Río Doce.- En medio de la presión criminal, de asesinatos múltiples, decapitados y narcomensajes, el Gobierno decide quitar a Jesús Carrasco como jefe de la Policía Municipal de Ahome, lo cual significa una evidente derrota de las fuerzas del Estado frente a la beligerancia criminal que cuenta decenas de asesinatos en las últimas seis semanas.

Finalmente, Jesús Carrasco Ruiz, el instructor de tiro de la Policía Ministerial del Estado, fue separado de sus funciones como “director interino” de la Policía Municipal de Ahome y ascendido a subdirector de Operaciones de la Policía Ministerial.

El cambio de adscripción se da pese a la férrea defensa y negativa a removerlo del cargo del gobernador Mario López Valdez, quien lo comparó con un héroe, en su lenguaje florido, tras una reunión a puerta cerrada entre el secretario de la defensa nacional, Salvador Cienfuegos y el mandatario estatal, así como el alcalde Zenén Aarón Xóchihua Enciso, el miércoles pasado.

En la víspera de la separación ocurrió un hecho oscuro de las operaciones militares urbanas: la presunta detención de seis personas, el decomiso de vehículos y armas en una casa de seguridad que operaba en el fraccionamiento Alameda Dos y que, de acuerdo con versiones policiacas extraoficiales, era un célula de gatilleros del cártel de Sinaloa y que Carrasco Ruiz protegía.

El Ejército negó haber intervenido en el operativo, pero vecinos entrevistados por Ríodoce lo desmintieron. Finalmente los capturados, las unidades motrices y los pertrechos de guerra se “esfumaron”, porque nunca fueron presentados a autoridad alguna.

A la remoción le antecedió el reguero de cadáveres, algunos desmembrados, de personas que, se acusó en narcomensajes, trabajaban como gatilleros, puchadores e informantes de Jesús Carrasco Ruiz, quien les habría dado las claves de Pancho Pantera o JCR para charolear ante las operaciones policiales y evitar ser detenidos.

Y el atentado contra el jefe policiaco el 9 de mayo, por la carretera internacional México 15, donde murieron policías y gatilleros.

Las hostilidades son reivindicadas por un grupo que se hace llamar La Mochomera y que presuntamente pertenece a la estructura de los hermanos Beltrán Leyva, ahora encabezados por Héctor Beltrán, el H.

Al grupo, se ha dicho en los mensajes que acompañan los cuerpos de los hombres asesinados, lo dirige alguien que se hace llamar Dos Letras, cuya identidad es hasta ahora una incógnita.

Apareció en la escena delictiva después de que fuera muerto en un tiroteo Juan Pablo Osuna, el Cien, líder de Los Mazatlecos, y cuyo ascenso costó a la zona norte más de 300 muertos y decenas de desaparecidos, en un pleito de dos años por el control de la plaza.

De acuerdo con informes no oficiales de la Policía Estatal, tras desintegrarse Los Mazatlecos, Fausto Isidro Meza Flores, líder del cártel de Guasave, le asigna al Dos Letras la recomposición de la unidad y este adopta el membrete de La Mochomera, se supone que en referencia a Alfredo Beltrán Leyva, el Mochomo, detenido en Culiacán el 21 de enero de 2008.

En su embestida, el Dos Letras acusa que el jefe de la Policía Municipal de Los Mochis, Carrasco Ruiz, ha creado su propia organización de narcomenudistas reclutando a antiguos distribuidores de Los Mazatlecos a quienes ofrece inmunidad policial.

La existencia de ese clan policías-puchadores fue confirmada por agentes federales, pues en al menos seis detenciones, los vendedores de drogas dijeron trabajar para los comandantes preventivos Carrasco Ruiz, el Piña y Medina. Pero las investigaciones, según fuentes de Ríodoce, fueron frenadas desde la sede de la Procuraduría General de la República, en Culiacán.

Por ello, la salida de Carrasco se tomó como un triunfo para La Mochomera y un descalabro para el gobernador Mario López Valdez.

Según policías preventivos veteranos consultados, la situación es peor, pues al interior se habla ya que el Ejército mantiene bajo inteligencia a algunos jefes preventivos que apoyaron a Carrasco Ruiz.

La salida del jefe interino no fue más que la última protección a Carrasco por Malova, quien al darle posesión le dijo solemne: “Le encargo la tranquilidad de mi familia, mis negocios y mi ciudad, mi municipio”.

La defensa de Chuytoño

Jesús Antonio Aguilar Íñiguez, director de la Policía Ministerial del Estado, casi a gritos, encarando a reporteros, encolerizado, defendió a su subordinado de cuestionamientos sobre sus métodos de control delictivo, relaciones con el cártel de Sinaloa y sobre si la salida de su protegido era para blindarlo de ataques prometidos. “No, no hay nada de eso”, insistió en cada respuesta, mientras sudaba y sudaba.

Afirmó que el ascenso a subdirector de Operaciones de Jesús Carrasco Ruiz es con la encomienda de investigar, perseguir y detener a delincuentes peligrosos, que algunos ya están identificados, así como la procedencia de las amenazas en contra del nuevo funcionario de la corporación.

“Son tres o cuatro grupitos que se organizan para atacar, pero nada más”.

