Jefes y policías a la orden de los Chapitos

El general Gerardo Mérida Sánchez era el encargado de garantizar la seguridad de los sinaloenses, pero se coludió con el Cártel de Sinaloa, según la acusación de los gringos.

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La acusación que presentó el Departamento de Justicia de Estados Unidos en la Corte de Nueva York salpicó al Ejército y a las policías de Sinaloa.

Entre los acusados se encuentran el general retirado Gerardo Mérida Sánchez, ex secretario de Seguridad Pública del Estado; los ex directores de la Policía Investigadora del Estado, Marco Antonio Almanza Avilés y Jorge Alberto Contreras Núñez; el ex subdirector de la Policía Estatal, José Antonio Dionisio Hipólito y el ex agente de la Policía Municipal, Juan Valenzuela Millán.

Por recomendación de la Secretaría de la Defensa Nacional, Mérida Sánchez fue nombrado secretario de Seguridad por el gobernador Rubén Rocha Moya el 4 de septiembre de 2023 y permaneció en el cargo hasta diciembre de 2024.

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El general llegó a la SSPE con su equipo, conocido como la “invasión michoacana”, porque eran entre 30 y 40 personas originarias de Michoacán que empezaron a ocupar cargos sin tener nombramientos.

Los michoacanos empezaron a dar órdenes al personal de la SSPE y hasta amenazaban con correrlos, hasta que el gobernador Rubén Rocha Moya dio un manotazo y ordenó que los sacaran a todos; y aclaró al general que la secretaría no era una extensión de la Sedena.

“Ya di instrucciones para que me corran a todos los que andan ahí buscando puestos y correr gente, para afuera, no los quiero. Llegaron con mucha fuerza, pero ya se dio la instrucción. Llegaron queriendo agarrar el puesto fulano y el mengano y el perengano, no, ya les pedí que no me traigan a la Secretaría en tantas vueltas”, dijo el mandatario.

Cuando empezó el pleito entre Mayos y Chapos en septiembre de 2024, Mérida Sánchez era el titular de la SSPE.

La acusación señala que como secretario de Seguridad aceptó más de 100 mil dólares en sobornos mensuales en efectivo de los Chapitos y a cambio no interfirió en las operaciones de tráfico de drogas, al no realizar detenciones de sus miembros, y les dio notificación previa de las próximas operaciones de las autoridades.

Como ejemplo, menciona que en 2023 advirtió a los Chapitos sobre redadas a laboratorios de drogas, lo que les permitió evacuar al personal y las drogas de los laboratorios antes de que la policía pudiera incautar los materiales o realizar detenciones.

En diciembre de 2024 Rocha Moya pidió la renuncia a Mérida Sánchez para hacer un “relanzamiento” y un “reordenamiento” de la estrategia de seguridad; y en su lugar nombraron a Óscar Rentería Schazarino, ubicado como cercano al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Entre los señalados también se encuentran los ex directores de la Policía Investigadora del Estado de la FGE, ya jubilados, Marco Antonio Almanza Avilés y Jorge Alberto Contreras Núñez.

Almanza Avilés fue director de la corporación de diciembre de 2019 a noviembre de 2022 y Contreras Núñez de noviembre de 2022 a febrero de 2026.

La acusación señala que ambos libraron órdenes de detención contra los enemigos de los Chapitos cuando estos se lo solicitaron y permitían que se transportaran, a través de Sinaloa, cargamentos de productos químicos utilizados en la producción de fentanilo.

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Cuando fueron directores de la corporación presuntamente ambos recibían 300 mil pesos mensuales en sobornos.

De la Policía Municipal de Culiacán, está señalado como colaborador de los Chapitos, el ex comandante, Juan Valenzuela Millán, alias Juanito, quien presuntamente recibía 30 mil pesos mensuales.

Referencia geográfica

Juanito utilizó a agentes de la corporación para ayudar a los Chapitos a traficar con drogas y mantener su dominio sobre Culiacán, incluido el secuestro, la detención y/o el asesinato de enemigos.

Entre esos secuestros se encuentra el de un informante de la DEA y siete de sus familiares, privados de la libertad entre el 22 y el 24 de octubre en Culiacán; y localizados asesinados el 28 de octubre en Tamazula, Durango.

“En octubre de 2023, o alrededor de esa fecha, Millán ayudó a los Chapitos a secuestrar a una fuente confidencial (la ‘FC’), Alexander Meza León, que había estado colaborando con la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (la ‘DEA’) y a los familiares de FC, a algunos de los cuales los Chapitos torturaron y asesinaron posteriormente, porque sospechaban que la fuente confidencial había estado proporcionando información a la DEA en relación con esta investigación”, menciona.

Cuando se cometió el multihomicidio las Fiscalías de Durango y Sinaloa no querían investigarlo.

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La Fiscal de Durango, Sonia Yadira de la Garza, aseguró que las personas habían sido asesinadas en Culiacán y debía ser la Fiscalía de Sinaloa la que investigara el homicidio; pero la Fiscal estatal, Sara Bruna Quiñónez Estrada, señaló que los cuerpos fueron localizados en Durango, por lo que en ese estado debían abrir la investigación.

Otro acusado es el ex subdirector de la Policía Estatal Preventiva, José Antonio Dionisio Hipólito, alías Tornado, quien estuvo en la corporación desde 2017 hasta 2024.

Según la acusación Tornado recibía 100 mil pesos mensuales de los Chapitos y a cambio les permitió operar sin interferencias y colocó a otros agentes en la nómina de sobornos.