Río Doce.- Jornaleros agrícolas sufren condiciones de esclavitud y permanecen en las empacadoras hortícolas de Sinaloa cautivos, como si se tratara de campos de concentración, obligados a adquirir productos comestibles en tiendas de raya, y con alimentos y viviendas precarias e insalubres, sometidos por empresarios del ramo y una red de enganchadores, quienes incurren en trata de personas.

Los enganchadores o contratistas —que hacen las veces de intermediarios entre los jornaleros y los horticultores— son encabezados por integrantes de la familia Monterrubio Hernández, originarios de Hidalgo, quienes surten de mano de obra de esa entidad y de San Luis Potosí y Veracruz, y los someten a condiciones inhumanas, violentando sus derechos laborales, con complicidad de las autoridades locales y del Gobierno federal.

“De las 170 empresas que hay en Sinaloa que se dedican a la siembra de hortalizas, una buena parte para exportar al mercado de Estados Unidos, cerca de 30 no respetan los derechos laborales y prevalecen condiciones de esclavitud, con tiendas de raya propiedad de los empresarios o de los que concesionan, y son ellos los que se quedan con el dinero de los jornaleros”, dijo Crescencio Ramírez.

El dirigente de la Red Democrática de Pueblos Indígenas en la entidad manifestó que unos 25 mil jornaleros agrícolas reciben alrededor de mil 600 pesos para trasladarse de sus lugares de origen hasta Sinaloa para trabajar en los campos. Los apoyos son de la Secretaría de Desarrollo Social y los entregan las oficinas del Servicio Nacional del Empleo, pero este no llega o les es entregado incompleto a los jornaleros.

“Sospechamos que se quedan con el dinero los enganchadores, que se aprovechan de la ignorancia de los indígenas de estados como Hidalgo, Veracruz, Guerrero, Oaxaca y Chiapas”, sostuvo Ramírez.

Anteriormente, agregó, la mayoría de jornaleros venía de Oaxaca y ahora son de Guerrero, Hidalgo, Veracruz, San Luis Potosí, Zacatecas y Chiapas —zona de influencia de los Monterrubio— y en menor medida de Oaxaca.

Los Monterrubio, esa mafia

“Son una mafia. Eso son”, dijo parca una funcionaria del Gobierno federal. Entre las autoridades de Sinaloa y de la Federación que tienen programas de atención a jornaleros, como Sedesol, mantienen el secreto y si lo dicen es en voz baja: los hermanos Monterrubio tienen poder y sus redes llegan a los altos niveles de todas las instituciones gubernamentales. Son intocables.

Las denuncias, así, en corto y sin el carácter público o de trámite administrativo o penal, han llegado a Enrique Evangelista, director del Servicio Nacional del Empleo, quien ha tenido detalles de las operaciones irregulares de los Monterrubio en esta y otras entidades, y funcionarios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que han encabezado giras por Sinaloa. Pero nadie ha hecho nada.

Datos extraoficiales indican que arropados por la Alianza de Comunidades Indígenas de la Región Huasteca, los Monterrubio tienen una red de alrededor de 50 enganchadores que operan en las zonas de contratación y en las regiones de cultivo agrícola, sobre todo de hortalizas.

“Son agricultores, horticultores locales, muy poderosos, los que tienen trato con esta familia de los Monterrubio, que viene de Hidalgo pero opera en varios estados del país, como San Luis Potosí, los que incurren en lo que muchos llaman trata de personas y esclavismo”, reveló un funcionario de la Secretaría del Trabajo, quien pidió el anonimato.

Entre las firmas agrícolas que cuentan con los servicios de los Monterrubio están Agrícola Nazario, ubicada cerca de la comunidad El Limón de los Ramos, al norte de esta ciudad capital; Agrícola Espinoza Pablos (EPSA), cuyo dueño es Gonzalo Espinoza Pablos; dueños del campo El Sol, a pocos metros de la Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa; Agrícola Beltrán Beltrán, propietarios del campo Talí, y Valores Hortícolas, y Agrícola Nueva Yamel, cuyo dueño es Luis Felícimo Hernández, todas en este municipio de Culiacán.

En algunas de estas empacadoras de tomate, pepino y chile, el desayuno que dan a los jornaleros consiste en pan con café y la comida es caldo de papa o lentejas. Muchas veces en platos que no han sido lavados o permanecen a la intemperie, igual que la comida; los brotes de infecciones estomacales y otros padecimientos son constantes en las temporadas de siembra y muchos de los trabajadores son atendidos en clínicas del IMSS ubicadas en Costa Rica y Eldorado, que pertenecen a esta capital.

Los horticultores contratan a los enganchadores y estos les pagan a los jornaleros, pero no cada semana, como tradicionalmente se hacía, sino cada dos meses —cuando finaliza el contrato— o al final de la zafra, para mantenerlos cautivos. De esta manera, evitan contraer responsabilidades laborales con los empleados, las cuales son asumidas por los enganchadores, pero estos no las otorgan.

