El Ejército impuso sus condiciones y los alcaldes lo aceptan temporalmente

Río Doce.- Bajo la dura supervisión militar y el excesivo muestreo por todo el estado del director de la Policía Ministerial, Jesús Antonio Aguilar Íñiguez, el Mando Único Policiaco en Sinaloa nació tambaleante. Bastará con que un alcalde se inconforme o que los operativos no den los resultados previstos para que se anule el convenio.

El Ejército, quien fijó como regla que ninguna persona con sospechas de vínculos con el crimen organizado ocupe el Mando Único Policiaco en los 18 municipios o en el estado, ha “palomeado” a los nuevos titulares de las direcciones de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. Mientras que Chuytoño, muy a su estilo, hace gala de que tal vez no logre el cargo de coordinador de todas las policías en Sinaloa, pero sí tendrá el control de ellas.

Acelerada la instauración del Mando Único luego de que el Ejército aceptara declarar la alerta roja en el norte de Sinaloa y decidiera meter sus tropas para estabilizar la seguridad en Ahome, Guasave, El Fuerte y Sinaloa, saltan a la vista las evidencias de que los gobiernos municipales fueron invalidados en esas decisiones.

Pero al final obtuvieron una concesión: las cláusulas primera y octava del convenio establecen que este es temporal y podrá darse por terminado a decisión de una de las partes o por causas de fuerza mayor.

La tarde del 17 de junio los alcaldes de Rosario y Escuinapa, Ángel Alfonso Silva y Juan Manuel Lerma, respectivamente, recibieron la indicación desde la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de que al día siguiente acudirían Aguilar Íñiguez y Genaro García Castro, titular de la SSP, a formalizar la instalación del Mando Único.

Los nombres de quienes serían designados se mantuvieron en secreto para los alcaldes hasta que tomaron posesión José Heriberto Vega Guevara, en Rosario, y Félix Rangel Herrera, en Escuinapa. El primero proviene de la Dirección de Servicios de Protección y el segundo de la Policía Estatal Acreditada.

A Concordia, donde el Cabildo se atrevió a proponer a Luis Ángel Zazueta Osuna, integrantes de la Policía Estatal Acreditada que es de todas las confianzas del alcalde José Eligio Medina Ríos, en sustitución de Fidencio Martínez Barragán, cuñado del presidente municipal, no acudieron Chuytoño ni Genaro García a formalizarlo en el puesto.

En Angostura prácticamente obligaron al presidente municipal José Manuel Valenzuela a destituir a Ildefonso Sánchez Marchén, que tenía un año como director de la Policía Municipal, para darle el Mando Único a Ignacio Limón Torres, policía de la PEA que estaba adscrito a Navolato.

Todos recibieron una instrucción irrebatible: acatarían órdenes directas de Chuytoño.

—¿Él será el mando único estatal? —preguntó un alcalde.

—No importa eso, él será el que mande y punto —le respondieron.

La caída de Carrasco

Aunque la designación del Mando Único en Ahome estaba prevista para esta semana, el gobernador Mario López Valdez ordenó adelantarla y el miércoles 19 de junio, en una acción inesperada, fue destituido Jesús Carrasco Ruiz para poner en su lugar a Gerardo Amarillas Gastélum.

Sostenido en contra de múltiples acusaciones de robo, colusión con delincuentes, levantones y ejecuciones, finalmente Carrasco Ruiz se convirtió en una ofrenda para el secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos Zepeda, que llegó a Los Mochis para iniciar operativos militares contra las células criminales que disputan el control del norte del estado.

El jefe militar, a quien una semana antes Malova le solicitó la intervención del Ejército para recuperar la seguridad pública en los municipios norteños, recibió la primera prueba de obediencia a la condición que puso para meter las tropas a esa zona de guerra: quitar los mandos de policías bajo la sospecha de ser parte de la delincuencia.

De acuerdo con información de funcionarios del área
de Seguridad Pública que participan en la definición de los mandos únicos en
las policías municipales, la salida de Carrasco, quien ha librado varios
intentos de asesinato planeados por el grupo criminal identificado como La Mochomera,
se pactó entre el gobernador y el secretario de la Defensa Nacional.

“Originalmente Aguilar Íñiguez lo sostenía como propuesta para ocupar el Mando Único en Ahome, pero las cosas cambiaron al tomar la Sedena la decisión de enviar efectivos y unidades tácticas a los municipios de Ahome, Guasave, Sinaloa y El Fuerte, en Sinaloa, y Laredo y Gómez Palacio, en Durango, que son puntos rojos que el Ejército ha marcado en el norte del país”, informa la fuente.

El general Cienfuegos Zepeda habría recibido un informe que da cuenta de atentados, mensajes, denuncias penales y notas de prensa que involucran a Carrasco Ruiz no solo como blanco de ataques sino como parte indiciada en varios hechos delictivos.

El derrumbe de una de las piezas claves de Aguilar Íñiguez
sofocó la aparatosa designación de los mandos únicos en los municipios. Chuytoño reaccionó cobijándose con una subdirección en la Policía Ministerial. Pero en cuanto el general Cienfuegos se fue de Sinaloa acabaron las prisas del Gobierno del Estado por cumplir el convenio nacional de unificación de mandos.

En Navolato, la designación de Jesús Alejandro
García Medrano evidenció otro de los enredos sobre los que surge el Mando Único
en Sinaloa. El ex jefe de la
Policía de Mazatlán, que dejó el cargo luego de que el 18 de
marzo de 2013 agentes bajo su mando fueron acusados de asesinar a dos militares
en un supuesto enfrentamiento, fue reivindicado supuestamente con la aprobación
de la Sedena.

