El día de hoy los mexicanos debemos considerarnos de luto. Ayer la delincuencia, de manera muy organizada, bloqueó en Jalisco el tránsito en 29 puntos de 25 municipios. Un día festivo se transformó en un día de enfrentamientos con escenas de guerra, escenas que no esperaríamos ver en nuestro país, menos en una de sus ciudades más importantes.

Siete muertos, 19 heridos, un país consternado y todo esto se pudo haber evitado. Hace más de un año vimos el homicidio del entonces secretario de Turismo del estado, Emmanuel Peinado. En ese entonces desde el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) mandamos la alerta acerca del número de ataques que estaban sufriendo diversas autoridades en el estado. En ese momento señalamos que, si bien los números de incidencia delictiva no mostraban una alarma particular, la calidad de los delitos que se cometían en Jalisco debía llevar a todas las autoridades a enfrentar la problemática de una manera más profunda, no considerando estos eventos como actos aislados, sino como parte de un problema que venía siendo cada vez más grave. Pese al llamado no hubo alguna acción observable y medible que evidenciara el reconocimiento de esta realidad.
En menos de ocho meses los homicidios a funcionarios siguieron, el alcalde de Ayutla, el diputado federal Gabriel Gómez Michel (PRI) y uno de sus asistentes, por citar algunos de los más famosos. De nuevo los llamados a la acción y de nuevo los eventos se consideraron de manera aislada.
En enero de este año el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, perteneciente al gobierno del estado, presumía un descenso marcado de la incidencia del homicidio doloso en la entidad, reportando que la incidencia había pasado de mil 539 casos en 2012 a mil 305 en 2013 y a mil 97 en 2014, ¡un éxito! Un éxito malentendido, ya que, en lo que va del año, hemos visto en este primer cuatrimestre cómo la delincuencia ha desafiado al Estado mexicano atacando a la Gendarmería Nacional, a la Fuerza Única, finando jefes policiales y hoy paralizando la vida de 25 municipios, entre ellos la capital del estado.
Es cierto, la entidad en tasas por cada 100 mil habitantes, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en marzo de 2015 se encuentra entre los lugares 19 y 20 de las 32 entidades en materia de homicidio, secuestro y robo (a excepción de la extorsión, que muestra un repunte importante), lo que parece un dato positivo, pero en materia de seguridad no se puede sólo evaluar con base en la cantidad de delitos cometidos, sino la calidad de los delitos que se cometen.
Sin embargo, parece que pese a las advertencias y evidencias nadie se percató, y falló la inteligencia de nuestras instituciones de seguridad y justicia, quienes tras el anuncio de la Operación Jalisco, con la que el gobierno federal “busca reducir los índices de violencia y delincuencia en Jalisco y Colima” y donde participan elementos de la Defensa Nacional, de la Marina, de PGR, de la Policía Federal y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), no previeron un ataque tan frontal y contundente.
Todo esto se pudo haber previsto y evitado, el luto de las familias de los servidores públicos que perdieron la vida, el descontrol, el miedo de la ciudadanía; pero la autoridad prefirió dejar de reconocer el grave problema que tiene en Jalisco (así como en su momento pasó y pasa con Michoacán, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, entre otros) y comunicar los grandes avances en su estrategia de seguridad. Hoy lo mexicanos debemos alzar nuestra voz y pedir que esto no vuelva a suceder, que se atienda el tema en pleno respeto a los derechos humanos, liderado desde lo local y fortaleciendo a las instituciones, porque con la información y la inteligencia que se tiene, no podemos permitir que se pierda una vida más.

Fuente.- Director General del Observatorio Nacional Ciudadano.