Desde el 6 de mayo de 2026, comunidades nahuas de la Montaña Baja de Guerrero (Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán), integrantes del CIPOG-EZ, enfrentan ataques con armas de grueso calibre y drones por parte del grupo Los Ardillos.

Puntos clave:

• Desplazamiento forzado: Más de 800 familias desplazadas de Tula.

• Omisión oficial: Los agresores establecieron trincheras a 200 metros de una base militar ante la pasividad del Ejército.

• Denuncia: El Nodo de Derechos Humanos afirma que no es “inseguridad”, sino una guerra narco-paramilitar permitida y facilitada por el Estado (niveles municipal, estatal y federal).
• Antecedentes: El CIPOG-EZ suma 76 asesinatos y 25 desapariciones. Se exige atención humanitaria inmediata y la desarticulación de las redes de protección criminal.

Aquí el comunicado completo:

No es inseguridad, es guerra: ante el ataque narco-paramilitar y el desplazamiento forzado de los pueblos nahuas del CIPOG-EZ

Desde el miércoles 6 de mayo de 2026, las comunidades nahuas de Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán, en la Montaña Baja de Guerrero, municipio de Chilapa de Álvarez, integrantes del Consejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), están siendo atacadas con armas de grueso calibre, drones de vigilancia y artefactos explosivos lanzados por aire. El sábado 9 de mayo el grupo criminal Los Ardillos (operando bajo esquema táctico paramilitar) entró a la comunidad de Tula. Más de 800 familias fueron desplazadas forzadamente. Una mujer de Xicotlán fue herida de bala el 8 de mayo. Las comunidades reportan que la mañana del 9 los agresores lanzaron tres drones sobre Tula y avanzaron a establecer una trinchera a 200 metros de una base militar, ante la vista pasiva del Ejército Mexicano.

Esto no es un episodio aislado de violencia, no es “inseguridad”, no es “delincuencia desbordada”. Es la continuación de una guerra que el Estado mexicano libra contra los pueblos indígenas organizados que defienden su territorio, su autonomía y su vida común. Una guerra que en el caso del CIPOG-EZ ya acumula 76 compañeros y compañeras asesinadas y 25 desaparecidas, y que en abril de este año cobró cuatro vidas más. Una guerra que incluso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos reconoció desde 2021 al emitir medidas cautelares a favor de las comunidades de Tula y Xicotlán, medidas que el gobierno de Evelyn Salgado se ha empeñado en dejar morir en el archivo, y que el gobierno federal ha retirado o congelado.

Lo que estamos presenciando en la Montaña Baja no es un fracaso de la seguridad pública: es su funcionamiento exitoso. Los Ardillos no avanzan a pesar del Estado, avanzan gracias al Estado. Avanzan porque el gobierno municipal de Chilapa está cooptado desde la presidencia hasta el último policía de tránsito. Avanzan porque la gobernadora Evelyn Salgado prefiere la negación pública antes que ordenar acciones reales de protección. Avanzan porque el gobierno federal militariza, pero no para proteger y porque la Guardia Nacional y la Policía Estatal llegan a las comunidades sólo a tomarse la foto. Avanzan porque la autodenominada Cuarta Transformación de MORENA, igual que el PRI, el PAN y el PRD antes que ella, ha hecho del territorio indígena un campo de pruebas para los pactos sucios entre el capital, los partidos y las estructuras narco-paramilitares.

Aquí no estamos frente a “crimen organizado” como un ente externo al estado, estamos frente a una amplia organización criminal institucional, estructuras delictivas que operan dentro del aparato estatal, con sus protecciones, sus omisiones programadas, sus retiradas tácticas y su silencio cómplice. Que un grupo paramilitar pueda cavar trinchera a 200 metros de una base militar y lanzar drones sobre una comunidad sin que el Ejército mueva un solo soldado no es negligencia: es aquiescencia operativa. Es coautoría por omisión deliberada.

Es urgente la atención inmediata a las más de 800 familias desplazadas de Tula (refugio, salud, retorno seguro y reparación integral); la investigación y sanción de responsables materiales, intelectuales y funcionarios de los tres niveles de gobierno, incluido el Ejército; y la desarticulación inmediata de Los Ardillos y de sus redes de protección.