Vigilancia militar en Iguala. Foto: red
Por Colectivo de Periodistas Democráticos
Entre 12 y 18 meses antes de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, un elemento del 27 Batallón de Infantería fue levantado, torturado y desaparecido por la policía de Iguala. Pese al desenlace de este hecho, la Secretaría de la Defensa Nacional no tomó ninguna medida para corregirlo abriendo las puertas a las condiciones que llevaron a la masacre de la noche del 26 de septiembre de 2014 y a la desaparición forzada de los normalistas durante la madrugada del 27.
La historia inició en los primeros días de octubre de 2012 cuando tomó posesión como comandante del Vigésimo Séptimo Batallón de Infantería el Coronel de Infantería Juan Antonio Aranda Flores, quien antes había estado en Guadalajara y Laredo, Tamaulipas.
Al iniciar su gestión hizo un llamado a la ciudadanía a que denuncie cualquier incidente al teléfono 33 2-03-04, donde las denuncias las tratarán con total secrecía y hermetismo, “Nosotros sí vamos”. (Diario 21 Periódico Plural)
Meses después, ya durante la gestión de José Luis Abarca, a principios de 2013, un ciudadano hizo una llamada a ese teléfono para denunciar que había visto cómo una patrulla de Iguala, cuyo número identificó y reportó, era usada para transportar a un uniformado con ropa militar, aparentemente con rango de oficial.
El ciudadano reveló que el oficial del ejército había sido golpeado salvajemente por otros uniformados, pero éstos vestidos como policías, antes de someterlo y llevarlo en la patrulla.
La denuncia fue atendida por militares formados en la Escuela Superior de Guerra, con valores nacionales y sin nexos con la Escuela de las Américas, ligada a todos los golpes militares del continente.
Este grupo encontró la patrulla referida en la comandancia policíaca de Iguala y preguntaron sobre la ruta en la que había circulado esa mañana. Les respondieron que la unidad estaba fuera de servicio y que había estada en el mismo sitio todo el tiempo.
Los militares se retiraban ya cuando uno de ellos tuvo una intuición y regresó, pidió que abrieran el cofre. El motor estaba más que caliente.
“Aquí no hay nadie!”, les reiteraron en el edificio de la policía municipal de Iguala y les franquearon el paso a las celdas, donde efectivamente no había ningún detenido; pero una vez más venció la perspicacia de los militares quienes vieron una ranura en una de las celdas. Ocultaba una pequeña puerta, la abrieron y sacaron de una especie de fosa que cubría la puerta secreta, completamente amordazado e inmovilizado al militar desaparecido. Torturado, pero vivo.
La forma en que encontraron al militar levantado debió ser muy similar a la que emplearon para inmovilizar a los normalistas de Ayotzinapa, subirlos a las camionetas y apilarlos en ellas, si nos atenemos a la versión de que varios murieron asfixiados por el peso de sus propios compañeros colocados arriba o por los esparadrapos que les colocaron en la boca para impedirles gritar.
Los oficiales de la policía municipal de Iguala que tenían asignada la patrulla cuyo número pudo ser visto por un ciudadano y así permitir el rescate con vida del militar nunca más regresaron. La pregunta es ¿que hizo la Secretaría de la Defensa Nacional con estos datos y porque no se disolvió una corporación policíaca de la que al menos había indicios de su criminalidad?
Una de las primeras fosas abiertas en Iguala mientras buscaban a los normalistas desenterró los restos de un padre y de su hijo, universitario en Guadalajara. Acudían a un velorio cuando fueron detenidos en la carretera por la policía municipal. El señor se lo comunicó por celular a su esposa y quedó de volver a hacerlo más tarde, ya no lo hizo. Cuando su esposa intentó llamarle el celular ya no contestó.
Presentó la denuncia, informó que la última pista fue precisamente que estaba retenido a la orilla de la carretera por la policía municipal de Iguala, pero nadie atendió la denuncia, ni la policía de caminos, ni la de Guerrero, ni la federal. Si lo hubieran hecho hoy no estarían desaparecidos los 43.
El 21 de enero de 2013, José Luis Abarca, en uno de sus primeros actos públicos como alcalde de Iguala, reconoció que el crimen organizado era un enemigo al que había que combatir, pero pidió a los ciudadanos “no tomar las armas ni hacerlo por su cuenta”, pues para ello están las fuerzas federales y en especial el 27 Batallón de Infantería, declaró.(24 horas El Diario Sin Límites).
Antes de que Juan Antonio Aranda Flores fuera titular del 27/o, su antecesor, el también coronel Alfredo Aponte Carranza, había rendido muy buenas cuentas en Iguala: decomisaron 240 kilogramos de goma de Opio, una cifra récord para el destacamento de esta zona militar. Además, 300 armas aseguradas -más largas que cortas-, 56 vehículos asegurados, 62 consignados por el delito del Fuero Federal -por delitos contra la salud, y 8 rescates por secuestro.
De los decomisos de goma de opio logrados por Aranda Flores no hay tenemos detalles,lo que si se sabe por los reportes de Inteligencia de varios organismos de Seguridad Nacional es que la forma de transporte de la droga que empleaba Guerreros Unidos eran camiones de pasajeros de línea…como los que secuestraron “o tomaron prestados los normalistas de Ayotzinapa.
Otro punto destacado es que Nuevo Laredo, Tamaulipas de donde provenía el coronel que pidió a la ciudadanía reportar cualquier incidente porque “nosotros si vamos” es el primer lugar del país donde fueron asesinados twiteros que publicaron información delicada.
Sobre el nombre del militar levantado, torturado y liberado en 2013 por la policía de Iguala, esperaríamos que sea la Secretaría de la Defensa Nacional la que nos de los detalles y explicaciones de porque no se tomaron las medidas para disolver esa policía, con lo que seguramente se hubiera evitado la tragedia de Ayotzinapa.
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