Cuauhtémoc Villegas Durán/Gemini

CIUDAD DE MÉXICO/27 DE MARZO DE 2026. – Tras las declaraciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum sobre la supuesta localización de “muchos” de los 133 mil desaparecidos, la organización Fundar (Centro de Análisis e Investigación), junto a colectivos como Data Cívica, CEPAD, Elementa e Ibero, emitieron un contundente comunicado titulado: “La crisis de desaparición en México no puede condicionarse a una carpeta de investigación”.

En el documento, las organizaciones desglosan punto por punto por qué lo presentado hoy en Palacio Nacional es un retroceso legal y una distorsión de la realidad. Aquí el análisis detallado del boletín:

1. La distorsión del “Subregistro” y la Cifra Negra

Fundar advierte que en México el 93% de los delitos no se denuncian. Por ello, utilizar exclusivamente las carpetas de investigación para medir la magnitud de la tragedia es una falta de rigor.

“Sugerir que la apertura de una carpeta de investigación es indispensable para realizar acciones de búsqueda, merma el derecho de todas las personas a ser buscadas”, señala el boletín.

2. La trampa de la “Obligatoriedad”

Las organizaciones desmienten la narrativa oficial que presenta como “novedad” la obligación de las fiscalías de abrir carpetas por desaparición. Fundar aclara que esta obligación existe desde la Ley General de 2017.

• El obstáculo real: No es la falta de leyes, sino la corrupción y omisión de las fiscalías que activamente evitan recibir denuncias o las clasifican como otros delitos para no investigar. Condicionar el registro a un papel burocrático es “premiar la ineficiencia institucional”.

3. Cuestionamiento a la Metodología: ¿96% sin delito?

El comunicado pone bajo la lupa la afirmación de que el 96% de los localizados no fueron víctimas de delito. Fundar denuncia que no se ha dado a conocer la metodología que sustenta tal conclusión, lo cual contribuye a minimizar la gravedad de la crisis y a desdibujar las obligaciones del Estado.

4. El Estado no es un “Espectador”

Uno de los puntos más graves señalados por las organizaciones es el intento del discurso oficial de borrar la desaparición forzada.

• Responsabilidad eludida: Al reducir el fenómeno a la actuación exclusiva del crimen organizado, el Estado borra la participación de agentes estatales y su aquiescencia.
• Impunidad como combustible: Mientras solo una fracción mínima de casos tenga investigación real, el mensaje oficial es de permisividad.

5. Medición de Papel vs. Realidad

El boletín es tajante: el número de carpetas de investigación NO equivale al número de personas desaparecidas. El Registro Nacional (RNPDNO) reporta hoy más de 132 mil desapariciones, y pretender validar únicamente las que tienen archivo burocrático es un intento de evadir la obligación de búsqueda.

6. Simulación de Diálogo y Exclusión

Finalmente, Fundar y las organizaciones acompañantes lamentan que estos instrumentos se presenten sin una convocatoria amplia y transparente.

“Escuchar menciones de colaboración con organizaciones en espacios oficiales, mientras en la práctica se nos excluye… es una forma de simulación”.

Las organizaciones exigen que la búsqueda sea una política de Estado que reconozca, nombre y busque a cada una de las personas cuyo paradero se desconoce, más allá de los trámites de oficina.