Amador Rodríguez Lozano/LAP

Si las encuestas no cambian, AMLO será presidente de México. Ello significaría un cambio político y social en nuestro país, pero ¿tendríamos un cambio profundo y permanente? Yo creo que no. Explico por qué. Los cambios profundos requieren de nuevas instituciones, de nuevas normas y mecanismos para hacerlas efectivas. Dice mi amigo Rolando Tamayo y Salmorán en su libro La idea de Constitución que, si no existe un procedimiento cierto para ejercer un derecho, éste en realidad no existe, es tan sólo una declaración política.

La democracia contemporánea exige instituciones para que el pueblo participe en la gestión de gobierno. Muchas veces he repetido la frase de J.J. Rousseau, que expresó con motivo de las elecciones inglesas: “Los ingleses creen que son libres, pero sólo lo son a la hora de votar”, dijo el filósofo ginebrino. Sí, eso pasa también con los mexicanos; sólo ejercemos nuestra libertad a la hora de votar y después nos marginan de las decisiones públicas. ¡Esto debe terminar! Requerimos para que de verdad exista democracia, que se creen nuevas instituciones tales como el Referéndum, para que participemos con nuestro voto en aceptación o rechazo de reformas constitucionales.

Es necesario contar con la revocación del mandato, para retirar de su cargo a los políticos, que no cumplan con sus promesas de campaña o bien que no trabajen en beneficio del pueblo. Es indispensable que se cuente con una acción popular para sancionar a aquellos que violen la Constitución. En la actualidad el presidente esta violando la Constitución, al no enviar la propuesta al Senado para designar al Fiscal General, nombrando a un encargado de despacho, con los cual evita la participación del Senado, pues éste encargado de despacho, que por cierto no cumple algunos requisitos para ser fiscal, por lo tanto, no podría ser encargado del despacho, es en los hechos un nuevo fiscal general y como hay complicidad de los senadores, chicanamente violan la Constitución.

Lo mismo sucede con el Senado al postergar el nombramiento del fiscal Anticorrupción o la Cámara de Diputados, que no ha nombrado al titular del Órgano Superior de Fiscalización. Todos ellos violan la Constitución impunemente, pues solo a través del juicio político podrían ser castigados, pero como hay complicidad entre ellos, nada pasa. Por eso propongo una acción popular para castigar la violación a la Constitución y la sanción con pérdida del cargo al que reiteradamente la viole, como es el caso.

La corrupción que se da en las obras públicas, tanto en la adjudicación como en su realización, debe ser vigilado por los ciudadanos, por ellos cada obra debería tener un comité de vigilancia ciudadana, que monitoree la adjudicación y su ejecución. Creo también que la Constitución debería dividirse en tres grandes apartados, aquellas normas fundacionales del Estado mexicano, las cuales Jorge Carpizo denominaba las decisiones jurídico-político fundamentales, que necesariamente deberían aprobarse por referéndum o a través del sistema francés, que una legislatura las apruebe y la siguiente lo ratifique o rechace. Un segundo paquete de normas donde se encontrarían las garantías sociales, las cuales deberían seguir aprobándose como hasta ahora, con el sistema norteamericano, en el cual intervienen el congreso federal y los congresos estatales Y un tercer paquete de normas, las llamadas programáticas, que son las que cada gobierno puede incluir en la Constitución, para establecer su programa político, que deberían ser aprobadas con el 51% de la totalidad de los legisladores.

Una nueva institución debería incorporarse a la Constitución, misma que ha sido propuesta por el gran jurista mexicano, Héctor Fix Zamudio, que consiste en crear normas similares a las brasileñas, para que en caso de que el Congreso no legisle, la Suprema Corte, intervenga creando una legislación de emergencia, que tendría vigencia hasta en tanto no legisle el Poder Legislativo. Así se reducirían las violaciones constitucionales y el vacío legislativo. Este sistema ya existe en Chiapas. En los municipios de la Ciudad de México deberían crearse asambleas legislativas municipales, con atribuciones reglamentarias, como los arrondissements (Barrios) parisinos, especialmente con la facultad de aprobar el cambio de uso de suelo. Esta última atribución se debería establecer para todos los ciudadanos del país en los municipios. También la consulta ciudadana para las obras municipales. Es realmente terrible que llegue un presidente municipal y cambie el concreto por adoquín en las calles, y el siguiente presidente municipal quite el adoquín y ponga concreto, en un juego sin fin de caprichos y corruptelas.

Sin embargo, hay un problema serio, alrededor de mi propuesta. Ningún partido por sí sólo puede reformar la Constitución. El número máximo que puede tener un partido en la Cámara de Diputados, son 300. Eso quiere decir que deberá haber acuerdos. Sin los acuerdos no habrá avance democrático ni reformas profundas y permanentes. Estoy seguro de que, si gana AMLO, habrá una actitud obstructiva de los legisladores de oposición. Ya lo viví en la época de Fox, el PRI se oponía prácticamente a todo. Así sería si gana AMLO. Criticarían todo PAN, PRD y PRI y a todo se opondrán, lo que demandará enorme sensibilidad y capacidad de concertación de los operadores del Peje, para llegar acuerdos. Estoy convencido que de aprobarse la reformas que propongo, más otras instituciones similares, el país si tendría un cambio profundo y permanente.