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La mentira como justificación ante el caos. Foto: Río Doce.
La mentira como justificación ante el caos. Foto: Río Doce.

Gobernador y Policía violan la ley y mienten sobre resultados

por: Ismael Bojórquez / Cayetano Osuna/Río Doce 

La apuesta absurda

Terco en sostener a Jesús Antonio Aguilar Íñiguez como director de la Policía Ministerial, con ingerencia en todo el sistema policiaco de la entidad, el gobernador Mario López Valdez no solo viola preceptos legales, miente exaltando resultados que no existen y, sobre todo, traiciona los postulados del presidente Enrique Peña Nieto en materia de seguridad.

Bastaron solo unas horas para que el gobernador Mario López Valdez mostrara dos caras distintas frente al problema que representa la delincuencia organizada. Una puso en Monterrey, el miércoles 16, durante la inauguración del Foro de Consulta México en Paz, donde el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, hizo un llamado a combatir la delincuencia con apego estricto en la ley.

“Estamos trabajando —dijo en su discurso el presidente— en lo que será lo más importante y, también, debo decir, quizá, lo más difícil para elevar la eficacia de las acciones en materia de seguridad, generar confianza tanto entre los órdenes de Gobierno, como entre la ciudadanía y las autoridades”.

Malova asistió al evento en su calidad de presidente de la Comisión Nacional de Gobernadores (Conago).

Al hablar de las capacidades policiacas, Peña Nieto enfatizó la necesidad de privilegiar el uso de la inteligencia por encima del uso de la fuerza.

“Para reducir la violencia con apego y respeto a la ley —dijo— no existen rutas cortas o soluciones fáciles. La autoridad tiene la obligación ineludible, irrenunciable e intransferible de hacer valer el estado de derecho.

“Porque tengamos en claro lo siguiente: es para el Estado mexicano, como ya lo dije, una obligación ineludible e irrenunciable asegurar la aplicación de la ley. Combatir todas las modalidades que pueda haber del crimen organizado y asegurar para la sociedad el clima de paz y de armonía social.

“Como presidente de la República, reafirmo que es prioridad de mi gobierno hacer valer el estado de derecho. Aprovechemos estos foros de consulta para enriquecer y complementar la política de Estado por la seguridad y la justicia de los mexicanos”.

Al día siguiente, durante una gira por Badiraguato, el gobernador tiró a la basura los postulados de Peña Nieto. Al ser cuestionado sobre el hecho de que el jefe de la Policía Ministerial (PM) había reprobado los exámenes de control de confianza, dijo que son “muchos (los) elementos en las corporaciones municipales, en la Estatal Preventiva, en la Ministerial, que no han alcanzado a aprobar estos exámenes y habló de un 40 por ciento”.

Ya lo había defendido, incluso, al grado de reconocer que no era una “blanca paloma”, pero que estaba probado su valor y su capacidad, su entrega.

Ahora se escudó en el “reconocimiento de algunos sectores, por no decir que la mayoría de los sectores de la sociedad y sectores productivos de Sinaloa”.

Anunció que buscaría para Chuytoño y para todos los que habían reprobado los exámenes, una segunda oportunidad.

Y mintió: “Porque, déjeme decirle que a dos años tres meses, bajar los índices delictivos más del 50 por ciento no es poca cosa”.

Luego retó: “Creo que ese reconocimiento se lo estamos negando a Chuytoñoporque no ha obtenido un documento que yo espero que lo consiga, pero finalmente si alguno tiene a alguien mejor que Chuytoño, lo he dicho y lo vuelvo a decir aquí, en el momento que yo encuentre a alguien mejor que Chuytoño, en ese momento lo quitamos y lo ponemos en su lugar”.

Paloma negra

“Comandante, vamos a salir adelante de esto”, le dijo el entonces gobernador de Sinaloa, Juan Millán Lizárraga, a su flamante jefe de la Policía Ministerial, Jesús Antonio Aguilar Íñiguez.

Ríodoce había publicado días antes, en junio de 2004, un reportaje titulado Las casitas de Chuytoño, donde se revelaron compras millonarias de Aguilar Íñiguez, que incluían casas en El Cid de Mazatlán, en un balneario para ricos en Teacapán, Escuinapa, y varias unidades de transporte. Casi todas las propiedades aparecían a nombre de su esposa, la señora Dolores Ramona González.

En solo 14 días, el jefe policiaco había comprado dos terrenos en más de un millón de pesos, y en menos de un año ya tenía construidas dos residencias valuadas en más de 10 millones.

Fue un escándalo que cimbró a la opinión pública y a los mandos del Gobierno. La cadena de diarios El Debate reprodujo el reportaje y los diarios ReformaLa Jornada y El Independiente también la retomaron en sus páginas. Igual lo hicieron noticiarios estatales de radio y televisión.

Pero tanto el gobernador como el comandante “apechugaron”. “No soy un corrupto”, dijo Chuytoño cuando Ríodoce lo entrevistó y donde habló maravillas de la corporación que estaba dirigiendo.