“Están coludidos personal del Servicio Nacional del Empleo de Sinaloa y estados como Hidalgo”, comentó el funcionario.

En la Agrícola El Poni, ubicada al norte de esta ciudad capital, hubo inconformidad de parte de los jornaleros y tres de ellos, menores, se les escaparon y denunciaron malos tratos en mayo de 2009. Posteriormente, un grupo armado se llevó a cerca de cien jornaleros, quienes luego fueron liberados.

“No soportamos más, ya estuvo bueno, se llevan a los hombres cada semana y hacen lo que les da la gana con ellos, ya estuvo bueno”, se quejó en ese entonces un afectado.

Eslabones criminales

Con alrededor de 20 años metidos en el negocio de enganche de jornaleros y presencia en estados como Sinaloa, Nayarit, Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo y otros, los Monterrubio, liderados por Margarito Monterrubio, han sido vinculados con homicidios y negligencia criminal en algunas regiones, en perjuicio de los jornaleros, algunos de ellos menores de edad.

En marzo de 2005, de acuerdo con versiones extraoficiales, fueron vinculados con la muerte de Alberto Hernández, un joven huasteco de 17 años, quien perdió la vida debido a un supuesto contacto con plaguicidas, en Nayarit. De acuerdo con el expediente DH/114/2005 de la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos de Nayarit, el joven fue sometido a condiciones inhumanas de trabajo.

Fuentes cercanas a las indagatorias señalaron que en julio de 1998, José Monterrubio, miembro de este clan, fue acusado por la Procuraduría de Justicia del Estado (PGJE) de Tamaulipas, de ser el autor intelectual del asesinato del indígena Lucio Morales Hernández. La fiscalía estatal inició por esto la averiguación previa 558/98.

Bioparques de Occidente

Debido a los malos tratos y condiciones laborales de esclavitud, la empresa Bioparques del Occidente, propiedad de inversionistas sinaloenses y con sede en Culiacán, es investigada por los delitos de trata de personas y privación ilegal de la libertad, en perjuicio de 42 familias, 191 hombres, 45 mujeres y 39 menores, de los cuales 24 tienen algún grado de desnutrición, en San Gabriel, Jalisco.

Este esquema de contratación de jornaleros es el mismo que aplican los Monterrubio, aunque se desconoce si tuvieron alguna relación con el caso de Bioparques, que fue multada por estas irregularidades por un monto de 8.5 millones de pesos. En Sinaloa, un jornalero gana entre 100 y 120 pesos diarios, si logra cortar la cosecha en cuatro surcos de unos 200 metros cada uno.

El surco suele ser pagado a 25 pesos y la cubeta llena de tomate a 1.75 pesos, lo que significa que el trabajador debe acumular en un jornal de ocho horas unas 80 cubetas, “pa’que le salga pa’comer”.

Guadalupe así le hace. Es originaria de Oaxaca, tiene alrededor de 40 años y 28 de jornalera, pero debe vender dulces, churros y papitas en la calle para completar el gasto y dar de comer a sus cuatro hijos, de quienes es padre y madre desde mediados del año pasado.

“No nos dan tiempo para comer cuando uno anda en el campo y encima quieren prohibirme que venda chicles y verdolagas, si con los 120 pesos diarios no me alcanza, necesito unos 200 pesos en total para hacerla, porque es injusto como lo tratan a uno y es injusto lo que nos pagan”, manifestó.

Enganchadores locales

En la entidad operan enganchadores locales. Los transportan en camionetas de redilas y de todos tamaños, y en cada viaje trasladan entre 30 y 50 jornaleros de las comunidades aledañas a los campos y las empacadoras hortícolas, bajo un esquema de cautiverio y en detrimento de los trabajadores.

“El enganchador local o camionetero lo que hace es entenderse directamente con el agricultor y a él le cobra todo, y entonces el enganchador es quien le paga al jornalero, lo que desobliga a las empresas de sus responsabilidades laborales, en términos de salarios, prestaciones, etcétera”, precisó Crescencio Ramírez.

Para operar con este esquema, agregó, cuentan con el respaldo y la complicidad de sindicatos de jornaleros. Señaló que les dan agua, refrescos y comida, pero se los descuentan del salario y “si faltan un día los corren sin ningún tipo de consideración”.

Los privilegios del sur

Ramírez denunció que muchos jornaleros trabajan en el sur, donde la siembra de hortalizas ha tenido cierto auge, lo que es aprovechado por los agricultores para violar sus derechos laborales. Dijo que suman cerca de 12 mil jornaleros en Rosario y Escuinapa, involucrados en la siembra de chile y tomate.

“Son pequeños empresarios, pero como saben que la vigilancia de las autoridades federales y estatales se concentra en el centro de Sinaloa, pues aprovechan y hay muchos abusos y violaciones de los derechos laborales”, sostuvo.