Por: Cuauhtémoc Villegas Durán

Aguascalientes se ha convertido, por decreto y ocurrencia, en un laboratorio jurídico de altísimo riesgo. La reciente implementación de la facultad para que los policías preventivos abran carpetas de investigación —una iniciativa impulsada por el Fiscal Jesús Figueroa Ortega y operada bajo el mando de Manuel Alonso García— no es una “innovación administrativa”; es un salto al vacío que amenaza con demoler los pocos pilares que le quedan al debido proceso en nuestro estado.

La premisa suena seductora para el ciudadano harto de la burocracia: que el policía, en el lugar de los hechos, reciba la denuncia y comience la investigación para agilizar la justicia. Pero en el México real, y específicamente en el Aguascalientes de “puerta giratoria”, esta medida tiene un trasfondo oscuro.

En primer lugar, la formación. Un policía preventivo está entrenado para la vigilancia, la disuasión y, en el mejor de los casos, la reacción, amén que complican las situaciones, no son ni muy listos, ni justos, ni honrados, todo lo contrario. Cuando se traté de un caso que impliqué a un político, a un poderoso, a un narco ¿tomarán partido como siempre lo hacen? No es un perito, no es un abogado y no es un fiscal. Al otorgarles la capacidad de redactar el inicio de una vida jurídica (la carpeta), se les está dando el poder de “cocinar” la narrativa a su antojo. Si de por sí el Informe Policial Homologado (IPH) es ya un festival de frases hechas como “actitud evasiva” y “notamos un objeto sospechoso”, imagine usted la creatividad literaria que veremos ahora que ellos mismos arman el expediente.

El peligro mayor radica en una verdad que todos conocemos pero que pocos se atreven a escribir: para la policía, todo aquel que no sea de su agrado es un delincuente. Basta un señalamiento, un tatuaje, un código postal o un “me pareció sospechoso” para que el uniforme dicte sentencia antes que el juez. Con esta nueva facultad, la presunción de inocencia queda herida de muerte; ahora, el policía es juez y parte desde el minuto uno.

Además, ¿alguien ha pensado en el incentivo para la corrupción? Si el policía tiene el poder de abrir la carpeta, también tiene el poder de “extraviarla” o redactarla mal a propósito a cambio de una negociación en la patrulla. Si antes el filtro era el Ministerio Público, ahora la justicia se va a transar en la banqueta, a oscuras y bajo la presión del radio.

Jesús Figueroa y Manuel Alonso nos venden una justicia exprés, pero lo que están construyendo es un sistema de impunidad garantizada. Cualquier abogado defensor medianamente competente se dará un festín tumbando estas carpetas armadas al vapor, por falta de rigor científico y violaciones sistemáticas a la cadena de custodia. El problema es para los que no tienen abogado: ellos terminan en la cárcel, culpables o no.

Aguascalientes no necesita policías que jueguen a ser fiscales; necesita una Fiscalía que trabaje y una policía que cuide. Este experimento no va a bajar los índices de criminalidad; lo que va a subir es el número de inocentes fabricados y el de delincuentes reales libres por errores de forma.

Los focos rojos

1. El “Filtro” de la Corrupción

Al ser el policía el primer contacto, el poder de “negociar” la libertad aumenta. Antes, el policía tenía que llevarte al MP y ahí era más difícil (no imposible, pero sí más burocrático) desaparecer un incidente. Ahora, si el policía tiene la facultad de iniciar el registro, la tentación de cobrar para “no abrir la carpeta” o redactarla de forma que el juez la deseche será constante.

2. Carpetas “Machote” (Copy-Paste)

En la nota roja verás que los informes policiales suelen decir lo mismo: “al realizar un recorrido de rutina, notamos una actitud evasiva…”. Si ahora ellos arman la investigación, corremos el riesgo de que todas las carpetas se vuelvan “machotes” legales. Esto facilita que los abogados defensores tumben los casos por falta de veracidad en los hechos, generando la famosa “puerta giratoria” (entran y salen el mismo día).

3. La Criminalización por Apariencia

Como mencionaste antes, si el criterio policial es que “todos son delincuentes”, vamos a ver un aumento en carpetas de investigación contra jóvenes de colonias populares basándose puramente en prejuicios. El policía, al no tener la formación jurídica de un fiscal, suele investigar personas y no delitos.

Para tu cobertura en Objetivo7:

Sería muy interesante rastrear los primeros casos que lleguen ante un Juez de Control bajo este esquema. Las preguntas clave para tus próximas notas serían:

• ¿Cuántas de estas carpetas abiertas por policías terminan en una vinculación a proceso real?
• ¿Cuántas se caen porque el policía violó la cadena de custodia o el debido proceso?
• ¿Qué dice el Colegio de Abogados local sobre la validez de estas actuaciones?

Esta medida parece una respuesta a la saturación de la Fiscalía, pero si no hay una supervisión técnica brutal, lo único que van a lograr es legalizar el abuso policial desde el primer minuto de la detención.

El laboratorio está abierto, pero los conejillos de indias somos nosotros, los ciudadanos. Al tiempo.