Reconoce 394 mil 645 desaparecidos

Sheinbaum contradice a López Obrador con cifra récord de desaparecidos

De ellos, según los datos de Claudia Sheinbaum y funcionarios de su gobierno, no es posible saber si 132 mil 254 están vivos o muertos.

Las cifras de Sheinbaum marcan una ruptura objetiva con la narrativa de Andrés Manuel López Obrador cuando echó de su gobierno a Karla Quintana

Sheinbaum y Rosa Icela Rodríguez presentaron el informe una iniciativa de ley para atajar el problema de las desapariciones, ¿habrá recursos para sostener esa ley?

Los Ángeles Press

Este viernes 27 de marzo, Palacio Nacional fue el escenario de la primera ruptura seria, basada en datos, entre Andrés Manuel López Obrador y su sucesora tanto en el antiguo Ayuntamiento de la Ciudad de México como en Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum.

No importa que, siempre que puede, Sheinbaum bañe en halagos al tabasqueño. El hecho objetivo es que, al reconocer un total de 394 mil 645 desaparecidos, de los cuales 132 mil 254 no se sabe si están vivos o muertos, contradice el alegato de López Obrador centrado en la defensa a ultranza de la supuesta pureza de las Fuerzas Armadas y el aparato de seguridad del gobierno federal. Como se puede ver en la imagen que aparece después de este párrafo, cuando López Obrador presentó una de sus muchas cifras de desaparecidos, luego de haber despedido a Karla Quintana de su gobierno, la fijó el 21 de diciembre de 2023 en 110 mil 964 personas desaparecidas.

Es difícil saber cuál podría ser el impacto de este reconocimiento. Es claro que Sheinbaum no va a romper con su predecesor. Todo lo contrario. Mucho menos luego de que el Congreso de la Unión le rechazó dos reformas electorales que de haberse concretado hubieran regresado el calendario político de México a 1973.

Sheinbaum enfrenta ahora más que nunca la realidad de haber perdido el apoyo de los partidos Verde y del Trabajo para su intento de concentrar más poder político en la Presidencia de la República, al mismo tiempo que, sin criticar abiertamente a López Obrador, pone en evidencia el manotazo que dio el tabasqueño cuando hostigó y echó de su gobierno a Quintana para defender, antes que otra cosa, su alianza con las fuerzas armadas de México.

Y es ahí donde, más allá del tono exaltado de Rosa Icela Rodríguez o de la empatía que trató de transmitir Sheinbaum en sus distintas intervenciones está el gran dilema. ¿Qué sucederá cuando, si avanzan las investigaciones, se toque con el pétalo de una averiguación previa a las secretarías de la Defensa Nacional o de la Marina, a la antigua Procuraduría, ahora Fiscalía General de la República o a la propia Secretaría de Gobernación?

Conviene recordar, en ese sentido, que la temida Dirección Federal de Seguridad, la Stasi mexicana, era una dependencia de la Secretaría de Gobernación. ¿En realidad, ahora sí, más de 60 años después, se tocará a los intocables del priísmo, a Luis Echeverría, Fernando Gutiérrez Barrios, Alfonso Martínez Domínguez y, sobre todo a los García?

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Porque esa la otra realidad que el gobierno de Sheinbaum hace todo lo posible por maquillar. A su lado, siempre que habla de seguridad, está el hijo y el nieto de dos figuras clave de aquel antiguo aparato de la seguridad nacional: Omar García Harfuch.

¿Puede ser juez y parte de las muchas operaciones de erradicación de la disidencia política en México, lo mismo sinarquistas que comunistas, en las que estuvieron involucrados el general Marcelino García Barragán, el abuelo, y Javier García Paniagua, el padre, del actual secretario?

Y es cierto, hoy se tuvo el cuidado de que García Harfuch no estuviera presente, pero ¿eso garantiza que ahora sí se sabrá qué pasó con quienes hoy mismo el gobierno reconoció como desaparecidos?

Además de la cifra de desaparecidos, otro de los pendientes que Andrés Manuel López Obrador dejó sin cumplir —pese a sus reiteradas promesas en tres campañas presidenciales— fue la presentación de una nueva ley para atender y prevenir el problema.

Rosa Icela Rodríguez insistió, incluso elevando el tono, en la urgencia de denunciar de inmediato la desaparición de un familiar. Sin embargo, como ya se advirtió a propósito de la nueva ley de víctimas, resulta difícil sostener que la propuesta del Ejecutivo sea suficiente por sí sola.

