CIUDAD DE MÉXICO. – En una jornada marcada por la tensión política y el reclamo de justicia, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, ratificó hoy la gravedad de la crisis humanitaria en México, respaldando el informe que documenta más de 134 mil personas desaparecidas en territorio nacional.

Durante su visita al Senado de la República y reuniones con el Gabinete de Seguridad, el funcionario internacional mantuvo una postura firme frente a los cuestionamientos del oficialismo, asegurando que las cifras y datos presentados por expertos independientes de la ONU son irrefutables.

Los puntos críticos de la jornada:

• Respaldo al Comité contra la Desaparición Forzada (CED): Türk defendió el informe de la ONU ante senadores, rechazando cualquier error en el documento. Legisladores de oposición, como Ricardo Anaya, destacaron que el Comisionado fue claro al señalar que no aceptará presiones para modificar las conclusiones sobre la situación del país.
• Control del Crimen Organizado: Uno de los puntos más álgidos fue el reconocimiento por parte de Türk de que existen porciones del territorio nacional bajo control de grupos criminales, un diagnóstico que choca con la narrativa oficial de pacificación.
• Encuentro con Colectivos de Búsqueda: Previo a sus reuniones políticas, el diplomático escuchó a familiares de víctimas en el Centro Cultural España. Madres buscadoras le entregaron documentos detallando la falta de apoyo institucional y la normalización de las fosas clandestinas, solicitando una intervención internacional más directa.
• Reacción del Gobierno: Por su parte, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y legisladores de Morena como Ignacio Mier, negaron que la desaparición forzada sea una “práctica sistemática” del Estado, defendiendo los protocolos actuales y la cooperación con organismos internacionales.

Crisis de Estado, no solo de Seguridad

Durante la entrega de una misiva por parte del senador Pablo Angulo (PRI), se le planteó a Türk que el fenómeno de la desaparición en México ha pasado de ser un problema de seguridad pública a una “crisis de Estado”, debido a la acumulación de cuerpos sin identificar y la impunidad prevaleciente.