Pensiones de privilegio marcan la agenda en Palacio Nacional

Lo que evade Sheinbaum: violencia, corrupción y rendición de cuentas

Sheinbaum centró su discurso en el tema de las pensiones de privilegio, desplazando temas de seguridad y responsabilidades políticas.

Sheinbaum elude también las acusaciones en Puebla contra Francisco Sánchez, secretario de Seguridad de ese estado de vínculos con La Barredora.

Sea respecto de Michoacán, Puebla o el Estado de México, Sheinbaum eludió temas de violencia para centrarse en una reforma de las pensiones de privilegio.

 Los Ángeles Press

La actividad de este miércoles 18 de febrero en Palacio Nacional estuvo centrada en insistir en una de las prioridades de la llamada Cuarta Transformación: utilizar el tema de las pensiones de lujo de los ministros de la SCJN —que objetivamente existieron en el gobierno de México, como existen en muchos otros países— como vehículo para que Claudia Sheinbaum movilice a su base política, mientras se ignoran hechos de sangre y evidencias de corrupción al interior de ese movimiento.

En paralelo, la presidenta repartió elogios a gobernadores de su partido. En esta ocasión, las destinatarias fueron las gobernadoras de Tlaxcala y Quintana Roo, Lorena Cuéllar y Mara Lezama, respectivamente.

Todo ello ocurrió sin que nadie en el Salón Tesorería formulara preguntas sobre las recientes acusaciones contra Francisco Sánchez, secretario de Seguridad de Puebla, señalado por presuntos vínculos con La Barredora.

La Barredora cobró fama por ser la organización criminal, cercana al Cártel Jalisco Nueva Generación, con la que se ha vinculado a Hernán Bermúdez Requena, secretario de Seguridad de Tabasco durante la gubernatura del actual senador de Morena Adán Augusto López.

Y no es que de plano Sheinbaum haya rechazado cualquier pregunta sobre temas de seguridad, como ha ocurrido ya en algunas ocasiones en los últimos meses en sus conferencias de prensa, pues aludió al asesinato de Carlos Manzo, el malogrado presidente municipal de Uruapan, Michoacán, ultimado mientras tenía una actividad pública oficial en su municipio.

Quizás la razón por la que Sheinbaum sí habló en ese caso de un tema de violencia es que sus palabras buscaban exonerar a personajes de la política local michoacana vinculados con el Movimiento de Regeneración Nacional.

El problema para Sheinbaum es que la denuncia contra dirigentes de Morena en Michoacán no provino de la oposición, sino de Grecia Quiroz, viuda de Manzo y actual alcalde de Uruapan. Ante ese señalamiento, la presidente se refugió en el formalismo jurídico —“la fiscalía debe determinar”, dijo—, pero sin disimular la irritación que provocan en Palacio Nacional las denuncias persistentes de Quiroz y de otros actores políticos del estado, quienes han señalado de manera directa la responsabilidad del partido de Sheinbaum en una situación que, a final de cuentas, derivó en el asesinato de su esposo.

Fue notable, además, que a pesar del estupor que causó en la zona metropolitana de la Ciudad de México una nueva masacre de cinco personas en Cuautitlán Izcalli, ninguno de los reporteros asistentes a Palacio Nacional, ni los locales ni alguna de las favoritas de Sheinbaum, como la corresponsal de la televisora venezolana Telesur, hicieran preguntas sobre esta nueva masacre.

En lugar de ello, la siempre solícita representante de la televisora pública venezolana preguntó a Claudia Sheinbaum sobre las pensiones de privilegio. La pregunta dio oportunidad a la titular de la presidencia a reconocer los límites objetivos de su empeño.

Sheinbaum admitió que no tocará las pensiones de los antiguos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni las correspondientes a quienes fueron removidos por la reforma impulsada por Andrés Manuel López Obrador, ni aquellas que ya existían con anterioridad a dicha reforma.

Y es que, incluso si esas pensiones de privilegio resultaran moralmente cuestionables, fueron pactadas conforme a la legislación vigente en su momento. Desconocerlas abriría la puerta a una cascada de litigios y controversias constitucionales y, en cualquier caso, difícilmente contribuiría a resolver los problemas estructurales más graves que enfrenta el país. Los ahorros potenciales están muy lejos de ser tan espectaculares como la llamada Cuarta Transformación ha intentado presentarlos, lo que confirma que el tema opera más como recurso retórico que como política pública efectiva.

Lo que es un hecho, sin embargo, es que aunque Sheinbaum dijo no tener interés en leer el libro recién publicado por Julio Scherer Ibarra, quien fuera el consejero jurídico de la Presidencia de la República con López Obrador, la reforma a las pensiones de privilegio ataca justamente uno de los temas que ese libro destaca cuando habla del uso que Jesús Ramírez Cuevas, exdirector de comunicación del propio López Obrador y actual coordinador de asesores de Sheinbaum, dio a esas pensiones, específicamente a las que se derivaron del manotazo con el que Felipe Calderón extinguió a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro.

Entre las cosas que el libro revela y de las que no hay una respuesta objetiva de parte del actual gobierno federal está el que esas pensiones se usaron para construir y sostener redes de apoyo de la Cuarta Transformación de las que se han beneficiado tanto López Obrador como, más recientemente, Sheinbaum.

Tanto Sheinbaum como Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría Anticorrupción, reconocieron ya desde las diapositivas que usaron en su presentación de la iniciativa que las pensiones en la extinta Luz y Fuerza implican algún grado de opacidad y corrupción, pues durante varios minutos se habló en el Salón Tesorería de la necesidad de revisarlas y acabar con ellas.

El objetivo de la reforma, que involucraría también a entidades como Nacional Financiera, Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad y Banobras entre otras, es fijar un tope máximo a las pensiones que no exceda la mitad de lo que gana Sheinbaum en la actualidad.

A pesar de ese reconocimiento de los problemas que genera el manejo político de esas pensiones, Sheinbaum insistió en negar posibles problemas de corrupción en el seno de la llamada Cuarta Transformación y recicló las acusaciones contra quienes no forman parte o disienten de alguna manera de ese movimiento.

Buenrostro, por su parte, estimó que la narrativa de la denuncia de Scherer Ibarra “no es suficiente” para iniciar una investigación más amplia. La misma Buenrostro, sin embargo, informó que, por instrucciones de su superior se revisan las leyes vigentes para integrar lo que llamó un “paquete anticorrupción”.

“Lo que nosotros queremos es abatir la corrupción y también fortalecer la cultura de la denuncia”, concluyó Buenrostro.

Hacia el final de la actividad Sheinbaum se refirió a las armas que aún ingresan a México desde Estados Unidos. Aunque no hubo claridad respecto de cómo busca resolver el problema, la titular de la presidencia insinuó que insistirá en la idea de exigirle a Estados Unidos que sea quien reduzca el flujo de esas armas y no que sea algo que se vaya a resolver con una mejor operación o funcionamiento de las aduanas en México.