Topes y lineamientos en gasto a medios
Por Cuauhtémoc Villegas Durán.

La política de comunicación social del ayuntamiento no debe basarse en repetir mil veces la misma mentira o el mismo logro hasta hartar a la población.

La política de Comunicación debe respetar la ley y debe dejar de engrandecer la figura del presidente como un inmortal que no se equivoca y comunicar los logros y realidades del municipio, sin dejar de lado la figura del presidente.

Los medios de comunicación deben demostrar (medios impresos con conteos registrados ante Instituto verificador de Medios y los portales sus cifras reales de tráfico,) sus audiencias y lugares de penetración y en esa medida deben recibir los recursos y no en base a la lealtad al presidente en turno.

El municipio entrega millones a medios de comunicación tradicionales que ya no circulan, ni son aceptados ya por la sociedad precisamente por el juego del dominio a través de los subsidios gubernamentales. Ese dinero en todo caso debe invertirse en medios nacionales o internacionales que atraigan turismo e inversión al municipio.

Se debe reducir el excesivo gasto en medios de comunicación y se deben dar resultados reales no maquillados con los millones del poder.

Se debe respetar el derecho a la información y a la libertad de expresión perdidos durante el pasado trienio.

El director de Comunicación social debe ser un periodista con talento de publirrelacionista y no, una posición política que no comprenda del asunto y generé conflictos entre el ayuntamiento y los medios de comunicación.

Se debe reducir el personal del área y se deben modernizar las oficinas con tecnología de punta para el servicio de los periodistas.

Se deben dar galletas, café y refrescos entre otros a los reporteros que trabajen en la oficina de Comunicación.

No se debe criminalizar a quienes por ejercer el periodismo (con fundamento) saquen a relucir problemas o corruptelas de funcionarios.

El ayuntamiento debe proteger a periodistas que se consideren en peligro proporcionándoles seguridad.

El ayuntamiento debe responder legalmente por sus actos de censura y/o de persecución contra los periodistas.