A nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México, me permito fijar nuestra opinión como Grupo Parlamentario Mixto en el seno de la Honorable LXII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes, con relación a los temas de la Procuración e Impartición de Justicia.

Somos ambos, el PRI y el Partido Verde, organizaciones políticas que desde nuestros orígenes y desde nuestros principios básicos hemos estado siempre a favor de la legalidad y el respeto al estado de derecho.

Consideramos que deben ser tratados con absoluta objetividad y certeza, casos como el que se suscitara hace algunos días, en el que se viera involucrado el ciudadano Ulises Morín Ortiz, quien como sabemos se encuentra actualmente en un estado delicado de salud, por un supuesto intento de suicidio, y en medio de versiones de sus familiares de que la agresión provino de elementos policiales.

En casos lamentables como estos, los legisladores del Grupo Parlamentario PRI-Partido Verde, establecemos clara y firmemente nuestra posición, de que las investigaciones e indagatorias que tiendan a esclarecer estos hechos, lleguen hasta sus últimas consecuencias y se sancione con todo rigor a  quienes resulten responsables. Para la conciencia social es inaceptable cualquier hecho que violente el estado de derecho y los derechos humanos de toda persona.

Pero también externamos nuestro respeto a la autonomía y división de poderes que nos impone nuestra Carta Fundamental, por lo que creemos que el Congreso no deberá pronunciarse anticipadamente, sobre hechos que son materia de investigación a cargo de la Procuraduría de Justicia, y de la Instancia Estatal Tutelar de los Derechos Humanos.

Ya que hacer un pronunciamiento sin conocer los hechos a profundidad, los informes periciales y los dictámenes legales, nos haría incurrir a los miembros de un Poder distinto, el Poder Legislativo, en este caso, en una indeseable situación invasiva de competencias, y el Poder Legislativo, lo afirmamos categóricamente, no puede erigirse en Ministerio Público del Ministerio Público.

Por todo lo anterior, rechazamos categóricamente que se pretendanpolitizar estos y otros temas relacionados con acciones de procuración e impartición de justicia, ya que, en rigor, afectan la imparcialidad de los procedimientos de investigación y lastiman  la verdadera  protección de los derechos humanos, porque en vez de permitir la acción de la justicia abren la puerta a prejuicios que buscan el lucimiento mediático.

Antes bien, deben primero desahogarse a fondo las investigaciones que establezcan la verdad de los acontecimientos y deslinden responsabilidades a cargo de las instancias jurisdiccionales pertinentes. Eso sí, no podemos tolerar impunidad ni opacidad, como tampoco linchamientos mediáticos.

El respeto a los derechos humanos de los ciudadanos ha constituido uno de los pilares fundamentales de nuestro quehacer político, y bajo nuestra participación política, en su momento, hemos sabido actuar con sentido de pertinencia para reformar y generar mejores leyes que se traduzcan en los hechos, en mejores instituciones públicas para la salvaguarda de los derechos humanos de los ciudadanos, la mejora en los índices de seguridad de nuestras comunidades y para que los ciudadanos accedan finalmente, como debe ser, a una justicia pronta y expedita.

Para los diputados integrantes del Grupo Parlamentario PRI-PVEM  resulta indispensable dotar a la ciudadanía de todos los instrumentos legales que sean necesarios, a fin de garantizar y fortalecer el derecho que todos tenemos a gozar de un juicio justo y apegado al debido proceso legal, como lo consignan los artículos 14 y 16 de nuestra Carta Magna.

Sostenemos que el de la justicia, su debida procuración e impartición, por los delicados y caros valores que tutela, no debe ser sujeta ni rehén de partidarismos. No se debe politizar su tratamiento, haciéndola parte de los intereses de partido y de grupo que a menudo coexisten en el devenir político de las organizaciones.

Recordemos que Aguascalientes pasó, de ser en los últimos doce años una entidad con serios problemas de inseguridad pública y serios problemas en cuanto a la eficacia y eficiencia en cuanto a procuración e impartición de justicia, a ser una de las entidades con menos inseguridad a partir del año 2010 y en materia de procuración e impartición de justicia se ha contado con muy importantes avances que no podemos ni debemos soslayar.

Por todo lo anterior, queremos patentizar desde esta alta representación ciudadana del Estado, nuestro compromiso para continuar promoviendo desde el Poder Legislativo, en consonancia con los principios que animan a nuestras respectivas organizaciones políticas, y en apoyo a los gobiernos emanados de dichas propuestas, políticas, acciones, leyes, e iniciativas de política pública, que brinden a los ciudadanos de Aguascalientes, el acceso a una convivencia segura, en la que se les garantice la inviolabilidad de sus derechos humanos fundamentales, así como facilitar el acceso a una adecuada procuración e impartición de justicia.