Exhorto el Partido del Trabajo en Aguascalientes al Gobierno Municipal de Aguascalientes a tomar las medidas necesarias para frenar abusos de la concesionaria.

“La culpa no es solo de CAASA sino también del municipio”

Falta de sensibilidad de un carácter insaciable de CAASA que no tiene límites, fue lo que quedo evidenciado con su pretensión de querer cobrar 40 millones de pesos a las escuelas de nivel básico y normal por el derecho de uso de agua, reclamo Jesús Medina Olivares como miembro de la Dirigencia del Partido del Trabajo en Aguascalientes.

“Resulta más que evidente que la concesionaria ante la condescendencia y falta de control del gobierno municipal sobre la forma en la que se opera la concesión, al menor descuido, la concesionaria inescrupulosa, incumple sus funciones y lo más delicado es que con argumentos leguleyos pretenden sobrepasar sus facultades, para saciar su ánimo de lucro”, manifestó Medina Olivares en el marco de la conferencia de prensa del partido.

Sin embargo, la culpa no es solo de CAASA, sino también del gobierno municipal que ha incumplido con sus obligaciones legales: En particular, la obligación de proteger que exige a los gobiernos que impidan a terceros toda injerencia en el disfrute del derecho al agua, explicó el petista.

CAASA y el gobierno municipal deben tomar conciencia de que el acceso al agua potable y al saneamiento forman parte de los derechos humanos. La salud, el adelanto educativo y el bienestar general de los niños dependen en gran medida de que tengan acceso a servicios básicos tales como el agua potable y el saneamiento, consideró.

Además de ser deficiente y caro el servicio de agua que se ofrece en las colonias, en las que constantemente se corta la dotación del líquido, como es el caso de la barranca que llevan más de quince días sin contar con el elemental líquido, denunció.

“Es el momento de realizar adecuaciones legislativas necesarias, así como al titulo de concesión para asegurarse de que la concesionaria acate las normas de derechos humanos relacionadas con el agua, así como para garantizar que no se efectúen cortes arbitrarios e ilegales de los servicios de agua y saneamiento”, es la exigencia del PT.

Y agregó “El gobierno municipal no puede desatenderse ni desvincularse de sus obligaciones que le son inherentes, tiene que garantizar que la concesionaria cumpla con las condiciones establecidas en el título de concesión y ponga freno a su ambición desmedida de obtener las mayores ventajas económicas posibles en su accionar”

Siendo así, exhorto al gobierno municipal para que en uso de sus facultades se establezca un marco regulador eficaz que prevea una supervisión independiente, una autentica participación pública y la imposición de multas por incumplimiento o en su defecto, por interés público, hacer efectiva el recurso de la reversión.