El problema clave es si habrá los recursos necesarios para sostener lo que, al menos en el papel parece un mejor diseño de un sistema nacional para evitar que se acumulen casos de personas desaparecidas.

Como se hizo ver hace algunos días en estos espacios, cuando Felipe Calderón Hinojosa reconoció, en los estertores de su gobierno que había un problema de víctimas, se anunció un programa que, con algunas variaciones continuó con Enrique Peña Nieto para dar vida a una entidad que ahora es un fantasma burocrático: la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

En el papel la CEAV tiene todo lo que necesita. En la realidad del día a día de la burocracia en México, la CEAV pasó al final de la cola para darle preferencia a los carros de ferrocarril de los proyectos de López Obrador.

En ese sentido, es inevitable preguntarse cómo la Cuarta Transformación financiará un doble proyecto tan ambicioso. Por un lado, saldar la deuda histórica de localizar a las personas desaparecidas —o, al menos, resolver los expedientes sin la escenificación que el país presenció cuando Andrés Manuel López Obrador apartó a Karla Quintana de su gobierno. Por el otro, sostener un sistema hoy defendido por Rosa Icela Rodríguez, pero que exige recursos constantes.

La propia Rodríguez destacó la importancia de la investigación forense en este tipo de diseños. Es positivo que lo haga, pero ¿el gobierno federal estará dispuesto a dotar a todas las dependencias involucradas de los recursos necesarios para realizar análisis forenses y para garantizar la cadena de custodia de los datos, la información, de los artículos personales e incluso de los restos humanos que forman parte de cualquier análisis forense serio?

Basta ver lo ocurrido en el Rancho Izaguirre para ver la tragedia de equívocos que escenifican todavía ahora el gobierno de Jalisco y su fiscalía, la supuestamente autónoma Fiscalía General de la República y el gobierno federal cada que se habla de ese asunto.

Durante el periodo “neoliberal”, la solución fue la de crear organismos autónomos. Los discípulos de López Obrador aborrecen esas soluciones porque le impiden a la presidencia de la República redirigir recursos según las necesidades coyunturales o de promoción del proyecto político.

Ésa fue la razón de la guerra contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contra el Instituto Nacional Electoral e incluso se ve en la manera en que, de aprobarse la reforma electoral en su actual versión, ya sin el empate de la elección intermedia y la revocación de mandato, México se convertirá, en los hechos, en un país de régimen centralista en el que, desde la Ciudad de México se decidirá cuántos regidores puede tener un municipio como Mexicali o Tapachula, por hablar de dos de los extremos geográficos del país.

En ese contexto, resulta difícil pensar en la creación de un órgano autónomo encargado de las personas desaparecidas. Todo apunta a que la Secretaría de Gobernación seguirá siendo juez y parte.

Juez, ahora que —según el gobierno de Claudia Sheinbaum— está comprometida con resolver el problema. Parte, porque fue en esa dependencia donde operó la Dirección Federal de Seguridad, responsable de las purgas políticas en la segunda mitad del siglo XX.

La apuesta del gobierno de Claudia Sheinbaum, en términos de diseño institucional, es que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas —dependiente del Ejecutivo federal— administre la información y los procesos.

De acuerdo con datos difundidos hoy, se han reportado 394 mil 645 personas desaparecidas. De ellas, dos tercios (262 mil 111) han sido localizadas, y de esos dos tercios, 240 mil 211 fueron encontradas con vida; mientras que 21 mil 900 personas fueron halladas sin vida.

Es notable que al desglosar por etapas el número de desaparecidos el gobierno de Sheinbaum haya hecho un corte de 20 años, de 2006 a 2026, con una cifra de desaparecidos de 130 mil 178 y más notable que el propio gobierno reconozca que del 36 por ciento no existen datos personales suficientes para una investigación, otro tercio (31 por ciento) en la estimación del gobierno hay algún signo de vida pues “tienen actividades y registros después de su fecha de desaparición”. Del último tercio, 33 por ciento, no hay actividad hasta la fecha.

Y la importancia de dotar de recursos suficientes a este tipo de proyectos administrativos de gran calado la prueba el hecho mismo que el gobierno de Sheinbaum reconoce que al menos 36 por ciento de los desaparecidos fueron registrados con “información inconclusa o imprecisa”.

Sheinbaum, hacia el final, anunció nuevas reuniones con familiares de desaparecidos sin que hubiera precisión sobre las fechas.

También hacia el final, brevemente insistió en que su gobierno mantendrá la ayuda a Cuba.