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Retan a Malova en las puertas de la minera Paradox

Río Doce.- El Potrero de Cancio, Choix.- Ni con 14 de sus habitantes presos por tapar el camino a la mina Paradox y sin que los amedrente la amenaza gubernamental de que “quien lo reintente será procesado y castigado con toda la fuerza del Estado” e incluso sin temer al piquete de policías ministeriales que con vehículo artillado de por medio resguarda la vereda, el resto de la población mantiene su protesta contra la minera y su representante legal, María Hermila Gámez Rodríguez.

“Que escuche bien el gobernador Mario López Valdez: no nos vamos a mover, así nos traiga al Ejército, y si quiere seguir protegiendo a la mujer ladrona que continúe siendo su cómplice, pero a nosotros no nos mueve nadie”, afirmaron los manifestantes, que por el momento pidieron reservarse sus nombres para evitar ser identificados fácilmente por el primer inquisidor del Estado y réplica de Torquemada, Marco Antonio Higuera Gómez.

Considerando a los tres aludidos de la misma calaña e imputados como ladrones y “políticos enanos”, los manifestantes afirmaron que así envíen a todos los ministeriales juntos, ellos no se moverán.

“Que nos manden a todos los policías para detener a campesinos desarmados, sus jumer con riflitos en los techos, o sus carritos tigres, pero no nos vamos. Si vamos a ir a la cárcel por defender nuestro patrimonio, pues nos vamos, al fin regresamos de nuevo a bloquear. O esta vieja nos paga, o nos paga”.

Criticaron que el gobernador conceda mayor validez al dinero que a la legalidad.

“Si para él, tener dinero es ser mejor ciudadano, si falsificar documentos oficiales y robarse un yacimiento de mineral de hierro en complicidad con su procurador de Justicia es honesto, pues está podrido. Si ser campesino y defender sus derechos es ser delincuente, pues llenaremos las cárceles de Sinaloa. Aquí te vamos a esperar, cómplice de rateros”, dijeron los inconformes.

En la víspera del movimiento en contra de Paradox Global Resources S.A. de C.V. y María Hermila Márquez Rodríguez, el juez mixto de Choix dictó auto de formal prisión por despojo, delito considerado como grave, a 14 campesinos del ejido El Potrero de Cancio que bloquearon el único camino a la mina Paradox, a 13 les decretó libertad por falta de pruebas para ser procesados, cuatro quedaron en libertad por tener más de 70 años de edad e impedidos a ser sujetos de prisión preventiva y a uno se le declaró como detención ilegal y resolvió dos órdenes de aprehensión a personas que nunca bloquearon el camino.

Francisco López Leal, subprocurador de Justicia en la zona norte, dijo que en el caso se atendió una denuncia y las detenciones fueron en flagrancia.

Dijo que no se benefició a la minera ni a la particular, sino que se atendió una denuncia de hechos y cuando se investigaba detectaron la flagrancia del delito.

También afirmó ignorar si la mujer falsificó documentos para acreditar la posesión de la mina Paradox, pues ello no era materia de la querella, y desconocer si los campesinos reclaman un fraude.

“No tengo ningún dato de esos alegatos. Ellos dicen, pero nada más. No hay fechas, ni números de averiguaciones. Yo no tengo registrado nada de lo que ellos dicen, si existen, están en otro lado”.

Ramón Corrales Vega, presidente del Comisariado Ejidal del Potrero de Cancio, recibió un trato de delincuente en la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común de esta municipalidad por una mujer que dijo ser resolutora y actuar en turno de discal por el enfermizo titular. Esta le negó todo informe al representante legal del ejido sobre una averiguación por fraude en contra de Paradox y de Márquez Rodríguez. “No sé nada”, fueron las respuestas y casi lo obligó a abandonar la oficina pública.

Decepcionado por el trato y por la abierta protección a sus acusadas, él abandonó la dependencia. Conocido el hecho, la acción encendió de nuevo la indignación campesina contra el primer inquisidor del estado, Marco Antonio Higuera Gómez.

Los campesinos acusan a la minera y Márquez Rodríguez de haber falsificado dos actas de asamblea para agenciarse el lote Cuauhtémoc, en donde se encuentra un filón de 40 hectáreas de mineral de hierro mediante el aparcelamiento de tierras de uso común, y para cambiar a cesión de derechos definitiva el contrato de exploración de hierro y servidumbre de paso, ocupación de cesión de uso de suelo y derecho de explotación a cambio de dos dólares por tonelada métrica de extracción. Pero las averiguaciones previas no se encuentran por ningún lado.

Cuestionado sobre la ruin actuación de su gobierno en contra de los ejidatarios burlados, el gobernador Mario López Valdez lo justificó: “Nunca vinieron conmigo”.

Y luego pidió a “mis amigos reporteros”, ayudarle a no hacer escándalo con el caso”.

Más noche se los llevó a cenar a El Farallón, mientras 14 campesinos pobres están en la cárcel.