Ajo Blanco/Cuauhtémoc Villegas Durán

Hay que tener la piel muy dura o la vergüenza muy corta para salir a dar declaraciones oficiales cuando la realidad te ha vuelto a reventar en la cara. Tras el dantesco hallazgo en Plan de los Rodríguez, comunidad de Lagos de Moreno, el aparato de seguridad de Jalisco ha activado su protocolo más eficiente y ensayado: el del control de daños, la repartición de culpas y la indignación burocrática.

Resulta que ahora el problema central no son los 17 presuntos hornos crematorios clandestinos. No. Para la Coordinación Estratégica de Seguridad, el verdadero agravio es que el colectivo Madres Buscadoras de Jalisco “no respetó el protocolo” e ingresó de manera independiente a un predio que, según la relatoría del periodista Víctor Ornelas —quien ha estado cubriendo a pie de fosa desde el primer día—, estaba prácticamente abierto.

El fondo del asunto no es legal, es de puro orgullo herido. Lo que trae el Gobierno del Estado atravesado en la garganta es el coraje de la exhibición pública. Les duele que un grupo de mujeres con palas, picos y transmisiones en vivo haga la chamba de inteligencia que, a sus corporaciones, repletas de presupuesto y tecnología, “se les pasa” todos los días.

La farsa del acordonamiento

La fotografía de la escena es un monumento a la simulación: patrullas locales y estatales blindando el lugar, cintas perimetrales amarillas y elementos fuertemente armados custodiando lo que hoy llaman “un predio bajo resguardo”.

Cabe preguntarse, con un mínimo de sentido común y malicia periodística: ¿ahora sí cuidan? ¿Ahora sí patrullan? ¿A quién pretenden engañar con el despliegue de las policías municipales de Lagos, la Unión o Encarnación de Díaz?

Hacerse los sorprendidos en la región de Los Altos a estas alturas ya no es una opción; es un insulto a la inteligencia colectiva. Pensar que una infraestructura de exterminio de esa magnitud —con piletas acondicionadas, uso masivo de llantas como combustible y una logística criminal constante— operaba en el anonimato absoluto, sin que una sola patrulla de las que “vuelan” por esas terracerías notara algo, es pedirnos que nos chupemos el dedo.

¿Ceguera selectiva o complicidad?

En zonas donde el control territorial de la delincuencia es tan cerrado que no se mueve una hoja sin que lo sepa el capo de la esquina, es imposible que las autoridades locales estén ciegas. El clamor en las calles de Lagos de Moreno siempre ha sido el mismo, aunque se diga en voz baja: ¿no sabían, o más bien sabían perfectamente para qué se usaban esos rincones?

La sospecha histórica no es gratuita. Cuando la policía municipal se apresura a acordonar con tanto esmero un sitio ya quemado, uno no puede evitar cuestionarse si la prisa es por preservar las pruebas para el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses —ese que ya avisa con parsimonia que los análisis de ADN “van a tardar”— o si la urgencia es para que nadie más asome las narices y descubra qué tanto se sabía en las comandancias locales.

A las madres las acusan de violar reglamentos por buscar la verdad. A las autoridades habría que acusarlas de omisión sistemática por administrar la tragedia. Mientras el discurso oficial se enreda en los tiempos de la genética forense y los formalismos legales, la tierra de Los Altos sigue hablando en el único idioma que el gobierno no puede silenciar: el de las cenizas.