prefiere la pirueta discursiva antes que la rendición de cuentas. Tras cuestionar el uso del Castillo de Chapultepec para un evento privado de la FIFA, la reacción no se hizo esperar. Luisa María Alcalde y las voces oficiales saltaron rápidamente a “acomodar” el discurso, pretendiendo encapsular un acto de marketing corporativo bajo el noble manto de la “cultura deportiva”, un día después de la publicación de la columna Ajo Blanco de nuestro director donde se demuestra que se se rompieron leyes y reglamentos al supuestamente rentar el inmueble a la FIFA.

​Hay que tener la piel muy gruesa —o el cinismo muy afinado— para intentar convencer a los ciudadanos de que el patrimonio histórico de la nación debe estar al servicio de una de las corporaciones transnacionales más ricas, cuestionadas y opacas del planeta. La FIFA no es una liga de barrio, ni una organización de beneficencia pública que fomente el deporte en las colonias marginadas; es un cartel comercial con sede en Suiza que factura miles de millones de dólares explotando la pasión popular.

​Que no nos quieran ver la cara de ingenuos. Calificar una reunión de ejecutivos, patrocinadores y élites del fútbol comercial como un evento de “cultura deportiva” es un insulto a la inteligencia. El periodismo no cuestiona los indiscutibles beneficios de la activación física; lo que se cuestiona aquí es el uso de un monumento nacional —un espacio que pertenece a la memoria colectiva y soberana de todos los mexicanos— como si fuera una palapa de lujo para las relaciones públicas de una empresa privada extranjera.

​La prisa por matizar y justificar el evento delata el nerviosismo de quienes saben que pisaron terrenos pantanosos. Históricamente, las transnacionales del fútbol exigen a los países anfitriones condiciones leoninas que pisotean leyes locales, exenciones fiscales de privilegio y la entrega de los mejores recintos. Al parecer, en México la hospitalidad gubernamental ya llegó al extremo de ceder la joya de la corona del bosque de Chapultepec.

​Ante el intento de acomodar la narrativa, la respuesta de este espacio sigue siendo la misma y se reduce a preguntas muy simples que no se contestan con discursos ideológicos, sino con documentos: ¿Bajo qué esquema legal o contractual se entregó el recinto? ¿Hubo un pago real al erario por el uso del Castillo de Chapultepec o se trató de una cortesía con cargo a los impuestos de los mexicanos? ¿Quién firmó la autorización?

​Si la respuesta oficial pretende linchar o exhibir al mensajero en los espacios públicos de difusión masiva, que lo hagan. Bienvenidos sean los reflectores, porque la publicidad gratuita siempre se agradece y solo confirma que se ha tocado una fibra sensible del poder. Pero la cortina de humo no va a funcionar. El oficialismo puede seguir buscando adjetivos para justificar lo injustificable, pero la verdad es una sola: el patrimonio histórico de México se defiende, no se le renta —ni se le regala— a los hombres de traje de la FIFA. Al tiempo.