Ajo Blanco/Cuauhtémoc Villegas Durán

El silencio en la política mexicana nunca ha sido un vacío de información; es, por el contrario, un mensaje político de una contundencia aterradora. Lo que ocurre en los límites territoriales que dividen a Jalisco, Zacatecas y Aguascalientes —esa franja de tierra de nadie donde la soberanía del Estado se diluye ante el dominio de las armas— es el reflejo más crudo de una estrategia compartida por el Gobierno Federal y el Ejecutivo estatal: la pacificación por decreto y la normalización por omisión.

A una semana del horror documentado en la zona de Plan de Rodríguez, en el municipio de Lagos de Moreno, el mutismo sepulcral de la presidenta Claudia Sheinbaum y del gobernador Pablo Lemus es una afrenta directa a las víctimas, a los colectivos de búsqueda y a la sociedad entera.

El hallazgo perpetrado por las madres buscadoras en las brechas colindantes con Plan de Rodríguez no debió pasar desapercibido para nadie que ostente un cargo de elección popular. Encontrarse de frente con la evidencia de hornos clandestinos que aún conservaban vestigios de combustión reciente —sitios de exterminio activo diseñados para borrar de la faz de la tierra cualquier rastro de un ser humano— tendría que haber provocado una sacudida en las estructuras de seguridad pública de toda la región. En un país con más de cien mil desaparecidos, la confirmación de una zona de desastre forense en plena operación civil debería ser el eje central de las agendas de gobierno. En su lugar, lo que hemos recibido es una calculada y macabra política de brazos cruzados.

La prueba más irrefutable y cínica de esta simulación ocurrió apenas este viernes. El gobernador Pablo Lemus estuvo físicamente en la región de los Altos Norte, encabezando una gira de trabajo en el municipio de Unión de San Antonio, a escasos minutos y a tiro de piedra de Lagos de Moreno y del epicentro del horror en Plan de Rodríguez. Mientras la tierra en las brechas colindantes seguía humeando restos humanos, el mandatario estatal se paseaba partiendo listones, inaugurando calles pavimentadas, un andador peatonal y hasta una capilla de velación, presumiendo una inversión de 30 millones de pesos.

Lo verdaderamente alarmante de esa jornada no solo fue el desparpajo oficial, sino el cerco de complicidad mediática que lo rodeó: ni un solo micrófono, ni un solo reportero de la fuente de gobierno lo entrevistó o lo cuestionó sobre el sitio de exterminio activo que los colectivos acababan de destapar en la zona. Las giras gubernamentales operan hoy como un “corralito” informativo donde la prensa alineada prefiere comprar el boleto de la infraestructura social antes que romper la burbuja del poder con preguntas incómodas.

Esta desconexión deliberada en el terreno se complementa a la perfección con el formato de la conferencia mañanera en Palacio Nacional. Desde ese púlpito, la narrativa de la “estabilización” y los “esfuerzos coordinados” de la Guardia Nacional se resquebraja cada vez que la realidad de la periferia intenta colarse en el escenario. Para el gobierno de Claudia Sheinbaum, reconocer abiertamente que una sección estratégica de los Altos de Jalisco y su frontera con Zacatecas opera bajo las dinámicas de una guerra de desgaste entre cárteles rivales equivale a admitir el fracaso de los despliegues federales. La orden no escrita es el repliegue informativo: si el tema no se valida en la agenda presidencial y se encapsula como un “asunto del fuero común” bajo el resguardo de la Fiscalía local, para el resto del país el hecho simplemente no existe. Se tiran la bolita entre dependencias para congelar el impacto en la opinión pública. las masacres, las desapariciones, los enfrentamientos que no cesan y que casi y extrañamente siempre ganan los del Gobierno, como si fueran blindados cuando en 2012 según el Informe caían tres del Estado por cada criminal.

Por el otro lado, en la capital jalisciense, la administración de Lemus protege sus propios y muy lucrativos intereses. Con los reflectores internacionales apuntando hacia Guadalajara como una de las sedes principales del Mundial de Futbol 2026, la consigna económica es blindar la plaza a como dé lugar. Para los consorcios televisivos y los altos mandos del estado, documentar las atrocidades que ocurren a escasos kilómetros de la zona metropolitana arruina el libreto de la derrama multimillonaria, el turismo extranjero y los patrocinios corporativos. La línea editorial de las grandes cadenas locales se alinea de forma orgánica a esta necesidad de mostrar una “buena cara”: la nota roja de investigación se reduce a su mínima expresión y los hallazgos en las fosas se matizan con adjetivos técnicos para no ensuciar el escaparate mundialista.

Esta tormenta perfecta de silencios e intereses —donde la Federación cuida su narrativa política y el Estado protege el negocio del futbol— deja a poblaciones enteras en un limbo absoluto de protección. Mientras Sheinbaum y Lemus juegan al teléfono descompuesto, evadiendo las preguntas en las giras y en las conferencias, los colectivos de familiares siguen escarbando la tierra con sus propias manos, exponiendo la vida a ras de suelo en territorios donde la autoridad ha renunciado a ejercer sus funciones.

El silencio de los mandatarios ante los hornos de Plan de Rodríguez es macabro porque intenta sepultar con el olvido institucional lo que los perpetradores ya intentaron sepultar con el fuego. Cuando las cúpulas políticas callan y los medios masivos deciden mirar hacia el estadio, la labor de documentar el horror recae únicamente en el periodismo regional e independiente que se juega el cuero en el territorio. La historia de esta región no se medirá en los discursos alegres de las mañaneras ni en las obras públicas de relumbrón; se medirá en la dignidad de quienes buscan y en la cobardía de quienes, teniendo el poder de actuar, prefirieron guardar un cómplice y corporativo silencio.