Emmanuel de la Cruz Pérez Arispe, más de diez años bajo proceso sin pruebas

Sin evidencia en caso Ayotzinapa, expolicía federal en arraigo militar

Emmanuel de la Cruz Pérez Arispe permanece desde hace más de diez años bajo proceso sin evidencia material que lo vincule al caso Ayotzinapa.

Por el caso Ayotzinapa, el expolicía federal enfrenta acusaciones que no han sido sostenidas con pruebas directas ni periciales a lo largo del proceso.

Guadalupe Lizárraga

Serie especial | Primera entrega (de tres)

Con varios videos y fotografías, Emmanuel de la Cruz Pérez Arispe ha documentado cómo vive, desde hace años, bajo vigilancia permanente del Estado. La Guardia Nacional y elementos vinculados a la SEDENA mantienen un cerco alrededor de su domicilio en Tampico. A unos metros de su casa instalaron un campamento con una docena de agentes. Cada mañana debe salir al porche, firmar un oficio que le entregan a través de las rejas y permitir que un agente vestido de civil registre el momento con fotografías. La escena se repite todos los días. No responde a una sentencia basada en hechos acreditados, sino a una imputación que, más de una década después, no ha podido sostenerse con evidencia material.

Emmanuel de la Cruz es uno de los tres expolicías federales acusados por la desaparición de los 42 estudiantes y un soldado encubierto como alumno de la normal de Ayotzinapa, la noche del 26 de septiembre de 2014. Los otros dos policías federales son Luis Antonio Dorantes Macías y Víctor Manuel Colmenares Campos.

Además del delito desaparición forzada, Emmanuel también fue señalado por delincuencia organizada, vinculado al grupo Guerreros Unidos a partir del testimonio del narcotraficante Gildardo López Astudillo, “Cabo Gil”, convertido en testigo protegido por la FGR bajo la clave “Juan”. Sin embargo, la declaración de “Juan” no incluía su nombre ni fue acompañada por evidencia pericial, documental o testimonial directa que ubicara a Emmanuel en el lugar donde ocurrieron las detenciones de los estudiantes. Aun así, la acusación se consolidó en el discurso público mediante una operación mediática que utilizó principalmente a la periodista Anabel Hernández como vehículo de legitimación.

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El 8 de octubre de 2014 marcó el inicio de un proceso que hasta hoy no ha logrado acreditar su participación en los hechos de la noche de Iguala, pese a que se encuentra en arraigo domiciliario desde 2022, e investigado desde que sucedieron los hechos. Emmanuel insiste ante Los Ángeles Press en un punto que se sostiene en la documentación del expediente: no hay prueba que lo ubique en el sitio donde se ejecutó la privación de la libertad de los estudiantes. Nadie lo señala, ni los sobrevivientes de esa noche ni el conductor del autobús. Su unidad, la patrulla asignada con el número 9908, tampoco aparece en las reconstrucciones materiales de la desaparición.

Referencia geográfica

La propia revisión pericial realizada por la PGR (2015) y la Policía Federal descartó rastros biológicos, indicios balísticos o correspondencia entre los casquillos recuperados y sus armas de cargo, que no fueron disparadas esa noche ni al día siguiente.

La estructura operativa de la Policía Federal en Iguala muestra un esquema jerárquico en el que Emmanuel de la Cruz Pérez Arispe ocupaba el nivel de suboficial, sin capacidad de decisión ni conducción de operativos. Por encima de él se encontraban el oficial Víctor Manuel Colmenares Campos como superior inmediato; el subinspector Luis Antonio Dorantes como mando operativo en Iguala; el inspector José Antonio Cabrera Méndez como segundo en la coordinación estatal; y, en la cabeza, el entonces comisario Omar García Harfuch como titular de esa coordinación. La comunicación relevante se producía entre los niveles superiores.

Emmanuel, como suboficial, permanecía fuera de esa cadena de decisiones. Su presencia era operativa, en un plano de subordinación. Así lo demuestra la bitácora de la unidad a la que estaba asignado el 26 de septiembre de 2014, que registra recorridos de vigilancia, reportes de circulación y observaciones de rutina en su turno. En el documento oficial mostrado a Los Ángeles Press no hay constancia de detenciones, custodia de civiles, traslados de personas ni uso de la fuerza. Tampoco aparece la entrega de detenidos a una autoridad ministerial. El registro no transita de funciones preventivas a acciones de aseguramiento: se mantiene dentro del patrullaje.