Aceptó que Fausto Isidro Meza Flores, el Chapo Isidro, jefe del cártel de Guasave, está atrás de la matanza de civiles y de los ataques a policías.

“Detuvimos a uno de ellos y nos dio nombres, esperamos cumplir las órdenes de aprehensión”.

El pretexto de Zenén

El alcalde Zenén Aarón Xóchihua Enciso reconoció la entrega, valentía y valor de su ex jefe de seguridad pues los resultados al frente de la corporación “ahí están”.

“Cambió la mística de la corporación, aunque se asumieron costos de pérdidas de vidas humanas”.

Negó que el cambio de Carrasco fuera debilidad institucional o una medida de protección contra las denuncias de abuso o de las amenazas recibidas.

“Creo que es institucional, por los reacomodos del Mando Único”.

Aunque el removido aclaró que su cambio no era por el Mando Único, pues para ascender a él se requiere grado escolar de profesional, y él no lo tiene, es más bien, interno, de la Policía Ministerial.

Genaro García Castro, secretario de Seguridad Pública en Sinaloa, descartó también que el jefe Ministerial haya sido removido por la reestructuración que obliga el Mando Único.

“Te lo aseguro, no es por eso”.

Tras una reunión cónclave en el despacho de la presidencia, el ministerial Gerardo Amarillas Gastélum fue designado relevo de Jesús Carrasco Ruiz.

Entrevistado por Ríodoce, ofreció seguir en la línea de trabajo y resultados de Jesús Carrasco.

“No, no vamos a combatir a un solo grupo, sino a todos. No tengo nexos con nadie, a mí no me ha señalado nadie, yo vengo a trabajar y a superar lo hecho hasta ahora. No me incomoda nada de lo que se dice porque no es cierto. Vengo a redoblar esfuerzos, a buscar los focos rojos y apagarlos”.

Los saldos de Carrasco

María Aracely Sepúlveda Sauceda, visitadora en la zona norte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, afirmó que en el periodo del director interino de la Policía Municipal, Jesús Carrasco Ruiz, se registraron 588 denuncias por abusos y el número más elevado de quejas fue de 250, en el 2012.

No hubo un estrato social afectado, directamente, pues la Policía Municipal maltrató, abusó de su poder y puso en riesgo la integridad física de jornaleros y profesionistas por igual.

Las arbitrariedades de la Policía Preventiva en el periodo de Carrasco fueron sistemáticas, a tal grado que en febrero del 2013 se emitieron varias recomendaciones, que fueron aceptadas por el alcalde, pero incumplidas cabalmente, hasta ahora.

Leonel Valenzuela Gastélum, presidente del Instituto de Criminología del Noroeste A.C., dijo que lo que se sabe es que el jefe de policía tuvo resultados que satisfacen a la autoridad, pero que generaron terror en la población civil, porque en las calles era llamado el ejecutor, el “brazo de la limpia”, que era el que tenía el poder para decidir quién sí y quién no vivía, quién trabajaba y quién no.

“Sí hubo trabajo, pero también mucha gente dolida, muchas denuncias en contra de este funcionario”.

Lo cuestionable no es el resultado, sino el método, dijo. En su estancia aumentaron los hallazgos de cadáveres, de levantones, secuestros, abusos, excesos, muchos imputados a policías preventivos, a su grupo cercano.

“Una autoridad no debe combatir la violencia con delincuencia institucional porque se pierde la esencia de su creación, del estado de derecho”.

“Lo cuestionable es que no es con bota y fusil como se va a controlar la situación, sino con programas de prevención del delito. Y claro, esos programas no interesan a los políticos actuales porque no les tocará a ellos ver los resultados, por ello el mazazo es lo mejor. Seguiremos viviendo el terror en las calles, con o sin Carrasco”.

La peculiar historia del millón

Si alguien sabe que en Sinaloa, desde que Mario López Valdez gobierna, la impunidad cabalga a todo galope, es Juan de Dios Juárez Borboa. Es un productor de maíz que buscando justicia entabló una serie de denuncias en contra de Jesús Carrasco Ruiz, por el robo de un millón de pesos, que destinaría para las cosechas de todo un año. Ninguna acusación prosperó. Todas fueron congeladas y él pasó de ofendido a indiciado, y peor aún, a perseguido.

Al productor, el primer abogado que contrató para recuperar su dinero, lo traicionó. Este es hijo del procurador general de justicia, Marco Antonio Higuera Gómez.

El segundo y tercero abogado dejaron de ayudarlo porque fueron amenazados por el fiscal del estado, de que si continuaban se les cerrarían las puertas a sus litigios.

El cuarto, Juan Ramón Fuentes Campas, fue asesinado después de que convenciera a testigos de que identificaran a Carrasco en el robo del millón de pesos. Con el asesinato, los testigos se retractaron y Juan de Dios decidió “poner tierra de por medio” para salvar su propia vida y la de su familia.

No solo perdió el dinero, sino también su casa, la tierra, la cosecha, amigos y familiares. Se autoexilió.

En su recuento de hechos, dice a Ríodoce, solo espera que el actual gobernador, Mario López Valdez, o alguien de su familia, quede en manos de un delincuente convertido en policía y protegido por el Gobierno, para que padezca al demonio que él mismo creó.