Pero tres meses después, el 11 de septiembre, le cayó la carpa encima. Un grupo de sicarios comandados por un desertor del Ejército, Manuel Alejandro Aponte Gómez, el Bravo, por órdenes de Joaquín, el Chapo Guzmán, dieron muerte a Rodolfo Carrillo Fuentes en la plaza Cinépolis de Culiacán.

Esta vez el gobernador no pudo hacer nada. Se supo a partir del ataque, donde también murió la esposa de Rodolfo Carrillo, Giovanna Quevedo, que el jefe de escoltas del capo era el comandante Pedro Pérez López, activo de la Policía Ministerial, quien resultó herido en una pierna durante la balacera.

Dos días después, en medio del mayor narcoescándalo de su sexenio, Millán Lizárraga lo dio de baja y la PGR lo declaró “bajo vigilancia policiaca” en tanto se deslindaban responsabilidades. En realidad, a partir de ese momento Chuytoñose dio a la fuga.

La cloaca en que se había convertido la Policía Ministerial había sido señalada al gobernador por el entonces procurador de Justicia, Óscar Fidel González Mendívil, pero el jefe del Ejecutivo fue sordo a las advertencias.

Ante el Congreso del Estado, durante una comparecencia, el procurador señaló que la Policía Ministerial se consumía en la corrupción, incluso afirmó que en la muerte del comandante Héctor Manuel López Ibarra, jefe de la Unidad de Investigaciones Internas que recién había sido asesinado, estaban involucrados elementos de la PME.

Nada ocurrió, hasta los hechos del 11 de septiembre. Junto con Chuytoñosalieron y fueron perseguidos por la justicia federal Héctor Castillo, Martiniano Vizcarra, Reynaldo Zamora y Alejo Herrera. Todos, salvo Herrera, trabajan hoy en las estructuras policiacas del gobierno del “cambio”.

Carlos Ismael Núñez Castañeda y Ovidio Humberto Plata Quevedo, también del equipo de Aguilar Íñiguez, terminaron sentenciados porque se confirmó que pertenecían a la escolta del llamado Niño de oro.

El regreso insólito

Desde las sombras, Jesús Antonio Aguilar Íñiguez estuvo más de cuatro años luchando en los tribunales hasta que logró ser exonerado de los cargos de delincuencia organizada, al obtener un amparo de la justicia federal en un tribunal unitario de Jalisco.

A partir de entonces se dejó ver tímidamente, porque desde septiembre de 2004 hasta marzo de 2009, cuando fue amparado, se mantuvo en calidad de prófugo de la justicia. Se sabría después que buena parte de ese tiempo se la pasó en el rancho Las Cabras y que fungía como jefe de seguridad del exgobernador Antonio Toledo Corro.

Debió traer la espina clavada y mucho respaldo de sus padrinos para regresar al mismo lugar de donde seis años atrás había sido expulsado en medio del escándalo y el descrédito. Por lo menos Juan Millán y Toledo Corro hablaron por él, aunque no son pocos los que afirman que el verdadero apoyo le vino de otro lado.

Pero las condiciones del país habían cambiado. Había una Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública que exige para ser policía aprobar un examen de control de confianza mismo que, para los mandos debe ser presentado ante la PGR.

Desde que Mario López Valdez ganó la gubernatura trascendió que deseaba incluir en su gabinete de seguridad a Aguilar Íñiguez, pues anduvo sondeando su nombre entre algunos líderes sociales y políticos. No lo hizo al principio, pero fue incorporando al comandante a labores aledañas.

Ríodoce publicó una y otra vez que Aguilar no había acudido a presentar el examen de control y confianza como lo exige la ley y que alguna vez fue programado en la Ciudad de México, pero que nunca llegó.

Fue hasta hace dos semanas que el portal La Pared hizo público el resultado del examen que Chuytoño presentó en la PGR en abril de 2011: “Reprobado”. Es decir, no apto.

De acuerdo con la Ley General del Sistema  Nacional de Seguridad Pública, ningún nivel de Gobierno debe contratar mandos policiacos si estos no aprueban el examen de control de confianza.

Pero este precepto fue ignorado por el gobernador desde que decidió incluirlo en su sistema de seguridad estatal, contra viento y marea.

Primero se dijo que colaboraba con el Gobierno sin percibir un sueldo, aunque él mismo aseguró ganar 55 mil pesos mensuales en entrevista que le hizoRíodoce.

Nunca se supo de dónde sacaban el dinero para pagarle, pues la Secretaría de Administración y Finanzas confirmó que el excomandante no tenía registrada ninguna alta laboral de esta persona.

La Secretaría General dijo entonces que Chuytoño no laboraba y que solo hacía “sugerencias” en materia de seguridad.

El propio procurador de justicia aseguró que Aguilar Íñiguez era asesor de la Secretaría General de Gobierno, no en Procuraduría. Y que si se sometía a los exámenes de control de confianza no habría ningún inconveniente en darle un nombramiento… pero que esto sería hasta que cumpliera los requisitos.