• Entre las 22:20 y la 01:30, la bitácora de la patrulla 9908 de la Policía Federal registra una secuencia de comunicaciones que incluye la clave “PUMA” —identificador del jefe de estación en Iguala, Luis Antonio Dorantes Macías—, así como referencias al director de Seguridad Pública, Felipe Flores, y al Ministerio Público José Manuel Cuencas Salomón.
• Entre las claves consignadas aparecen la 47 (“suspender transmisión”), la 18 (“concentración”) y la 2 (“extremar precauciones”), además de la referencia al oficio 1187/2014. En conjunto, estos registros documentan la emisión de instrucciones para interrumpir comunicaciones vinculadas a ese identificador operativo en un momento crítico de los ataques contra los estudiantes.
• La bitácora da cuenta de una interacción en tiempo real entre mandos y elementos de la Policía Federal, autoridades de Seguridad Pública de Iguala y el Ministerio Público. Una secuencia continua de comunicaciones, órdenes, contactos y requerimientos de información durante el desarrollo de los eventos.

Los Ángeles Press ha reconstruido las cronologías institucionales de la Policía Federal, analizadas en el Informe Pascal, cuyos autores ubican a la corporación en tareas de monitoreo e intercepción de autobuses ordenadas por Omar García Harfuch, incluyendo el control del autobús identificado como Eco 3278, reportado a las 21:48 horas al coordinador estatal.

La comunicación vertical confirma que la información fluía hacia el nivel de mando encabezado por García Harfuch y que ese día sostuvo una reunión por la mañana con mandos de la Policía Federal, de la cual se deriva la tarjeta informativa 1358/2014, que refiere una “reunión de trabajo en la Base Vértice en Acapulco, Guerrero”.

Se trata de una evidencia documental más que desmiente las declaraciones de García Harfuch, quien afirmó sin mayor evidencia que ese día se encontraba en Michoacán en comisión. La tarjeta informativa especifica que él convocó a esa reunión a las 9 horas con mandos de la Policía Federal del estado y a otra a las 19 horas, esta última con mandos de la Sedena.

La emboscada de la Policía Federal a los camiones de los estudiantes es un hecho documentado con precisión en el Informe Pascal. Aunque no existen registros de que la corporación haya participado directamente en la privación de la libertad de los estudiantes, en su traslado o en su custodia posterior, sí hay evidencia documental sobre el control de tránsito y el seguimiento de los autobuses bajo las órdenes de García Harfuch, quien además recibió información en tiempo real de los hechos de parte de Dorantes, alimentado por parte del responsable de guardia, Alexander Esquivel Hermenegildo, quien a su vez informaba simultáneamente a Contel, que era la base de operaciones de la Policía Federal en Iztapalapa, Ciudad de México.

El cruce entre estas cronologías y la bitácora operativa permite ubicar a Emmanuel en servicio activo, integrado a la unidad 9908 en recorrido, sin presencia acreditada en el punto donde ocurre la agresión contra el autobús 1531. La reconstrucción oficial no logra colocarlo en la escena ni en el momento en que se ejecuta el delito que se le imputa.

“No hay ninguna prueba de que yo haya estado en el lugar, nadie me señala de los estudiantes, ni el chofer del autobús, nadie, ni a mí ni a mi patrulla”, precisa para Los Ángeles Press, y detalla que había 10 policías federales en el turno de la tarde de ese día: “al inicio éramos 4 y el responsable de turno, pero después cuando pasaron los hechos pues ya llegaron más compañeros para resguardar las instalaciones; más el guardia y el radioperador, pero solo vincularon a 3, nada más a dos y a mí”.

De acuerdo con su testimonio, él y el oficial Víctor Manuel Colmenares Campos patrullaban por la carretera Iguala-Cuernavaca al momento de los hechos. Se separaron a las 11 de la noche. La presencia de Colmenares en la oficina se ubica a las 23:10, cuando elabora la tarjeta informativa para Dorantes y atiende requerimientos del Ministerio Público José Manuel Cuencas Salmerón. El suboficial Alexander Esquivel Hermenegildo, responsable de guardia, recibía la información del C4 e informaba a sus mandos inmediatos y a la coordinación de México. A las tres de la madrugada, según su testimonio, llegó a las oficinas el segundo coordinador estatal, José Antonio Cabrera Méndez, y se dirigió exclusivamente a Dorantes, el jefe de la Estación Iguala.

