Altares y Sotanos/Río Doce

Hay un gobernador en picada, un jefe policiaco bajo la sombra de la sospecha y una sociedad que no se chupa el dedo. El jefe policiaco es evidenciado públicamente con alguna de sus debilidades, el gobernador lo cobija y la sociedad trata de explicarse por qué se le protege y quién.

Lo curioso es que el jefe policiaco es el mismo del escándalo aquel y ocupa el mismo cargo que entonces. Y que el actual gobernador se declaró hijo político del que gobernaba hace una década.

Hace diez años, el 5 de julio de 2004, Ríodoce publicó un reportaje escrito por Cayetano Osuna, donde se exponen compras millonarias de Jesús Antonio Aguilar Íñiguez en Mazatlán y en Escuinapa: Una casa de lujo en el Cid, una casa de campo (también de lujo) en Isla Paraíso, una privada paradisíaca cerca de Teacapán con vista a la playa… varios camiones de pasajeros. Las dos casas habían sido adquiridas en menos de dos meses (entre julio y agosto de 2002) y los autobuses también por esos días. Y todo aparecía a nombre de su esposa, la señora Dolores Ramona González.

Aguilar Íñiguez era, como ahora, director de la Policía Ministerial y el gobernador era Juan Millán Lizárraga, quien tenía también, como el actual, la idea de que el crimen no se combate con “blancas palomas”. Como factótum de los asuntos de seguridad, por encargo directo de Millán, estaba Luis Pérez Hernández, asesinado en enero de 2011, apenas iniciada la actual administración.

Ante las evidencias publicadas por Ríodoce, Millán Lizárraga llamó a Chuytoño a su despacho, pero no para anunciarle que se iba, sino para decirle que aguantara. “Saldremos de esta, comandante”, le habría dicho. La soberbia del gobernante por encima de la sociedad y del escarnio público. O los compromisos con los poderes reales de Sinaloa.

La historia posterior a este episodio le daría la vuelta al mundo: dos meses después, el 11 de septiembre de ese año, el hermano menor del extinto Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los cielos, Rodolfo Carrillo, fue asesinado junto con su esposa en la plaza Cinépolis.

El crimen sería lo de menos frente al mierdero que destapó: el jefe de escoltas del capo era el comandante Pedro Pérez López, jefe de Investigaciones de la ministerial, quien gozaba en ese momento de un permiso con goce de salario. No existía entonces la guerra que a partir de este hecho se desataría entre los Carrillo y los Guzmán y los comandantes se acomodaban donde podían para obtener dinero y poder.

Ya no era posible sostener a Aguilar Íñiguez. Toda la federación volteó a ver a Sinaloa, sobre todo por las evidencias de la gran corrupción que se destapó a partir de este crimen.

Esta vez Millán le llamó para solicitarle que renunciara y le recomendó que pusiera pies en polvorosa junto con sus hombres, pues la PGR ya estaba en Sinaloa y preparaba una investigación sobre el grupo compacto del comandante. Se fueron todos y huyeron como cucarachas después de una aplicación de “Borax” en una alacena. Pedro Pérez, quien resultó herido, fue detenido y consignado. Acaba de salir de la cárcel.

Otros comandantes fueron detenidos y absueltos. Algunos están retirados y cantan en los bares sin soltar la cangurera. Pero otros como Martiniano Vizcarra y Héctor Manuel Castillo, se reintegraron al “servicio público”, al ser llamados de nuevo por Chuytoño.

Como hace diez años, el jefe policiaco ha puesto en un predicamento al gobernador. Hoy está siendo señalado de no aprobar los exámenes de control y confianza a los que está obligado para ejercer el cargo. Al no cumplir con ese requisito, él y el gobernador se ubican en la ilegalidad, en desacato de la Ley.

Pero al gobernador parece no importarle mucho. Esgrime una y otra vez los “resultados” del comandante. Y de que nadie “se ha comprometido como él contra la delincuencia”.

Ahora que surgió esa amenaza clara contra el corresponsal de Televisa en Sinaloa, Enrique Gil Vargas, Malova saca la cara por él, pide perdón por él. Y de nuevo, como hace diez años, la gente se pregunta ¿Quién protege a Chuytoño? ¿Es el gobernador solamente o son aquellos que desde las sombras, a fuerza de plata y plomo, controlan a los cuerpos policiacos?

Bola y cadena

ES EL PEOR MOMENTO PARA que el sistema se seguridad del gobierno estatal haga agua. A Malova se le adelantó el ocaso de su mandato, él mismo lo adelantó; se juntan dos elecciones, la de este año, federal, y la que sigue, por la gubernatura. Y la violencia gravitará —como en casi todo el país— sobre los procesos electorales. Hace cuatro años asesinaron a un prominente abogado de narcos, Enrique Mendívil, 15 días antes de la elección. Y no pasaba un mes de haber rendido protesta el gobernador, cuando fue asesinado uno de sus principales operadores de campaña, Luis Pérez. El horno no está para bollos. El procurador de justicia, Marco Antonio Higuera, quiere irse desde hace mucho del cargo pero Malova le ha pedido reiteradamente que lo espere. En conclusión: el sistema de seguridad está colgando de alfileres. Pero el gobernador se niega a realizar cambios.

Sentido contrario

SI EL PRESIDENTE, ENRIQUE PEÑA tenía alguna oportunidad de volver a empezar, la perdió ya. Y entonces todo puede esperarse de un PRI que se reafirma en el autoritarismo y la corrupción. El nombramiento de Eduardo Medina Mora como Ministro de la Corte y avalado por el Senado, no es una muestra de fuerza, sino de gran debilidad del presidente. Acto que lo empequeñece.

Humo negro

EL ACARREO AL FORO SOBRE los pretendidos hospitales hubiera sido lo de menos si el gobernador no hubiese reducido la discusión a un asunto de buenos y malos. Ah, chingá. O sea que, ahora, los que cuestionan, critican, preguntan y piden cuentas claras, deben ser ubicados del lado de la maldad humana. ¿Y dónde prenderá la hoguera, gobernador?