Raza Cero.- Ante la fama que tiene el estado de
Durango por las locaciones naturales
que sirven de marco a producciones
cinematográficas (alrededor de cuatro o cinco al año), se contrapone la
impunidad que prevalece en el por la
carencia de sanciones a los actos de
corrupción que cometen los funcionarios gubernamentales, así como la
nula prevención y persecución de los
delitos cometidos por el crimen organizado y la delincuencia común.
En esta entidad norteña, la mayoría de
las denuncias que la ciudadanía hace
en contra de servidores públicos que
cometen actos fuera de la ley son desechadas “por falta de elementos”, y a
veces los denunciantes son criminalizados por acusar “sin pruebas” o por
presentar copias de documentos oficiales “robados” como evidencias de
los actos de corrupción que cometen
los malos funcionarios. Y esto sucede
en los tres ámbitos de gobierno, es decir, a nivel federal, estatal y municipal,
en los que las autoridades se preocupan más por proteger a los infractores
de las leyes que a los que se atreven
a denunciarlos. Este comportamiento
irregular parece saberlo muy bien la
ciudadanía duranguense por lo que la
cultura de la denuncia no es el fuerte
de los miembros de esta sociedad que
cuando son ultrajados en sus derechos
ciudadanos o asaltados o robadas sus
pertenencias prefieren dejar los hechos desapercibidos, y solamente
acuden a las instancias procuradoras
de justicia cuando se trata de un delito
que los afecta de manera muy grave
en su patrimonio e integridad física.
La secretaría de la Contraloría estatal
raramente da a conocer sanciones a
servidores públicos, y cuando lo hace
se trata de empleados de bajo rango
ya que las acusaciones relevantes a altos funcionarios generalmente las archiva o, premeditadamente, no les da
el seguimiento adecuado. “Tiene que
presentar más pruebas”, suelen decir
los encargados de esta secretaría a los
ciudadanos que señalan con nombres,
apellidos y circunstancias a los servidores públicos corruptos que saquean
el erario, siendo que esta secretaría es
la que debe investigar y obtener las
pruebas de las anomalías que los ciudadanos denuncian.
Lo mismo sucede en la Fiscalía General del estado, a cargo de la Lic. Sonia
Yadira de la Garza Fragoso, en donde
el 90% de las querellas no son atendidas y los ciudadanos tienen que andar
buscando a los agentes ministeriales
de la Dirección General de Investigaciones a los que les fueron asignados
sus casos para rogarles que les den
prioridad a sus asuntos o de plano
ofrecerles alguna dádiva para que comiencen a indagar quién les robó su
casa o quién se llevó su automóvil; dinero bueno tirado al malo que jamás
logra servir para recuperar los bienes
perdidos. A esta desgracia se suman
las trampas que elementos del crimen
organizado, incrustados en la nómina
de esta Fiscalía General, ponen a los
ciudadanos para extorsionarlos vendiéndoles autos que luego aparecen
“reportados como robados”; así, bajo
la amenaza de encarcelarlos por estar en posesión de un auto “robado”,
despojan a los compradores de fuertes sumas de dinero decomisándoles
el auto que recién acaban de adquirir
para volver a venderlo a otro ciudadano incauto. Negocio redondo.
Hoy, esta Fiscalía quizá sea la que esté
dando menores resultados en toda la
historia de Durango ya que de la docena de asesinatos de abogados que
ha habido en la entidad y de los más
de 300 homicidios, perpetrados en las
célebres fosas clandestinas durante el
sexenio negro del anterior gobernador, Ismael Hernández Deras, y del
actual, Jorge Herrera Caldera, ninguno ha sido resuelto por esta Fiscal que
habla más de lo que actúa y parece
estar más preocupada por cumplir los
caprichos de su hijo, harto conocido
por los agentes de la DEI que tienen la
mala fortuna de custodiarlo y soportar sus excesos y despotismo.
Y este ambiente de impunidad también se respira en el Congreso estatal,
en donde se protegen las fechorías
que los presidentes municipales cometen con las cuentas públicas, especialmente de aquellos que son afines
al partido en el poder, el PRI, y de funcionarios de la administración estatal
a los que con pruebas y testimonios
algunos ciudadanos han denunciado
demandando en contra de ellos hasta juicios políticos que son admitidos
por la “comisión revisora” de este
Congreso, pero jamás resueltos, como
el caso de la ex directora del Instituto de Cultura del Estado de Durango,
Ing. Corín Martínez Herrera, acusada
desde hace más de un año por trabajadores de la cultura duranguenses
por realizar millonarios desvíos de
recursos públicos y ejercer actos de
nepotismo e ineptitud administrativa. A principios de este año 2013, esta
funcionaria renunció a su cargo, pero
lejos de ser inhabilitada fue ungida
como “directora de difusión cultural”
de la Universidad Juárez del Estado
de Durango (UJED), a pesar de que
el juicio político en su contra aún se
encuentra “congelado” en el Congreso estatal, en un acto abierto de protección oprobiosa que los diputados
priístas, que ostentan la mayoría en
este Poder Legislativo local, le están
concediendo.
