Regeneración, 23 de mayo de 2018.- La empresa de lácteos Lala cerró operaciones en Ciudad Mante, Tamaulipas, por aumento a la inseguridad, secuestro de sus empleados y aumento a las cuotas del crimen organizado.
El cierre del centro de distribución de productos, ubicado en la carretera El Mante- Ciudad Valles, ocurre luego de que fueran incendiadas unidades de carga de la empresa el pasado 2 de mayo.
No sólo Lala ha sufrido el aumento en la delincuencia en la zona, pues en el poblado, de 125 mil habitantes, se reportaron 31 asesinatos dolosos en lo que va del año, tres veces más de los registrados en el 2017.
Mante presenta una tasa de 24.8 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, una cifra tres veces mayor a la media nacional y más alta que la que presentan estados como Guerrero, Baja California, Chihuahua y Sinaloa y sólo por debajo de Colima, el Estado con la mayor tasa de homicidio doloso del País, con 26.7 casos por cada 100 mil habitantes.
Aunque Tamaulipas cuenta con presencia militar hace años, esto no ha determinado la disminución en delitos, y en muchos casos, las acciones presentadas por el gobierno son simulación, como señalan los ciudadanos a través de las redes sociales.
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“Recientemente fue inaugurado una unidad de la PGJE para combatir únicamente los delitos de secuestro y extorsión. La mentada ‘unidad antisecuestro’ en conjunto con la reubicación y con mayor tecnología del que se conoce como C4 para hacer frente a estos delitos hasta hoy solo fue una pantalla, pues la unidad brilla en su ausencia y se encuentra cerrada porque sólo se inauguró para la foto”, denunciaron usuarios en la página Vigilante Huasteca de Facebook.
Este es el segundo cierre de operaciones que anuncia una de las compañías que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores por causa de la violencia en México durante este año.
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Coca-Cola Femsa, la embotelladora pública de productos Coca-Cola en un mercado más grande en el mundo, suspendió en marzo de forma indefinida las operaciones del centro de distribución que posee en Ciudad Altamirano, en el noroeste del estado de Guerrero, tras más de dos meses de sufrir agresiones por parte de grupos del crimen organizado.