Boletín HCE.- Este viernes en sesión ordinaria, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales –que preside el diputado Gregorio Zamarripa Delgado- comenzó con el estudio iniciativa de reforma al artículo 73 de la Constitución Política Local que va encaminada a incluir en la figura de Servidores Públicos a los trabajadores del Municipio para que puedan ser objeto de aplicación de la Ley de Responsabilidades, en caso de cometer algún delito de corrupción en el ejercicio de su función.

Para ello, el Abogado Guillermo Macías y Díaz Infante, a invitación del titular de la Comisión, externó su reconocimiento por impulsar este tipo de proyectos que favorecen la rendición de cuentas; “es loable pues cierra el paso a la soberbia de aquellos que se negaron en anteriores legislaturas a trabajar sobre este tema”.

Macías y Díaz Infante celebró que exista esta iniciativa que establezca medidas sancionadoras con fines resarcitorios, en aquellos casos en se afecte a la erario público.

El abogado especialista consideró que la reforma podría tener alcances incluso a titulares y empleados de organismos descentralizados, “pues la Constitución Política Local determina que todos”.

Por su parte, el diputado Gustavo Granados Corzo, promotor de la iniciativa, expresó su extrañeza al ser un tema que durante mucho tiempo fue omitido, aunque reconoció que la rendición de cuentas ha ganado terreno en el ámbito de la administración pública.

El representante popular del PRI calificó de fundamental este proyecto pues los alcances son importantes por significar el grueso de las Ayuntamientos; agradeció las opiniones del invitado y aseguró que el documentó que presentó en la sesión pasada de la Diputación Permanente “se hizo con el cuidado y la argumentación adecuada”.

A su vez, el legislador Gregorio Zamarripa Delgado solicitó la opinión de Guillermo Macías y Díaz Infante sobre la posibilidad de establecer en la ley la imprescriptibilidad en los delitos de corrupción de funcionarios.

Sobre el particular, el abogado señaló que esto afectaría la seguridad jurídica y se vería como un acto violatorio a las garantías; no obstante se pronunció por alargar a 9 o 12 años el período en que podría prescribir un ilícito.

Al interior de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales acordaron continuar con el análisis de la iniciativa y posteriormente emitir el respectivo dictamen.

Además de los ya mencionados, se contó con la presencia y participación de los diputados Miguel Ángel Juárez Frías, secretario de la Comisión; José de Jesús Ríos Alba, presidente de la mesa directiva de la Diputación Permanente; y de Gabriel Arellano Espinosa.