CIUDAD DE MÉXICO / 27 DE MARZO DE 2026. – Tras la presentación de la “Estrategia de Búsqueda y Localización” durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) lanzó un análisis crítico que cuestiona la premisa de que la crisis se resuelve corrigiendo registros públicos.

Para el Centro Prodh, la narrativa gubernamental no solo es insuficiente, sino que contraviene los estándares internacionales y las recomendaciones del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU (Comité CED).

1. La falacia de la “Ausencia Voluntaria”

El organismo defensor de derechos humanos denunció que la premisa inicial del Gobierno —sugerir que la mayoría de las desapariciones son ausencias voluntarias y que ya no se cometen desapariciones forzadas— es una distorsión peligrosa.

“Afirmar esto minimiza la responsabilidad del Estado. Los organismos internacionales han destacado que la desaparición forzada sigue siendo una herida abierta en México, y negarlo elude el deber de protección”, señala el análisis.

2. Acotar la tragedia: Los rostros detrás de los 43,128

Mientras la autoridad intenta acotar el número de personas desaparecidas a 43,128 casos “sin actividad a la fecha”, el Centro Prodh advierte que esto minimiza la dimensión real de la crisis. La búsqueda no debe ser un trámite administrativo en registros públicos, sino una acción de campo para encontrar a seres humanos con nombre y rostro.

Preocupa particularmente el limbo de los 46,742 registros clasificados como de “datos insuficientes”. El Centro Pro señala que:

• Las deficiencias en el Registro Nacional (RNPDNO) no son atribuibles a las familias, sino a las autoridades que omitieron su deber de llenar los expedientes con diligencia.
• No se han anunciado acciones claras para subsanar estos registros, dejando la carga de la búsqueda, una vez más, sobre los hombros de las familias.

3. El colapso de la justicia: Solo 3,869 carpetas de investigación

Uno de los datos más alarmantes reconocidos por el propio Gobierno es que solo existen 3,869 carpetas de investigación abiertas. Para el Centro Prodh, esta cifra es la prueba irrefutable de los obstáculos que enfrentan las familias:

• Contextos de riesgo: Las familias no denuncian porque se enfrentan a redes criminales que han infiltrado las fiscalías.
• Impunidad sistemática: La ONU ha documentado una impunidad del 99.9% en México. Las detenciones anunciadas por el Ejecutivo no son un indicador de éxito si no se traducen en procesos judiciales sostenidos y sentencias firmes.

4. ¿Quién localiza realmente a las personas?

Sobre el dato oficial de que el 92% de las localizaciones han sido con vida, el Centro Prodh aclara que estas no son necesariamente atribuibles al Estado.

“En muchas ocasiones son las familias y sus redes comunitarias las que se activan en las primeras horas y logran las localizaciones. El Estado no puede adjudicarse como un éxito burocrático lo que es el resultado de la desesperación y el esfuerzo civil”.

5. El llamado a una Política Nacional de Prevención

Finalmente, el Centro Prodh lamenta que, sexenio tras sexenio, las acciones se centren en “revisar registros y corregir cifras”. El organismo urge a la administración de Sheinbaum a presentar una Política Nacional de Prevención y Erradicación Integral, como la recomendada por la ONU, que aborde la raíz estructural de la violencia y no solo la estética de las estadísticas.

Análisis de Data2 para el Editor: Esta nota pone el dedo en la llaga sobre la “Desaparición Administrativa”. Al reclasificar los datos en categorías como “insuficientes” o “localizaciones sin delito”, el Estado está borrando la responsabilidad jurídica de investigar. Para el periodismo de datos, el reto es rastrear qué pasa con esos 46 mil registros que el gobierno ahora llama “insuficientes” pero que para las familias siguen siendo hijos e hijas ausentes.