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Río Doce.- La defensa del general Ricardo Martínez Perea interpuso un recurso de amparo por los presuntos delitos de desaparición forzada, peligro de privación de la vida, incomunicación y expulsión del territorio nacional, debido a que el militar recluido en el penal estatal de Mazatlán, Sinaloa, desapareció de éste el jueves pasado, sin que se conozca su paradero.
En el recurso presentado ante el segundo juzgado en materia penal en el DF se señala que el general Martínez Perea –quien está a la espera de que se lleve a cabo un consejo de guerra extraordinario en contra de la sentencia de 15 años de prisión por vínculos con la delincuencia organizada– tenía previsto que le realizaran estudios médicos en el penal de Mazatlán, pero, sin embargo, fue sacado de su celda, sin que se conozca su paradero.
Apenas hace unos días, Martínez Perea consiguió ser enviado del penal de las Islas Marías al estatal de Mazatlán, Sinaloa, como paso previo para comparecer en el consejo de guerra extraordinario en que espera demostrar su inocencia, luego de que fue juzgado con base en un anónimo, acusado de mantener vínculos con Gilberto García Mena, El June, quien por cierto fue detenido al ser considerado líder delcártel del Golfo en el poblado de Guardados de Abajo en Tamaulipas y finalmente fue liberado por falta de pruebas.
El militar, quien obtuvo una suspensión provisional para continuar detentando el grado de general brigadier, ya que después de la sentencia en su contra (2001) la Secretaría de la Defensa Nacional no realizó el trámite ante el Senado de la República para retirarle el grado de general, logró comunicarse con su familia cuando iba a ser sacado de su celda, pero desde ese momento, se desconoce su paradero: ni sus familiares ni sus abogados han podido contactarlo.
En razón de lo anterior, la defensa encabezada por los abogados César Gutiérrez Priego y Conrado López Hernández presentó un amparo ante autoridades federales, estatales y militares para demandar que cese de inmediato la incomunicación de que es objeto el general y que sea trasladado al Hospital Central Militar para ser tratado por diversos padecimientos.
El amparo, del cual tiene copia este diario, señala que a Martínez Perea “se le trasladó de las Islas Marías al Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito en Mazatlán, Sinaloa, el pasado sábado veintisiete de julio de dos mil trece, en donde estuvo hasta el día de antier jueves uno de agosto, en que por la tarde de dicho día fue sustraído de dicha prisión estatal alcanzando a comunicarse con sus familiares indicándoles que le acababan de informar que lo trasladarían de regreso a las Islas Marías, pero que también le dijeron que lo trasladarían al Campo Militar Número Uno, en México, Distrito Federal.
Siendo el caso que durante el día viernes dos de agosto de dos mil trece, tanto sus familiares como sus abogados trataron de localizar a dicho quejoso sin que se les diera razón de él, pero logrando tener comunicación vía satelital con algunos de sus compañeros de prisión en las Islas Marías, quienes informaron que allá no se encontraba y que no había sido regresado para allá. Y en la Secretaría de la Defensa Nacional se negaron a dar información, por lo que dadas las circunstancias antes citadas, se tiene el temor fundado de que el aquí directo quejoso se encuentre siendo objeto de actos que importen peligro de privación de la vida.
En abril de 2001, la justicia militar ejerció acción penal en contra de Ricardo Martínez Perea, quien fue acusado de proteger al cártel del Golfo con base en un testimonio anónimo que no se comprobó durante el consejo de guerra, pero que fue suficiente para sentenciarlo a 15 años de prisión.
El fiscal militar que llevó el asunto fue el mayor Gerardo Salazar Bolaños, quien estaba bajo las órdenes directas del entonces procurador castrense Rafael Macedo de la Concha; en agosto pasado (12 años después), el ex subprocurador en Delincuencia Organizada, Cuitláhuac Salinas, aseguró que el mismo militar fue quien armó la acusación en contra del general Tomás Ángeles Dauahare, quien finalmente está libre por falta de pruebas.
Para demostrar su inocencia, el general Martínez Perea solicitó que en el consejo de guerra extraordinario sean citados a comparecer el ex presidente Vicente Fox y el general Gerardo Clemente Ricardo Vega García, ex secretario de la Defensa porque ambos –sostiene el quejoso– maquinaron las acusaciones que derivaron en la sentencia de 15 años de prisión por presuntos vínculos con el narcotráfico.
El Supremo Tribunal Militar desechó citar a Fox y a Vega; sin embargo, la defensa del general interpuso un amparo en contra de dicha decisión, lo que será resuelto en definitiva por un juzgado federal.
Al cierre de la edición no se tenía conocimiento oficial sobre el paradero de Martínez Perea.
La Jornada