Tras ese hecho, donde se detuvo a siete policías como presuntos culpables luego de que la Tercera Región Militar pidió una investigación a fondo, García Mdrano regresó a la Policía Ministerial. Perteneciente al grupo policiaco que controla Chuytoño, el miércoles de la semana pasado fue favorecido con el Mando Único en Navolato.

En Culiacán, Juan Antonio Murillo Rojo, un abogado egresado de la Escuela Libre
de Derecho, fue designado en el Mando Único, en sustitución de Carlos Alfonso
Ontiveros Salas, quien el mes pasado dimitió al cargo tras presuntas amenazas
que recibió de parte de sicarios del cártel de Sinaloa que fueron detenidos en
un operativo de la Policía Municipal y posteriormente liberados.

Cambio de estrategia

El secuestro de Francisco Espinoza Armenta, miembro del equipo personal de Seguridad del gobernador Mario López Valdez, cometido a principios de este mes en la comunidad Callejones de Guasavito y adjudicado al grupo delictivo que encabeza Isidro el Chapo Meza Flores, acabó con el discurso malovista de que los cuerpos policiacos locales podían solos en la lucha contra el crimen organizado.

Como corolario de la oratoria de autosuficiencia y frente a amenazas lanzadas contra el mandatario y funcionarios de Seguridad Pública, Malova convocó a su Gabinete de Seguridad a sesionar en Los Mochis, el reciente 6 de junio. Ahí se acordó solicitar la presencia de elementos del Ejército y de las policías federales.

El frustrado ataque que el 9 de mayo realizó un grupo armado contra el entonces jefe de la Policía de Ahome, Jesús Carrasco Ruiz, al igual que volantes amenazantes lanzados sobre Los Mochis desde aeronaves, y la serie de ejecuciones y matanzas en la región norteña, originaron que el Gabinete de Seguridad declarara alerta roja en aquella zona.

Bajo esa circunstancia, la seguridad pública se tornó alta prioridad para Sinaloa y el Gobierno federal, al aceptar brindar apoyo, estableció la condición de que se acelerara el establecimiento del Mando Único.

Aunque a marchas forzadas, en la mayoría de los casos como imposición a los municipios pero dejando abierta una ventaja para que desistan los ayuntamientos firmantes, el Mando Único adquiere forma en Sinaloa.

Sin embargo, según la opinión de expertos en seguridad pública, el Mando Único no es la solución definitiva al fenómeno de criminalidad que afecta a distintas zonas del país. En declaraciones hechas en marzo de este año a la revista Proceso, Dante Haro, especialista en seguridad, afirma que el Poder Legislativo federal y estatal tendrán que reformar los artículos 115 y 51 de la Constitución en el apartado de la seguridad que brinda el municipio, a fin de adaptarlos al nuevo esquema que promueven la Federación y los estados.

“Estamos hablando de una función concurrente, en la cual participan la Federación, los estados y los municipios. Mientras no se den las modificaciones necesarias, debemos atenernos a la buena voluntad de todos en esa propuesta de colaboración, y es obvio que con el paso que se ha dado se están brincando ese aspecto jurídico, vital para garantizar el éxito operativo de los cambios”.

Y agrega: cualquier municipio que firma la carta compromiso, pero después dice que no le conviene o que no está de acuerdo, “constitucionalmente tendrá las facultades para hacerse a un lado”.

Siete pistas del Mando Único

En los convenios firmados entre el Gobierno del Estado y los 18 ayuntamientos de Sinaloa para la integración del Mando Único se establecen las condiciones en que funcionará este nuevo esquema de coordinación policial:

1) Los ayuntamientos encomiendan de forma temporal al Gobierno del Estado el mando de la Policía Preventiva Municipal, responsable de la prestación del servicio de seguridad pública, a fin de mejorarla.

2) Las partes acuerdan que podrá darse por terminado de manera anticipada el convenio, por acuerdo de las partes y/o por caso fortuito o fuerza mayor que impidan el cumplimiento del mismo.

3) Se condiciona este acuerdo a que el Gobierno de Sinaloa, en un marco de responsabilidades compartidas, homologue a los policías municipales y proceda a la profesionalización y certificación.

4) Las partes acuerdan que la designación de la persona para ocupar el mando en las direcciones generales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, se realizará por parte del municipio de entre los servidores públicos de la Policía Ministerial del Estado, de la Policía Estatal y Policía Municipal debidamente certificados y en funciones dentro de la corporación policial.

5) El Gobierno del Estado y los ayuntamientos, cuando así lo solicite cualquiera de ellos, podrán revisar el contenido de lo convenido, con el propósito de adoptar las medidas necesarias para mejorar los compromisos acordados, así como el enlace y la comunicación requerida para su debido cumplimiento.

6) En caso de alguna eventualidad para el debido cumplimiento de los compromisos adquiridos, las partes acuerdan tomar las medidas o mecanismos que permitan afrontarlas. En todo caso las medidas y mecanismos acordados serán formalizados mediante la suscripción del convenio modificatorio correspondiente.

7) Las partes interpretarán y resolverán de común acuerdo, en el ámbito de sus respectivas competencias, todo lo relativo a la ejecución y cumplimiento del presente convenio de conformidad con las leyes federales, estatales y municipales aplicables.