El crimen organizado al mando de Rocio Nahle

Veracruz: territorio dividido y vidas pagadas

Veracruz concentra una violencia que se mide en homicidios, en economías asfixiadas, comunidades desplazadas y en la falta de control del territorio.

Veracruz se ha convertido en un territorio donde la violencia del crimen organizado no solo disputa rutas y puertos estratégicos, sino que redefine la vida cotidiana y la economía local.

Despacho 14

El violento oficio de escribir

Alfredo Griz/Los Ángeles Press

La carretera que une Coatzacoalcos con el interior del estado atraviesa franjas de maleza, cascos de ranchos abandonados y, de vez en cuando, los restos de lo que fue una vida normal: un comercio clausurado, un taller con la puerta sellada, un letrero que anuncia “se renta” y un recuerdo, en el mejor de los casos, de que alguien vivió allí. Veracruz ya no es solo un mapa de puertos y bahías: es un tablero reconfigurado por el crimen organizado, por pequeñas y grandes mafias que disputan rutas, por células que cobran derecho de piso y por una economía local que paga con decenas de miles de pesos y —sobre todo— con vidas humanas.

En el último año disponible, la factura en muertos no es una cifra fría sino una constelación de trayectorias truncadas. Las estadísticas oficiales y el recuento periodístico muestran que Veracruz cerró el 2024 con cifras que superan los cientos de homicidios adjudicados a la violencia vinculada al crimen organizado; en 2025 la violencia no cedió: en los primeros diez meses hubo, por lo menos, entre 700 y 875 homicidios dolosos registrados según agregados locales. Estas cifras representan un aumento cuantificable respecto al año anterior en varios cortes temporales y colocan a la entidad fuera de la tendencia de reducción que exhiben otras regiones del país.

Los actores que han reconfigurado el territorio veracruzano no son fantasmas: se trata de estructuras con nombres distintos según la región —franquicias de grandes cárteles, remanentes de organizaciones desarticuladas, bandas locales que han aprendido a explotar puertos y corredores comerciales— y de una movilidad táctica que las hace difíciles de erradicar. En algunas zonas se aprecian enfrentamientos directos entre grupos que buscan controlar puertos y aduanas; en otras predominan las redes de extorsión y la apropiación de cadenas productivas (agricultura, transporte y obra pública). En la práctica cotidiana esto significa escoltas armadas en rutas de carga, exigencia de pagos a transportistas, y la ocupación de espacios públicos por grupos armados que imponen silencio y desplazamiento.

Mientras tanto, la respuesta del Estado ha sido fragmentaria y a menudo contradictoria. En el discurso oficial se han anunciado reducciones en delitos de alto impacto y operativos mediáticos; en los hechos, la estadística local y las denuncias ciudadanas registran repuntes en delitos que erosionan la economía doméstica: extorsión, robo en carreteras, asaltos a transportes y una alarmante persistencia de homicidios en corredores estratégicos. Esa aparente desconexión entre anuncios y realidad ha alimentado la percepción pública de inoperancia estatal: ministerios que publican índices favorables mientras en municipios las escuelas y comercios cierran por miedo.

El costo económico no es una metáfora: es un número que cuantifica la pérdida de oportunidades, la fuga de inversiones y el gasto preventivo que asumen hogares y empresas. En el país, estimaciones oficiales y de institutos especializados difieren, pero aun la estimación más conservadora traduce la inseguridad en cientos de miles de millones de pesos anuales. Para 2024, las encuestas de victimización permitieron calcular un costo agregado por delitos que equivale a varios cientos de miles de millones de pesos —una cifra que incluye pérdidas directas, gasto en seguridad privada, y costos en salud y productividad—; otras estimaciones amplias que suman el impacto de la violencia a la economía elevan el número a varios billones, si se consideran también efectos indirectos como la caída de inversión y turismo. En Veracruz, el efecto se manifiesta en cierres de negocios, turismo deprimido en municipios costeros en temporadas claves y un sector logístico con mayores primas de riesgo y rutas alteradas, con un daño económico que, aunque difícil de aislar exactamente, se traduce en pérdida de ingresos para miles de familias y empresas pequeñas.

Hay indicadores concretos que muestran el golpe económico local: el crecimiento de denuncias por extorsión —que en períodos recientes registró aumentos de doble dígito en lapsos semestrales— significa que micro y pequeñas empresas destinan porcentajes relevantes de su ingreso a pagos forzados o a medidas de protección (seguridad privada, blindajes, rutas alternas). Ese dinero sale de la actividad productiva y se vuelve costo muerto; además, la incertidumbre desanima a inversionistas y a cadenas comerciales a desplegar infraestructura en zonas donde el riesgo se internaliza como parte del cálculo de costos.

La inoperancia del gobierno estatal tiene varios rostros: demora en la coordinación interinstitucional, flujos opacos en el uso de recursos destinados a seguridad, y la incapacidad para proteger rutas estratégicas pese a la reiteración de que se llevan a cabo operativos. En algunos periodos y municipios se aprecian además discrepancias técnicas entre los registros oficiales de delitos y las cifras locales reportadas por medios y organizaciones —una dinámica que, en la práctica, mina la confianza ciudadana y obstaculiza la investigación eficaz de redes criminales—. En zonas portuarias, por ejemplo, la simultaneidad entre grandes movimientos de carga y la aparición de bandas que controlan gateo y almacenamiento revela una falla en la cadena de inteligencia y en la supervisión aduanera que termina por encarecer la logística y por permitir economías ilícitas paralelas.

Las consecuencias sociales son devastadoras: familias desplazadas, cierres de escuelas por temor, y una pérdida de tejido comunitario que no se contabiliza en los boletines. La violencia genera además costos a largo plazo: niños y jóvenes que abandonan la escuela por inseguridad, empresarios que prefieren no invertir o que trasladan operaciones, y cadenas productivas (como el transporte de mercancías) que encarecen sus servicios por rutas más largas o por pagos informales. En términos sanitarios, los hospitales reciben víctimas y los servicios públicos se tensionan con atención a emergencias que podrían mitigarse con prevención efectiva.

¿Qué hubiese permitido mitigar el daño? La lectura elemental apunta a una estrategia integral: investigación sostenida (no solo operativos relámpago), protección de testigos y denuncia efectiva, control real de puertos y aduanas con auditorías independientes, y un esfuerzo concertado para cortar el financiamiento de las redes mediante inteligencia financiera. En la práctica veracruzana, faltan mecanismos de seguimiento que permitan traducir detenciones locales en desarticulación de estructuras; faltan, también, políticas públicas que reconozcan el impacto económico de la violencia y que acompañen a las víctimas con programas de recuperación de negocios y empleo. Sin esa correlación entre acción policial y reparación social, la violencia se reproduce.

El mapa humano es el más doloroso: cada homicidio, cada extorsión satisfecha, representa una decisión forzada —cerrar, emigrar, callar— que erosiona la vida cotidiana. Los números que cité al inicio son la forma fría de un fenómeno que, en la práctica, se traduce en funerales que no cierran, empresas que no reabren, y barrios que pierden la vida social. Mientras el aparato estatal publique indicadores que no coinciden con la experiencia de las calles, la distancia entre la ciudadanía y las autoridades seguirá siendo el terreno fértil donde el crimen organiza su reproducción.