53 MILLONES DE ESTADOS DE CUENTA DEL SAR SON ILEGALES, ACUSAN JUBILADOS

Ciudad de México.- Representantes de la Organización de Jubilados y Pensionados de la UNAM (OJUPE-UNAM), acusaron al gobierno federal de despojar a trabajadores en activo y jubilados del patrimonio que han construido a través de su trabajo de largos años gracias a los malos manejos, opacidad, falta de transparencia y arbitrariedades que cometen CONSAR, INFONAVIT Y FOVISSSTE en el manejo de las prestaciones sociales.

El abogado Humberto Luna aseguró que los más de 53 millones de estados de cuenta que maneja el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), son ilegales porque no se ajustan a lo que dice la ley y a través de la opacidad despojan a sus afiliados, con fallas e irregularidades en el cálculo de los fondos de pensiones.

En compañía de Horacio Zacarías, presidente de la OJUPE; Marco Antonio Torres, responsable de prensa de la organización y el abogado Héctor Larrínaga, explicaron que irregularidades similares se replican también a través de los institutos de vivienda, donde la falta de transparencia e información para los derechohabientes es lugar común.

Con el apoyo de un actuario, los abogados pusieron en tela de juicio la forma en que los sistemas de pensiones están calculando los montos del Fondo de Ahorro para el Retiro y los Fondos de Vivienda que deben entregar a cada trabajador, “las dependencias no pagan de acuerdo al salario base de cotización, los trabajadores tanto en activo como pensionados están siendo despojados, aquí nadie se salva”, advirtieron.

Aseguraron que están contraviniendo el artículo 18-BIS de la Ley del Sistema Nacional de Ahorro para el Retiro que obliga a dichas instituciones a otorgar información completa a cada uno de sus derechohabientes, al ocultar información y no entregar estados de cuenta pormenorizados a sus afiliados.

Por ejemplo, en uno de los ejemplos, el trabajador realizó su jubilación tras 23 años de servicio y sólo le dieron 7 mil pesos por fondo de vivienda y 5 mil por SAR. Al hacer un cálculo actuarial, resultó que el trabajador con esta compensación o liquidación de sus sistemas de vivienda y retiro, habría ganado 100 mil pesos en 23 años.

Y el propio trabajador, Marco Antonio Torres se pregunta: “Entonces para las autoridades, de dónde comí, de dónde compré el o los autos que tuve, de dónde le di estudios a mis dos hijos, de dónde obtuve el dinero para irme de vacaciones tantas veces, porque sólo el costo de mi vivienda fue de 100 mil pesos, los mismos que habría ganado en toda mi vida”.

Así, Torres afirma que apoyado con un actuario y al realizar las cuentas de lo que le deben y su actualización a pesos de hoy, con intereses, el Estado mexicano tendría que pagarle un fondo de 2 millones 400 mil pesos.

Calificaron de insuficiente la información de los trabajadores entregada por dichas instituciones oficiales, pues no incluye datos sobre comisiones, intereses, movimientos de inversión y subrayaron faltantes en la información referente al tiempo laborado, los montos de salario y falta de continuidad en el registro de aportaciones patronales.

“La información de los derechohabientes no es completa, no está actualizada, ni contempla los intereses reales acumulados a lo largo de la vida laboral de cada uno de ellos”, denunciaron y a través de tres casos específicos hicieron evidente la disparidad de criterios para calcular las pensiones tanto por parte del SAR como de los fondos de vivienda.

Así, mientras el SAR se calcula sobre una base del 2% a partir del salario del trabajador y los fondos de vivienda toman una base del 5%, en los casos exhibidos el pago por concepto de vivienda resultó tres veces menor que el monto calculado por el Sistema de Ahorro para el Retiro.

Los quejosos explicaron que si los sistemas de pensiones no informan sobre los criterios para calcular las prestaciones de cada trabajador, omiten datos sobre el número de días laborados, los montos de los salarios y las aportaciones patronales, excluyendo los cobros de comisiones y los movimientos de inversión, el trabajador no tiene manera de saber cuánto le corresponde percibir y no puede defender sus derechos.

En este contexto, subrayaron que el artículo 90 BIS-I de la Ley 93 del ISSSTE establece que el saldo de las subcuentas del fondo de vivienda debe pagar intereses en función del remanente de operación; en tanto que el saldo de las cuentas individuales se ajustaría a la variación porcentual mensual del índice nacional de precios al consumidor, lo que no está ocurriendo.

Por ello convocaron a jubilados, pensionados y trabajadores en activo a no permanecer de brazos cruzados y luchar por la correcta aplicación de la ley, a fin de recibir los montos justos generados por su trabajo.

“Hoy el trabajador jubilado y en activo puede reclamar sus derechos y exigir que le lleguen completos sus estados de cuenta, sea por vía individual, a través de sindicatos, AFORE o del Instituto de Seguridad correspondiente”, explicaron tras apuntar que esa información también puede solicitarse por vía administrativa ante el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI).

Finalmente exigieron al gobierno y a los responsables de los sistemas de pensiones se apeguen al estado de derecho a fin de que los trabajadores reciban pagos adecuados y no se conviertan en víctimas de quienes impunemente utilizan el dinero de los trabajadores para financiar deuda pública o especular con el dinero del pueblo.