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Ricardo Ernesto Flores Gómez

La desaparición de las oficinas de comunicación social es un error y una medida que, se lleva entre las patas, enciclopédicos tratados éticos, jurídicos y de seguridad e institucionalidad democrática y gubernamental que, por falta de espacio, no hemos de mencionar. También es un atropello para los profesionales de comunicación que realizan su labor con seriedad, empeño y principios. En lugar de desaparecer esas áreas, indispensables en el quehacer informativo, se debió reglamentar su operación e impulsar su modernización en un estado de libertades, moderno y abierto como se presume será la administración de Andrés Manuel López Obrador.

Es de todos conocido que las oficinas de prensa de gobierno han sido usadas para corromper y usar el dinero para privilegiar relaciones de poder, actuar no solamente como guardaespaldas de la imagen del titular de la dependencia en turno sino para ocultar o manejar información de acuerdo a los intereses políticos y eso ha sido bautizado como “publicidad oficial”. Eso en definitiva no puede cambiarlo un comunicador porque éste es un empleado que obedece las disposiciones del sistema: son los poderes los que pueden cambiar el actual estado de cosas a través del ejecutivo, legislativo y judicial.

Desapareciendo las oficinas de comunicación social no cambia, en absoluto, esta realidad ni hace más transparente las publicaciones gubernamentales y el uso de los espacios en los medios de comunicación que de cualquier manera seguirán: es un simple acto de hipocresía política.

El trabajo de comunicación social es necesario, es fundamental, como el adecuado transmisor de la agenda pública y debe seguir, lo que debe cambiar es la relación del poder con los medios en la construcción de una verdadera democracia y no transitar hacia condiciones dictatoriales que quieren alcanzar utópicas transformaciones por decreto y anulando las libertades.

En Europa, las oficinas de comunicación social no marcan su trabajo por la personalidad del gobernante sino muestran una agenda democrática y en México, sin estas áreas tan indispensables ¿Cómo se proyectará la imagen de nuestro país en el mundo? ¿A través de concentrar el papel de estas áreas en un solo órgano dependiente del Ejecutivo Federal? ¿Cómo se puede llamar a esto? Esto es complejo por lo que tal afirmación es torpe y descabellada.

Hay que diferenciar el ejercicio de la comunicación de la propaganda, la publicidad y el marketing político, aunque hay que reconocer que es el gobierno uno de los principales clientes de los medios y que ningún periódico impreso vive de la circulación sino de la publicidad. Sin embargo, esto no tiene por qué definir la línea editorial como alguna vez refirió en su famosa frase el ex presidente José López Portillo: “Yo no pago para que me peguen”.

Otros análisis son que los gastos en medios seguirán pero ahora basados en criterios estrictos destinando recursos únicamente a los de mayor audiencia y que garanticen el impacto, lo que dejaría sin ingresos a los medios más pequeños o no tradicionales.

Todos los gobiernos modernos tienen oficinas de comunicación social que sirven de vínculo con los medios y en México esto data desde las primeras administraciones emanadas de la revolución para proyectar las acciones realizadas con el dinero recaudado a través del sistema tributario.

Fue Lázaro Cárdenas quien, en 1936, creó la Dirección de Publicidad y Propaganda como parte integrante de la Secretaría de Gobernación, y después, a los cuatro meses, el 31 de diciembre de 1936, se convirtió en Departamento de Publicidad y Propaganda, separándose de Gobernación. Más adelante, en 1937, pasó a ser “Laboratorio de comunicación social”. Con José López Portillo, en 1977, regresa a la Secretaría de Gobernación como Dirección General de Información y Relaciones Públicas y comenzó a fluir el dinero a las oficinas de comunicación social. Desde entonces, nacieron estas áreas con el propósito de dar a conocer a la opinión pública la versión oficial de los acontecimientos en que intervenía el gobierno y nació la “tradición” de ser guardaespaldas del gobierno y vínculos con el Cuarto Poder.

El asunto fue más lejos en 1982, cuando José López Portillo convirtió esta área en Coordinación General de Comunicación Social y la misma pasó a depender de la Oficina de la Presidencia de la República y posteriormente, fue el presidente Miguel de la Madrid quien contempló ampliar las facultades de la Secretaría de Gobernación en lo que se refiere a la normatividad de los medios y fue así como en 1983, se creó la Dirección General de Comunicación Social de la Presidencia de la República. Más adelante, Carlos Salinas de Gortari en 1993 fue el primero en realizar una acción similar a la que actualmente pretende realizar el presidente electo Andrés Manuel López Obrador.

Salinas reforzó la importancia de la Oficina de la Presidencia en el manejo de las funciones comunicativas, desplazando a la Secretaría de Gobernación, y anunció en 1993 una nueva relación entre las Oficinas de Comunicación Social y los medios de comunicación. Algo similar a lo que anuncia ahora López Obrador ¿Coincidencia?

La medida más importante que tomó Salinas fue una reducción de 50 por ciento de los presupuestos de esas oficinas y puso en evidencia que la elaboración de boletines de prensa, la asignación discrecional de publicidad y el manejo de apoyos económicos a los medios de comunicación eran las funciones de estas oficinas ocasionando su descrédito.