CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- La detención en Estados Unidos del exfiscal Édgar Veytia, en marzo de 2017, incrementó la violencia en Nayarit. El grupo de agentes con los que operaba en esa entidad utilizó el poder del Estado para tomar el control de la venta de drogas, realizó una limpia y eliminó “cabos sueltos”.

Por esa razón desaparecieron hombres y mujeres vinculados con los grupos rivales: vendedores de droga, consumidores, personas cercanas a ellos o simplemente amigos. El número de estas víctimas es cercano al millar.

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Esto generó una serie de enfrentamientos y represalias entre tres grupos de narcotraficantes que en ese momento operaban en la entidad: el integrado por agentes de la fiscalía estatal, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el de Los Beltrán Leyva, al mando de Yahír Patrón, H2Jr, hijo de Juan Francisco Patrón Sánchez, H2, quien fue traicionado por Veytia y abatido por la Marina. El H2Jr anunció que terminaría con el grupo del exfiscal y vengaría la muerte de su padre.

Sin embargo, tanto a nivel estatal como federal el gobierno ha utilizado el conflicto entre grupos del crimen organizado como pretexto para justificar las desapariciones y sus omisiones en la investigación.

A principios de enero de 2017, la organización civil Uka Nuiwame, dirigida por Mayela Ruiz Madrazo, solicitó en un oficio al secretario general de la ONU su intervención para lograr el esclarecimiento de la desaparición forzada de más de 300 personas.

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El 25 de agosto del mismo año, Ruiz Madrazo interpuso una queja en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por la omisión de la fiscalía nayarita y de su homóloga federal en las investigaciones de numerosos casos. En ese documento se denuncia que en siete meses ocurrieron 103 desapariciones forzadas, es decir, desde que fue detenido Veytia, y cerca de 600 desde que él estuvo al frente de una corporación policial.

Finalmente, el pasado lunes 24 la ONU, por conducto del Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas (CED), emitió acciones urgentes para que el Estado mexicano tome, de forma apremiante, todas las medidas necesarias para la búsqueda e investigación de 39 casos de desaparición forzada cometidos en Nayarit, principalmente en 2017.

En víspera del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas (este domingo 30), la ONU también emplazó al Estado mexicano para que, a más tardar el 7 de septiembre, informe si se ha investigado al personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Nayarit y de la Policía Estatal posiblemente vinculados con los delitos del exfiscal Veytia en 39 casos de desaparición forzada cometidos en la entidad.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 2287 del semanario Proceso