CNI: incapaz ante espías, implacable contra periodistas

El espionaje y hostigamiento contra periodistas en México evidencia un sistema de inteligencia enfocado en silenciar voces críticas y vulnerar la Constitución.

El espionaje, la vigilancia y las campañas digitales contra periodistas muestran el deterioro de las libertades y la inteligencia civil en México.

Por Hazael Sayavedra

Mientras el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) parece enterarse de las operaciones de agencias de inteligencia extranjeras por los medios de comunicación internacionales, muestra una eficacia sorprendente y selectiva para vigilar, localizar, interferir o atacar a quienes exhiben las vulnerabilidades del sistema que supuestamente debe proteger.

El caso de la periodista Guadalupe Lizárraga ilustra esta paradoja con crudeza. El viernes por la tarde, mientras sosteníamos una conversación por WhatsApp, fui testigo, en tiempo real, de un intento de vulnerar la seguridad de su correo electrónico. Lizárraga, fundadora de Los Ángeles Press, lleva más de dos décadas investigando corrupción, narcopolítica, desapariciones forzadas y nexos entre el poder político y el crimen organizado. Sus investigaciones recientes sobre redes de narcocorrupción en Baja California han derivado en imputaciones de la FGR. Su trabajo incomoda porque revela lo que las estructuras de poder preferirían mantener oculto.

El patrón no es aislado. La senadora Lilly Téllez ha denunciado hackeos y amenazas contra sus líneas personales. Mis propias cuentas “vitrina” también fueron comprometidas a principios del mes pasado: accedieron sin modificar contraseñas, robaron sesiones activas de WhatsApp sin enviar códigos de verificación y mi teléfono comenzó a funcionar lentamente mientras la batería se agotaba con rapidez. No son hechos casuales. Forman parte de un ecosistema de vigilancia y hostigamiento que en México ha evolucionado desde el espionaje clásico hacia mecanismos híbridos de intimidación digital, desgaste reputacional y control narrativo.

Las mentiras de López Obrador

Andrés Manuel López Obrador nos mintió. Nos repitió durante años que en su gobierno “no se espiaba a nadie”. Lo afirmó de manera categórica: “Nosotros no espiamos a nadie”. Sin embargo, la evidencia pública lo contradice.

Documentos judiciales del litigio entre WhatsApp y NSO Group, en Estados Unidos, revelaron que entre abril y mayo de 2019 —apenas iniciado su sexenio—, 456 números mexicanos fueron atacados con Pegasus a través de WhatsApp. México representó el 37% de todos los ataques registrados en el mundo durante esa campaña. La operación estuvo vinculada a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

Pero el espionaje contemporáneo no se reduce al malware. Investigaciones de Artículo 19 documentaron en 2020 una estructura coordinada desde Notimex para atacar periodistas mediante granjas de bots, cuentas falsas y campañas digitales de desprestigio. Entre las periodistas señaladas explícitamente como objetivo apareció Guadalupe Lizárraga, junto con instrucciones atribuidas a la entonces directora de Notimex, Sanjuana Martínez, para amplificar ataques y desacreditar investigaciones periodísticas.

En el caso Lizárraga se documenta además un patrón sostenido de seguimiento, localización y vigilancia informal ligado a estructuras del ministerio público de la SEIDO y de inteligencia. Entre 2016 y 2018, agentes de PGR/SEIDO/AIC intentaron trasladarla para interrogarla por sus investigaciones sobre el caso Wallace; posteriormente se emitieron oficios de “localización y presentación” con carácter “urgente y confidencial”, además de seguimientos presenciales y registros fotográficos fuera de tribunales.

La organización Artículo 19 documentó allanamientos a su domicilio, campañas de doxxing, alteraciones falsas de su biografía en Wikipedia y ataques contra su entorno familiar, incluida la privación ilegal de la libertad de su hija en 2019.

Otros casos de vigilancia gubernamental a periodistas y defensores de derechos humanos se dieron en 2023 con nuevos ataques con Pegasus contra integrantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro ProDH), quienes representaban a víctimas de abusos militares.

AMLO mintió. El espionaje no desapareció en 2018. Simplemente se volvió más sofisticado, más opaco y más diversificado.

La Ley de Claudia Sheinbaum

Lejos de corregir este problema, en julio de 2025 el gobierno de Claudia Sheinbaum aprobó la nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, acompañada de reformas que otorgan al CNI y a las fuerzas armadas acceso irrestricto a bases de datos biométricos, fiscales, telefónicos y de geolocalización, sin supervisión judicial efectiva.

Organizaciones como R3D y ARTICLE 19 han advertido que estas reformas legalizan mecanismos de vigilancia masiva y consolidan una arquitectura de control estatal con contrapesos insuficientes.

El problema ya no es únicamente el espionaje ilegal. El problema es la normalización institucional de la vigilancia.

La peligrosa inversión de prioridades

La paradoja es brutal: el aparato de inteligencia mexicano parece incapaz de anticipar operaciones de espionaje extranjero, infiltraciones criminales o redes internacionales de lavado, pero demuestra enorme capacidad para monitorear, desacreditar y desgastar periodistas, activistas y voces críticas.

Es más sencillo perseguir periodistas que enfrentar estructuras criminales transnacionales. Más rentable políticamente atacar al mensajero que desmontar las redes de corrupción que el periodismo expone.

Investigaciones

Operadores de la red Fimbres, con vínculos a Jalisco y el Bienestar

Esta inversión de prioridades erosiona la democracia desde sus cimientos y el Estado de derecho. Fomenta la autocensura, deteriora la calidad de la información pública y destruye la confianza ciudadana en las instituciones.

México necesita urgentemente un sistema de inteligencia profesional, con controles judiciales reales, transparencia operativa y límites democráticos estrictos. La libertad de prensa está protegida constitucionalmente; el espionaje sin orden judicial sigue siendo ilegal.

El aparato gubernamental que teme más a la verdad periodística que a los espías extranjeros y al crimen organizado no avanza. Simplemente se desangra lentamente en silencio.