Otro foco rojo de impunidad en Durango lo representa el alcalde de la
capital, Adán Soria Ramírez, quien
desde hace más de un año se ha dado
a la tarea de reprimir y atacar directamente con actos intimidatorios como
amenazas y despojos a la asociación
altruista denominada Tambitos A.C.
El 8 de abril de 2012, los integrantes
de esta asociación e indigentes a quienes brindaban alimentación y refugio
gratuitos, fueron desalojados violentamente de su anterior sede ubicada
en la privada de Ex Campo Deportivo
Núm. 16, del barrio de Tierra Blanca,
en la ciudad de Durango, por órdenes del alcalde gangsteril Adán Soria
Ramírez. En este centro comercial,
Tambitos A.C., era y es propietario de
8 concesiones de locales legalmente
adquiridas al municipio de Durango.
Cobijas, colchonetas, ropa, aparatos
electrodomésticos y enseres de cocina como platos, cubiertos, ollas y
cazuelas les fueron “decomisados” o
robados, y hasta la fecha no les han
sido devueltos por las autoridades del
municipio encabezadas por este edil
transgresor de las leyes, quien actualmente pretende también desalojar a
esta asociación filantrópica de su actual sede, ubicada en la calle Bravo
Núm. 130 del barrio de Tierra Blanca,
“porque como damos de comer gratuitamente a los indigentes nos mandó decir que estamos afectando a los
negocios de comida de la zona y que

eso es un delito”, manifiesta Hugo
Alberto Cano Soto, representante de
esta asociación samaritana.
Otro ejemplo de corrupción extrema
de este edil y del gobernador en turno,
Jorge Herrera Caldera, lo representa
la construcción de la unidad habitacional de lujo llamada Balcones Los
Remedios, que se edifica en las faldas
del Cerro de Los Remedios, sobre terrenos minados que son propiedad de
la UJED, y violando infinidad de leyes
de carácter ecológico y urbano.
“El gobernador Jorge Herrera Caldera
tiene intereses creados con los empresarios que construyen este complejo
habitacional”, acusan los vecinos del
fraccionamiento Los Remedios que
están siendo directamente afectados
con la construcción de esta monumental obra y ya demandaron un juicio
administrativo en contra del alcalde
Adán Soria Ramírez por no clausurar
este complejo y no cumplir con sus
funciones públicas. Este edil corrupto
también está involucrado, junto con el
alcalde de Poanas, Raúl Piedra Macías,
en un fraude millonario a empresarios
de la construcción a quienes otorgaron contratos para obras públicas superiores a los 800 millones de pesos,
sin realizar concursos de licitación,
a cambio de que depositaran fuertes
sumas de dinero en cuentas bancarias
de terceros “para pagar los estudios
de factibilidad de las obras”, según
dice uno de los afectados, el Ing. Julio
César Rodríguez Martínez, propietario de Construcciones Nueva Vizcaya
S.A. de C.V., quien fue timado con 5
millones de pesos. “Hicimos los depósitos y firmamos los contratos para
realizar las obras públicas, pero jamás
recibimos los recursos para comenzar
a trabajar”, ha declarado el Ing. Julio
César Rodríguez en varios medios de
comunicación locales.
Al respecto, los 7 empresarios que
fueron defraudados entre los meses
de enero, febrero y marzo de 2012 con
más de 20 millones de pesos, a principios de este año demandaron una averiguación previa en la Fiscalía General
del Estado de Durango pero, nuevamente, como en la mayoría de los
casos en los que se ven relacionados
servidores públicos de filiación priísta, la Fiscal Sonia Yadira de la Garza
Fragoso no ha hecho absolutamente
nada para consignar esta averiguación
previa ante un juez.
Estos son solo algunos ejemplos de
los muchos atropellos que cotidianamente cometen principalmente el
gobierno priísta estatal de Durango
y el municipal, que con una política
opaca de “comunicación social” han
blindado con cantidades millonarias
de dinero del erario a la mayoría de
los medios de comunicación locales
para que difundan masivamente sus
promocionales y declaraciones en los
que remarcan, según ellos, sus logros
y avances en materia de seguridad,
transparencia, fomento al empleo y
desarrollo social de manera triunfalista, adjudicándose, hasta el cansancio, la autoría de la construcción del
faraónico puente El Baluarte, que en
realidad tiene su origen en recursos
federales promovidos en los sexenios
presidenciales panistas. Así se las gastan las administraciones gubernamentales estatal y municipal encabezadas
por Jorge Herrera Caldera y Adán Soria Ramírez, simulando, protegiendo
negocios personales, cometiendo actos de corrupción y saqueando las arcas públicas para, mediante engaños,
pretender mostrarle a la ciudadanía
resultados que están lejos, muy lejos
de la realidad.