Una crisis profunda en la democracia mexicana, marcada por la complicidad con el crimen organizado y la militarización del país.

Cortesía/Río Doce/Con voz propia/Joel Ortega Juárez.

Otra característica más de la crisis de la democracia en México es la desconexión con los movimientos sociales.

La destrucción de las instituciones republicanas de la incipiente democracia mexicana está por consumarse; no hay manera de detenerlas mediante la resistencia al interior de la lucha institucional.

La Cuarta Transformación en su segundo piso actúa bajo la consideración de que tiene un mandato popular para realizar un cambio de régimen, una revolución política pacífica a la que se oponen los “antiguos” oligarcas derrotados.

A esa resistencia, dicen, es totalmente válido y legítimo derrotarla con todo el poder emanado de la soberanía popular, establecido en el artículo 39 de la Constitución: “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”.

Esta lógica es inapelable. La cuestión es quién expresa al pueblo. Está demostrado hasta el cansancio cómo la 4T forjó su mayoría constitucional, recurriendo al agandalle y a la más burda compra de senadores, mediante el chantaje o la más obscena de las prácticas de bazar. Esa ruta se seguirá empleando cada vez que sea necesario y no hay límite, debido al inmenso cinismo de la clase política, o mejor dicho, de la partidocracia.

Por esa vía, el antiguo sistema de partidos está en extinción. Su crisis puede convertirse en una gran crisis política, económica y social. En esas crisis se pueden producir virajes que generen nuevos acuerdos y compromisos. Hemos vivido esas situaciones: en 1976, el antiguo régimen de partidos tuvo que abrirse; el triunfo del candidato único a la presidencia, sin candidato opositor, sumado a la gran lucha del movimiento del 68 y, en cierta medida, a los brotes de grupos armados, presionaron al autoritarismo a realizar una micro reforma política que abrió el registro a los partidos de las izquierdas de entonces y uno de la derecha que procedía del sinarquismo, en buena medida, de la guerra cristera.

Nunca es imposible conquistar cambios a los regímenes políticos. Estamos ante una crisis de dimensiones aún más profundas. Las complicidades de la llamada 4T con el crimen organizado están en su nivel más extremo, como se ve en Guerrero con la decapitación del alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos Catalá, y el control de Sinaloa por las bandas durante más de un mes. Ante esos fenómenos de ausencia de un estado de derecho, la presidenta ha reiterado su apoyo a la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, y al de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Con la aprobación de la integración de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa, la militarización del país continúa con más fuerza. Ante la masacre de migrantes en Chiapas, la presidenta encabezó una ceremonia en el Campo Marte, donde hizo un acto de abierto apoyo mutuo entre su presidencia y las fuerzas militares. No tiene la menor intención de sacar a los militares de la operación contra los migrantes; su reacción ante la masacre es la de “realizar las investigaciones correspondientes”, sin entender que la esencia de las masacres está en tener a las fuerzas armadas como operadoras de la política de seguridad. No es una cuestión aleatoria que se resuelva sentenciando a los autores materiales de esas graves violaciones a los derechos humanos, que constituyen delitos de lesa humanidad.

El aparente “cambio” de estilo de difamar a sus críticos, como lo hizo durante seis años AMLO, por la perversa política de “lo que no se menciona no existe”, es de una arrogancia insólita, que conduce a la profundización del aislamiento de una presidenta amurallada, incapaz de dialogar con las madres buscadoras, las de los 43 de Ayotzinapa, del movimiento feminista, ambientalista, de los pueblos indígenas y todo el amplio mundo de los olvidados, totalmente marginados del mundo de la institucionalidad electoral. Si no se abren las puertas para reconocer a esos movimientos, la olla de presión va a estallar.

¿Qué hacer ante ese panorama? Forjar un gran Compromiso Histórico por la libertad, la igualdad y la fraternidad. Es decir, se requiere movilizar a todas las fuerzas culturales, sociales y políticas contrarias a la vía de abolición de la libertad. Por eso es un compromiso por la libertad, que en estos momentos consiste en detener el PLAN C. También incluye poner fin a la purga que se está realizando en los medios contra los críticos, donde han echado de la televisión pública y privada a muchos opositores y tienen toda la intención de continuar sacando de la radio a los más conocidos. Eso mismo harán en la prensa escrita, aunque la purga ahí comenzó hace más de cinco años.

También el Compromiso Histórico incluye la igualdad. La inmensa desigualdad no puede mantenerse; se debe dar un viraje de la política de subsidios, una práctica humillante de reparto de limosnas, a una de creación de empleos con salarios dignos. Ello exige poner fin al sistema de control de los trabajadores por el viejo y nuevo charrismo, estableciendo la libertad sindical.

El tercer componente del Compromiso Histórico es la fraternidad. No se puede continuar con un país lleno de tumbas, de ejecuciones, de masacres y de desapariciones de cientos de miles de personas. En un año hemos sufrido más muertes que en las guerras de Ucrania y de Gaza.

Para acabar con la violencia, se requiere un proceso de legalización de la producción, distribución y consumo de las drogas, de destrucción de la ingeniería financiera de los cárteles y de normas que incorporen al trabajo abierto a decenas de miles de campesinos que producen las semillas y flores de las drogas, así como de los jóvenes que participan en su distribución, y despenalizar su consumo. Esa inmensa economía política debe ser reconocida para quitar el sustento de la acción criminal de las bandas y cárteles. Las bandas han extendido sus acciones criminales a la extorsión, el pago de piso, los secuestros y la trata de personas. Ante todo ello, no se puede seguir manteniendo la política de los militares fuera de sus cuarteles; las tropas del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional deben regresar lo más pronto posible a sus cuarteles.

Nunca es imposible derrotar a los defensores del autoritarismo y el totalitarismo.

Fuente: Unidad Parlamentaria