Sinaloa: crisis de violencia y ahora política

Alerta Coparmex que la situación en el estado podría profundizarse y desincentivar las inversiones y economía
José Almaguer/Ríodoce.
Mientras las consecuencias económicas a causa de la inseguridad en Sinaloa continúan, ahora se suman los señalamientos contra funcionarios sinaloenses, situación que podría profundizar y desincentivar aún más la ya afectada inversión en el estado ante la falta de certeza jurídica, advirtió la iniciativa privada.
Luego de los señalamientos y tras la llegada de la gobernadora interina Yeraldine Bonilla, los organismos empresariales, encabezados por Coparmex hicieron un pliego petitorio solicitando una serie de medidas que consideran indispensables para evitar un mayor deterioro económico.
Los empresarios se quejaron que durante los últimos 20 meses realizaron solicitudes al gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, sin obtener respuestas suficientes ante la gravedad de la situación.
En el planteamiento advirtieron que la situación comenzó a generar impactos en los mercados internacionales. Recordaron que el pasado 30 de abril Standard and Poor’s (S&P) Global Ratings colocó la calificación crediticia de Sinaloa en revisión especial negativa tras los señalamientos del gobierno de Estados Unidos contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios de su gobierno y el de Culiacán. Señalaron que la situación podría afectar el acceso del estado a financiamiento y encarecer el crédito público.
Entre las principales peticiones hechas al gobierno federal se encuentra la creación de perímetros de seguridad en zonas económicas estratégicas, el otorgamiento de alivios fiscales para micro, pequeñas y medianas empresas afectadas por la violencia y la creación de un fondo emergente para negocios que han tenido que cerrar o reducir operaciones.
También solicitaron fortalecer la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, el Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado, profesionalizar a las corporaciones policiacas y crear consejos ciudadanos de seguridad con autonomía real.
Propusieron instalar una mesa permanente de diálogo entre autoridades, empresarios, organizaciones civiles e iglesias para construir una estrategia de reactivación económica y recuperación del tejido social. Las propuestas planteadas por los empresarios son similares a otras que mandaron al inicio de la crisis de inseguridad al gobernador Rocha Moya.
Uno de los puntos de los destacados por Martha Reyes, presidenta de Coparmex Sinaloa, es una reunión con la gobernadora Bonilla, luego de que ella los delegara con el secretario de Economía Feliciano Castro, pero este último no respondiera las dudas que tenían.
“Esta semana nos direccionó con el secretario de Economía, pero la verdad necesitamos hablar con ella porque el secretario de Economía fue hablar con el aire, nada sucedió, no nos dio claridad, no nos dio ni el nombre de los inversionistas, entonces es ir a perder el tiempo”.
En la situación actual, declaró Reyes, lo que destaca es la incertidumbre que genera la falta de certeza jurídica ante las acusaciones de narcotráfico de los nueves funcionarios y el gobernador con licencia.
“Si no hay una certeza y un estado de derecho, las inversiones no van a estar y con unos funcionarios señalados de corrupción, y mientras no se implemente la justicia va a quedar en la duda. Es una incertidumbre. Entonces los empresarios estamos en una incertidumbre al respecto de si vale la pena seguir invirtiendo en el estado”.
La palabra incertidumbre ha surgido en diversas ocasiones en la rama económica desde el contexto de las acusaciones. La utilizó el embajador de EU en México, Ronald Johnson, en la colocación de la primera piedra de la planta Pacífico Mexinol, en Los Mochis, cuando habló de la necesidad de certeza y de alejar la corrupción. Seis días después se dieron a conocer las acusaciones contra los funcionarios sinaloenses. “El sector privado necesita certeza, seguridad y un entorno libre de corrupción. Sin estas condiciones, las inversiones no avanzan. Cuando existen, las empresas crecen y generan prosperidad para todos”, dijo.
Tras el anunció de las acusaciones, la agencia S&P dijo que la situación aumentaba la incertidumbre sobre las condiciones de financiamiento del estado. La calificadora señaló que esta situación podría deteriorar el acceso de Sinaloa a fuentes de crédito y afectar su liquidez, en un contexto donde ya existían preocupaciones por la contratación constante de deuda de corto plazo y el deterioro en el desempeño fiscal. Asimismo, indicó que continuará monitoreando la capacidad del estado para refinanciar su deuda y cumplir con sus obligaciones financieras.
La presidenta de Coparmex señaló que uno de los principales planteamientos que buscarían abordar con la gobernadora es la declaratoria de un estado de emergencia económica ante las afectaciones que la crisis de inseguridad ha provocado en el sector. Indicó que muchas empresas se encuentran al borde del cierre, por lo que es urgente gestionar créditos blandos y apoyos financieros.
“Nos ha costado mucho porque somos los empresarios y los colaboradores los que mantenemos con vida el estado con qué: saliendo a trabajar, manteniendo nuestras empresas, manteniendo a nuestros hijos, pero no por las condiciones que da el gobierno, para nada. Y más ahorita que en lugar de enfocarse en el rescate del estado, están más enfocados en rescatar a unos funcionarios acusados de corrupción”.
Reyes señaló que el impacto económico no solo debe medirse por la permanencia de inversiones extranjeras anunciadas por el gobierno, sino también por el deterioro de la inversión local, reflejado en el cierre de negocios y la pérdida de registros patronales desde el inicio de la confrontación entre facciones del crimen organizado. Solamente en el primer trimestre del 2026, solo cuatro de los 18 municipios de Sinaloa generaron empleo: Culiacán perdió 7 mil 731 empleos; Guasave 2 mil 449; Mazatlán, mil 590; y Navolato, mil 516. En total Sinaloa perdió 11 mil 427.
Artículo publicado el 17 de mayo de 2026 en la edición 1216 del semanario Ríodoce.
