Entre el peritaje y el ocultamiento; el patrón de la cautela oficial en Jalisco

Cuauhtémoc Villegas Durán

La reciente declaración del secretario general de Gobierno de Jalisco, Salvador Zamora, respecto al presunto crematorio clandestino localizado por colectivos de familias buscadoras en Lagos de Moreno, no es un hecho aislado. El llamado a “no adelantar vísperas” y esperar los dictámenes del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) forma parte de una narrativa institucional recurrente que, a ojos de la sociedad y de las víctimas, se traduce en una estrategia de control de daños políticos y opacidad.

El hallazgo y el escudo del “Debido Proceso”

El fin de semana, el colectivo Madres Buscadoras de Jalisco hizo lo que las autoridades estatales y federales rara vez logran con anticipación: localizar un punto de exterminio activo o reciente en la región de Los Altos. La respuesta del Estado, lejos de centrarse en la gravedad del hallazgo, se enfocó en el matiz procedimental. Zamora subrayó que el colectivo ingresó a una propiedad privada sin “mando y conducción” oficial, justificando así el retraso de la Fiscalía para procesar la escena.

Este argumento técnico —el respeto irrestricto a la propiedad privada y al debido proceso— suele reactivarse en el discurso público cuando los hallazgos civiles evidencian la ineficacia de las células oficiales de búsqueda. Mientras las familias actúan bajo la urgencia humanitaria, el aparato gubernamental responde con burocracia, utilizando los tiempos legales como un filtro para administrar el impacto mediático de la crisis.

¿Un patrón de confrontación y minimización?

Para los analistas y defensores de derechos humanos, la postura del gobierno de Jalisco revela un patrón de conducta que se ha consolidado en los últimos años, caracterizado por tres dinámicas claras:

1. La desacreditación sutil del trabajo civil: Al enfatizar que los colectivos entran “sin autorización” a los predios, la narrativa oficial desplaza la atención del horror del hallazgo hacia una supuesta irregularidad cometida por las víctimas. Esto criminaliza indirectamente la búsqueda ciudadana.
2. La dilación forense como estrategia de enfriamiento: Remitir la verdad histórica exclusivamente a los peritajes del IJCF permite al gobierno ganar tiempo. En una entidad con un severo rezago forense, la espera de resultados oficiales suele congelar el interés público y diluir la presión sobre los ministerios públicos. El Ocultamiento como en en el rancho Izaguirre, ya que después de tomar el control de los predios ya no se investiga o se hace mal y de malas y si se encuentran restos y evidencias de desaparición, lo ocultan.
3. La protección de la “paz pública” simulada: Admitir la existencia de centros de exterminio o crematorios clandestinos de manera inmediata implica reconocer que el territorio está bajo el control de facto de grupos criminales que operan con total impunidad. Para la administración en turno, negar o retrasar estas confirmaciones es vital para sostener el discurso de que la estrategia de seguridad está funcionando.

Conclusión: Lo que la burocracia no puede ocultar

El malestar de las autoridades ante las transmisiones en vivo y los reportes inmediatos de los colectivos no es por una preocupación técnica de la legalidad del proceso; es porque la visibilidad de estos sitios rompe el cerco informativo.

Cuando los funcionarios insisten en que “es pronto para confirmar”, la sospecha colectiva no hace más que crecer: no se percibe como rigor científico, sino como un intento de ocultar una realidad que, de confirmarse, evidenciaría la protección, la omisión o la total incapacidad del Estado para garantizar la vida y la seguridad en la región. La verdad, una vez más, camina a un ritmo muy distinto en los escritorios del gobierno que en las palas de las madres que buscan en la tierra.

Si el señor Zamora hiciera su trabajo y desquitara su sueldo, no habría fosas clandestinas en Jalisco. El señor Zamora al igual que los dos últimos gobernadores fue alcalde de Tlajomulco de Zuñiga, lugar donde iniciaron las desapariciones y el municipio con más fosas clandestinas de México.