Semanas después, sin cumplir los requisitos, el procurador le extendió el nombramiento como director de la Policía Ministerial.

Mentiras aberrantes

Para defender a Chuytoño, el gobernador no solo borra de un manotazo verbal el pasado de este comandante, sino que acude a la mentira, como si no hubiese registro de nada. “Bajar los delitos en un 50 por ciento no es poca cosa —dijo— y eso se lo debemos a Chuytoño”.

Pues el gobernador mintió y he aquí las pruebas con los propios datos de la Procuraduría General de Justicia del Estado.

En 2007, cuando todavía no estallaba la guerra al interior del cártel de Sinaloa, se cometieron en la entidad 742 asesinatos. En 2008, ya en plena matanza, 1167 homicidios; en 2009 se registraron un total de 1252 y en 2010, el año más violento hasta ahora, 2250.

En 2011, primer año del “gobierno del cambio” y ya con Aguilar Íñiguez como director de la PME, se cometieron 1906 homicidios y en 2012 la cifra bajó a 1466, una cantidad todavía superior al 2009.

En el rubro de violaciones los casos no solo no disminuyeron “50 por ciento”, como afirma el gobernador en su defensa absurda, sino que aumentaron. En 2010 se registraron 115 casos de violación y en 2011, ya con Chuytoño al frente de las policías, 144 casos, aumentado todavía más en 2012 para llegar a 166 registros.

En cuanto a secuestros, donde se supone Chuytoño es especialista, los casos se duplicaron, pues en 2010 se cometieron 15, en 2011 se registraron 33 y en 2012 fueron 32.

El único rubro donde se nota un descenso es en el robo bancario y esto ocurrió hasta 2012. En 2010 se registraron 153 asaltos, en 2011 aumentó a 154 y en 2012 bajó drásticamente a 58 casos.

 

Alejandro Higuera, otro caso

“No recomendable”, fue la evaluación de la Secretaría de Seguridad Pública federal, respecto a Víctor Manuel Zataráin Cedano, quien fue secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Mazatlán, desde enero de 2011 y convertido desde mayo de 2012 en prófugo de la entonces SIEDO.

El alcalde con licencia, Alejandro Higuera Osuna, al inicio de su tercera administración muy a tono con el “gobierno del cambio”, nombró a Víctor Manuel Zataráin Cedano como secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, que entre sus credenciales traía la fama que le dio ser director de Seguridad Pública del gobierno de Jorge Hank Rhon en Tijuana, Baja California.

En un documento de la Secretaría de Seguridad Pública federal, fechado el 27 de marzo de 2012 y clasificado como “confidencial”, firmado por la directora general de Control de Confianza, Gabriela Peláez Acero, se lee: “Lic. Alejandro Higuera Osuna, Presidente Municipal Constitucional de Mazatlán, presente: En atención a su oficio sin número, de fecha 16 de marzo del año en curso, y con fundamento en el artículo 41 fracción II de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, me permito enviar a Usted, en sobre cerrado, anexo constante de 01, foja, con el resultado del C. Zataráin Cedano Víctor Manuel (RFC ZACV7 10303) evaluado por personal de esta Dirección General, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa el 07 de diciembre de 2010.

Es importante manifestar que el resultado emitido y en este momento informado, es inapelable y se encuentra clasificado por esta Dirección General de Control y Confianza, con el carácter de CONFIDENCIAL, de conformidad con la normatividad aplicable en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, por lo que el resguardo del mismo queda bajo su más estricta responsabilidad”.

El 15 de mayo de 2012, Víctor Manuel Zataráin Cedano, en medio de un forcejeo con agentes federales, salió huyendo de las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán, cuando era requerido por autoridades federales y hasta la fecha se encuentra como prófugo de la justicia.

Un día después de la huída de su secretario de Seguridad Pública, Alejandro Higuera Osuna dijo que cuando se enteró de que el funcionario policiaco era requerido por la SIEDO, le ordenó que se entregara a las autoridades, pero de acuerdo con el documento “confidencial”, desde el 27 de marzo sabía que la Secretaría de Seguridad Pública federal lo había evaluado como “no recomendable”.

La ley y sus sanciones

Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Título noveno, de las responsabilidades de los servidores públicos; capítulo II, de los delitos contra el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Artículo 139.- Se sancionará con dos años a ocho de prisión y de quinientos mil días de multa, a quien:

III. Inscriba o registre en la base de datos del personal de las instituciones de seguridad pública, prevista en esta ley, como miembro o integrante de una institución de Seguridad Pública de cualquier orden de gobierno, a persona que no cuente con la certificación exigible conforme a la ley, o a sabiendas de que la certificación es lícita, y

IV. Asigne nombramiento de policía, ministerio público o perito oficial a persona que no haya sido certificada en los términos de esta ley.

Si el responsable es o hubiera sido servidor público de las instituciones de seguridad pública, se impondrá hasta una mitad más de la pena correspondiente, además de la inhabilitación por un plazo igual la de la pena de prisión impuesta para desempeñarse como servidor público en cualquier orden de Gobierno, y en su caso, la destitución”.