Ciudad de México/Desinformémonos.- Organizaciones de derechos humanos en Guanajuato consiguieron un amparo contra la Ley de Seguridad Interior, que faculta a las fuerzas armadas a intervenir en asuntos de seguridad pública, luego de que el juez octavo de distrito en materia administrativa, Fernando Silva García, y la titular del Juzgado Noveno de Distrito en Guanajuato, Karla Macías Lovera, la consideraran “inconstitucional” y “la falta de claridad” en sus conceptos.

De acuerdo con Macías, “la sola entrada en vigor de las normas impugnadas sí afecta y condiciona conductas inherentes a la actividad de los quejosos como promotores de derechos humanos”, entre los que se encuentran el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, la Red en Defensa de los Derechos Digitales y Artículo 19.

Por su parte, Silvia García indicó que la demanda de amparo interpuesta por el bufete “Tierra y Libertad” fue concedida por concluir que la participación de las fuerzas armadas en materia de seguridad pública implica “introducir un riesgo para el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas”.

“La intervención de las autoridades militares en tiempos de paz implica la medida excepcional de solicitar al instituto armado que participe en tareas distintas a aquella loable labor para la cual fue creado y por ende que se introduzca un riesgo para el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas, precisamente porque la autoridad militar difícilmente puede sustraerse al régimen de mando y adiestramiento para el cual fue creado”, advierte la sentencia.

En la sentencia de Macía Lovera, se sañala que “la falta de claridad sobre en qué momento intervendrán las autoridades, el desconocimiento de qué autoridad será la encargada de aplicar la ley y la falta de parámetros para el uso de la fuerza, genera un estado de incertidumbre y un efecto amedrentador para los quejosos e, incluso,para cualquier persona que se encuentre en el país y que pretenda manifestarse públicamente”.

Los dos amparos fueron concedidos el viernes 11 de mayo, y aún hay 500 solicitudes para interponer el recurso legal contra la Ley de Seguridad Interior.