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El gobierno de Campeche reporta 168 desaparecidos, y se han realizado 2000 geolocalizaciones.

El gobierno de Campeche contrató los servicios de la empresa IOTT, asociado al Ministerio de Defensa de Israel.

Por Rosario Martínez De la Vega

A pesar de que las comisiones locales de búsqueda de desaparecidos no tienen facultades para intervenir comunicaciones telefónicas, el gobierno de Campeche, encabezado por la morenista Layda Sansores, adquirió una licencia de software para la geolocalización de teléfonos móviles, que le permite analizar el uso de las redes sociales y obtener el historial de ubicaciones de cualquier número telefónico válido a nivel internacional. 

En el contrato 131/2021 de la Licitación Pública Nacional LA- 904015996-E8-2021, de fecha 17 de diciembre de 2021 y con recursos provenientes de la Comisión Nacional de Búsqueda, fueron adquiridos tres programas de cómputo por un total de cinco millones 451 mil 884 pesos (307,486.26 dólares). En el documento se enlista entre sus características la posibilidad de localizar y rastrear cualquier teléfono móvil 2G GSM, 3G TMTS, 4G LTE, así como la recepción de alertas acerca de los movimientos o comportamiento digital, además de analizar las rutinas y movimientos de “uno, hasta diez objetivos”.

Dichos componentes podían ser analizados desde cualquier navegador. Al introducir un número telefónico, el programa de cómputo genera un resumen de la información recolectada, que incluye eventos anteriores y un análisis del perfil personal de cada móvil. Una vez recabados los datos se realiza un registro de toda actividad: ubicaciones, grabaciones y datos personales de los objetivos monitoreados. También tiene la capacidad de analizar cualquier perfil en redes sociales como Twitter e Instagram, así como cuentas y grupos de Facebook. 

La contratista Carla Calderón Parrao es jefa de área en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche, y fungió como intermediaria entre la empresa israelí IOTT Ltd, especialista en temas de inteligencia y seguridad, quien es la operadora del servicio y es la que exportó el programa de cómputo a México. Esta empresa está vinculada al Ministerio de Defensa de Israel, y se presentan como “líderes mundiales en la construcción y ejecución del concepto de operación de Unidades de Inteligencia Tecnológica Táctica en aplicaciones navales, terrestres y de inteligencia”. En su información especifican que han operado en 70 países con unidades gubernamentales, militares, policiales y de servicios secretos; además de manejar tecnologías de inteligencia táctica SIGINT (Signal Intelligence) para recopilar información de inteligencia mediante la intercepción de señales vía internet, radio o teléfonos.

El proveedor es Koor Intercomercial S.A. de C.V., cuya página web se identifica como establecida en “México desde 1978, como filial de Koor Trade (Israel) somos una de las organizaciones líderes en el comercio y en el marketing internacional. Contamos con la experiencia en la implementación de políticas efectivas y eficientes que incorporan total flexibilidad para cumplir con las necesidades de los clientes más exigentes”.

 
Carla Calderón, empleada del Tribunal Superior de Justicia, intermediaria entre la empresa israelí IOTT Ltd y el Gobierno de Campeche.

De acuerdo con las condiciones establecidas en el contrato, el servicio “requiere carta de confidencialidad del usuario final, emitida por el Ministerio de Defensa del Estado de Israel”; en este caso el titular de la Comisión Local de Búsqueda de Personas del Estado de CampecheJacobo Notario Hau.

Al ser entrevistada para Los Ángeles Press sobre su contacto con la empresa de inteligencia de origen israelí, Calderón Parrao se limitó a decir que “todo procedimiento, fue conforme a la ley y a petición de la Comisión Local de Búsqueda”, negándose a profundizar en sus declaraciones.

Sin relación con los desaparecidos

Según el acta de entrega No. SAIG-0728/2021, el programa de cómputo funciona bajo el modelo Orion que es un sistema basado en el protocolo SS7. Ese acrónimo se refiere al Signalling System No. 7 o Sistema de Señalización No. 7, utilizado por las compañías de telecomunicaciones para coordinar el envío de mensajes y llamadas. “Indetectable por el objetivo”, el acceso a SS7 permite interceptar conversaciones, mensajes de texto y geolocalización en tiempo real de “hasta diez objetivos”, y brinda la “posibilidad de ordenar los resultados según varios criterios pertinentes, permitiendo señalar con precisión la información deseada para uso posterior”, se lee en el documento.

La compra incluyó un total de mil búsquedas, sin embargo, en el Convenio de Coordinación entre la Comisión Nacional de Búsqueda y el gobierno de Campeche, firmado el 11 de marzo de 2022 aparece la contratación de 2 mil consultas de geolocalizaciones Multicarrier con un costo de 2, 250,000.00 pesos.

 
Firmas del convenio de coordinación y adhesión para el otorgamiento de subsidios. 

De acuerdo con los datos abiertos de la Plataforma Nacional de Transparencia, en 2022, la Fiscalía del Estado de Campeche, competente para realizar labores de investigación, reportó tan sólo 23 solicitudes de intervenciones a comunicaciones privadas: tres de intervenciones en tiempo real y 20 de registro de comunicaciones y geolocalización.   

Actualmente Campeche cuenta con 168 personas desaparecidas, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNL) de la Secretaría de Gobernación (SEGOB).

Al cuestionar a Liliana Osorio Arellano, coordinadora del área jurídica de la Comisión Local de Búsqueda de Personas del Estado de Campeche, sobre las razones para contratar un programa de cómputo de inteligencia, si el organismo en el que ella presta sus servicio no tiene facultades de investigación, se negó a proporcionar cualquier tipo de información y solicitó realizar el cuestionamiento a través de una solicitud de Transparencia.

 
Parte del equipamiento comprado para la Comisión Local de Búsqueda de Personas de Campeche. 

El 24 de noviembre de 2022, Los Angeles Press informó que Layda Sansores había sido declarada culpable de violencia política de género por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por haber difundido que diputadas federales del Partido Revolucionario Institucional habían enviado fotografías íntimas, por medio de sus redes sociales, al dirigente de su partido, Alejandro Moreno Cárdenas.