Entre el registro y la simulación: Arrancan campañas en Aguascalientes con denuncias por propaganda ilegal disfrazada de “revistas”

​Ajo Blanco/Cuauhtémoc Villegas Durán

​AGUASCALIENTES, AGS.- Las campañas electorales en Aguascalientes han entrado formalmente en marcha con el registro de los aspirantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), encabezados en la entidad por Nora Ruvalcaba. Sin embargo, en las calles de la capital, el proceso arrancó con una saturación de propaganda que camina al filo de la ilegalidad y que desafía de manera directa los criterios de equidad establecidos por el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Mientras los políticos formalizan sus aspiraciones en las actas, los muros de la ciudad exhiben una abierta estrategia de simulación que ya enfrenta denuncias formales.

​La triangulación de la revista Apolo y el caso Alma Hilda

​A través de un recorrido de campo realizado por este medio, se constató la pinta masiva de bardas en la periferia y avenidas principales de la ciudad promoviendo el nombre de Alma Hilda Medina Macías. Tal como se documenta en la foto que acompaña esta columna, la propaganda no se presenta a nombre de un partido político, sino bajo el cobijo editorial y el logotipo de la revista Apolo.

​Lo peculiar de esta estrategia es el diseño de las pintas: utiliza una identidad visual, tipografía y un tono de azul que emulan directamente al Partido Acción Nacional (PAN), acompañada de la frase “Liderazgo en Acción”. Incluso, en el fondo del mismo muro, se aprecian rastros de rotulaciones políticas anteriores (“CANDIDATO”, “LOCAL”) que fueron cubiertas para dar paso a esta nueva tipografía.

​Esta modalidad cuenta con un marco de sanción explícito en la legislación mexicana. De acuerdo con la Jurisprudencia 18/2014 del TEPJF, la promoción de actores políticos a través de supuestas portadas o anuncios de revistas constituye un fraude a la ley por triangulación de recursos. Al no ser las empresas editoriales sujetos autorizados para realizar proselitismo, se utiliza esta figura para realizar lo que la ley cataloga como Actos Anticipados de Precampaña y Campaña, evadiendo el control de origen, destino y reporte de los recursos ante la Unidad de Fiscalización del INE.

​Ante las denuncias que ya han sido formalmente asentadas por este caso específico en Aguascalientes, el procedimiento que dicta el Artículo 134 Constitucional es estricto: de proceder las quejas, el INE ordenará el blanqueamiento inmediato de las fachadas como medida cautelar y el costo estimado de la pinta de cada barda será cargado directamente al tope de gastos del aspirante beneficiado, lo que podría poner en riesgo la legalidad de su eventual registro si se demuestra un rebase de los límites financieros permitidos.

​Los tiempos por vencer en el Informe de Nora Ruvalcaba

​Por otro lado, la saturación de anuncios espectaculares y letreros de Nora Ruvalcaba bajo la justificación de su reciente informe de actividades también camina en el terreno de la infracción electoral.

​El Artículo 242, párrafo 5, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) establece un límite temporal severo: la publicidad de los informes de labores de los servidores públicos solo puede difundirse durante un periodo máximo de 12 días en total (7 días antes del evento y hasta 5 días posteriores al mismo). La permanencia de estos letreros por toda la mancha urbana de Aguascalientes fuera de ese margen legal la transformará automáticamente en promoción personalizada y actos anticipados proscritos por la Constitución, al vulnerar el principio de equidad frente al resto de los aspirantes que acaban de concretar su registro.

​El reto de las autoridades

​Mientras las denuncias siguen su curso en las instancias jurisdiccionales, la evidencia física permanece plasmada en los muros. El reto principal recae ahora en los órganos electorales locales y federales, los cuales están obligados a determinar si la presencia de la revista Apolo obedece a un ejercicio comercial legítimo o, como lo apuntan los indicios y los precedentes legales en el país, a una estructura de simulación para burlar la ley en este arranque de contienda.