Referencia geográfica

Sin embargo, en los testimonios utilizados para sostener la narrativa oficial surgen inconsistencias. La declaración de Leonardo Octavio Vázquez Pérez, teniente retirado del Ejército Mexicano y en ese entonces secretario de Seguridad Pública de Guerrero, refiere que se informó a un coordinador estatal identificado como “Cabrera”, cuando la cronología y documentos oficiales ubican a Omar García Harfuch en ese cargo durante los hechos. La discrepancia no altera la estructura de mando, pero expone fallas en la precisión de las declaraciones que sostienen la imputación.

Reportajes Ayotzinapa

Mientras la acusación se mantiene sobre Emmanuel, otros actores con mayor jerarquía y presencia en la estructura operativa no son investigados: el responsable de turno, el suboficial Alexander Esquivel Hermenegildo, que recibía información directamente en el C4; el responsable del segundo turno, el subinspector José Carlos Hernández Romero, que reportó en tiempo real a Dorantes; el inspector José Antonio Cabrera Méndez, quien estuvo en reunión con Dorantes en torno a las 3 de la mañana; y el oficial Arturo Gómez Gómez, que patrullaba la carretera Iguala-Mezcala. Todos con capacidad de mando o cercanía directa con los niveles de decisión. La omisión, no obstante, redefine la línea de responsabilidad institucional y desplaza el peso del proceso hacia un suboficial sin funciones de mando, con menos de dos años en la corporación federal.

El expediente judicial, además, refleja una secuencia de dilaciones, solicitudes de separación de autos y reconocimientos formales de retraso indebido. La imputación no se ha consolidado en actos concretos atribuibles a Emmanuel. Lo único que se sostiene es su pertenencia a la corporación y su presencia en turno, no una conducta individual acreditada.

La acusación de que los policías federales dispararon contra los estudiantes tampoco encuentra respaldo pericial en su caso. Las pruebas balísticas descartan correspondencia con sus armas, según el peritaje de la PGR. Aun así, versiones tardías —como la del chofer Gregorio Jaimes Reyna, modificada seis años después de su primera declaración— fueron incorporadas para reforzar una narrativa que no se sostiene en los registros iniciales, de acuerdo con el Informe Pascal.

Referencia geográfica

“Por ser nuevo, tenía la patrulla más inservible”, explicó Emmanuel a Los Ángeles Press. “La verdad de las otras patrullas desconozco, cada quien se hace cargo de su patrulla y se supone que de México es de donde las monitorean, pero a mi patrulla la revisaron, la revisó la PGR y la Policía Federal, la revisaron toda, no encontraron indicios de que yo hubiera subido a alguien, de los casquillos percutidos ninguno coincidió con mis armas, hicieron periciales de mi arma larga y de mi arma corta, y ninguno coincidió con mis armas, nada me vincula al hecho”.

Emmanuel también enfatiza que sus armas no fueron disparadas ese día. “Pero hay declaraciones que son aleccionadas por la Fiscalía que dicen que los federales disparamos en contra de los estudiantes. Entonces, si disparamos en contra de los estudiantes, nada más demuéstrenlo”, apuntó.

La Policía Federal tuvo presencia en el mismo corredor operativo, controló otro autobús, reportó al coordinador estatal y operó en sincronía temporal con los hechos. Esa presencia, sin embargo, no se traduce en que intervinieron en la detención del autobús 1531 ni en la desaparición de los estudiantes. La estructura documentada ubica la gestión de la información y la toma de decisiones en niveles superiores, fuera del alcance de un suboficial sin mando.

El caso de Emmanuel de la Cruz no se explica por lo que hizo, sino por el lugar que ocupa dentro de una institución que operó esa noche bajo una cadena de mando que no ha sido investigada en su totalidad. La imputación se sostiene sin hechos que la respalden y convive con un vacío de responsabilidad en los niveles donde sí existía capacidad de decisión.