Empresarios en la lista por lavado de dinero

Agencias de EEUU cercan al poder político mexicano por nexos criminales

El gobierno de EEUU ha intensificado investigaciones, sanciones y vigilancia contra políticos y empresarios mexicanos vinculadas al narcotráfico y lavado financiero.

Noticias EEUU

Las revocaciones de visa a políticos y funcionarios mexicanos, la mayoría pertenecientes al partido en el poder, son sólo un indicio de las investigaciones de las agencias de EEUU por presuntos vínculos criminales y corrupción.

Más de cien funcionarios, gobernadores y alcaldes investigados por la DEA, FBI, Departamento del Tesoro y Homeland Security de EEUU.

Despacho 14

El violento oficio de escribir.

Por Alfredo Griz

Lo que hoy ocurre entre Washington y México ya no puede entenderse como una simple relación bilateral golpeada por el narcotráfico, la migración o la diplomacia. Lo que existe es una ofensiva abierta, sistemática y perfectamente coordinada de las principales agencias de inteligencia, seguridad y persecución financiera de Estados Unidos contra estructuras políticas, empresariales, criminales e institucionales asentadas en territorio mexicano. La DEA, el FBI, la CIA, el Departamento del Tesoro, la NSA y Homeland Security ya no están observando a México como un aliado estratégico. Hoy lo observan como un riesgo de seguridad nacional; como un corredor de narcóticos; como un centro de manufactura de fentanilo; como una plataforma de lavado internacional; y como una estructura institucional vulnerable a la infiltración criminal y extranjera.

De acuerdo con expedientes, reportes de inteligencia y filtraciones de alto nivel, existen en este momento más de cien políticos, funcionarios, empresarios y operadores mexicanos bajo distintas líneas activas de investigación en Estados Unidos. Paralelamente, al menos setenta y cinco figuras públicas mexicanas habrían enfrentado restricciones migratorias, cancelaciones de visa o revisiones extraordinarias en territorio norteamericano. No se trata de una sola investigación ni de un solo expediente. Se trata de una red de investigaciones simultáneas que apuntan a narcotráfico, lavado de dinero, contrabando de combustible, corrupción pública, tráfico humano, protección institucional y vínculos con organizaciones criminales que Washington ya cataloga como amenazas estratégicas.

Dentro de los nombres que aparecen bajo observación o señalamiento en distintos reportes y versiones periodísticas figuran exgobernadores, gobernadores en funciones y operadores políticos de alto nivel. Entre ellos aparecen Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit; Mara Lezama Espinosa, gobernadora de Quintana Roo; Lorena Cuéllar, gobernadora de Tlaxcala; Miguel Ángel Navarro Quintero, gobernador de Nayarit; Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa; Alfonso Durazo, gobernador de Sonora; Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas; Evelyn Salgado Pineda, gobernadora de Guerrero; y Javier May Rodríguez, gobernador de Tabasco. El mensaje es brutal: el escrutinio ya no está concentrado únicamente en los cárteles; ahora alcanza las estructuras completas del poder político regional.

Pero donde el golpe comienza a sentirse con mayor fuerza es en la lista de funcionarios y políticos mexicanos a quienes, según reportes surgidos entre 2025 y 2026, cuando se les revocó su visado para ingresar a Estados Unidos. Los nombres son los siguientes:

• Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, con reportes de visa retirada en abril de 2026, hoy con órdenes de extradición.
• Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, medida aplicada en mayo de 2025, actualmente con denuncias formales ante el FBI.
• Carlos Torres, esposo de la gobernadora de Baja California, imputado por narcotráfico ante la FGR.
• Juan Francisco Gim, alcalde de Nogales, Sonora, cancelada en agosto de 2025.
• Héctor Astudillo Flores, exgobernador de Guerrero por el PRI, revocada en julio de 2025.
• Hernán José Vega Burgos, abogado yucateco conocido como “El Padrote de Progreso”, señalado por presuntos nexos con redes de explotación sexual, con revocación reportada en febrero de 2025.
• Luis Samuel Guerrero Delgado, esposo de la alcaldesa morenista de Mexicali, bajo sospecha de lavado de dinero.
• Melissa Cornejo, consejera de Morena en Jalisco, con visado revocado en junio de 2025 por sus presuntas protestas contra ICE.
• Miguel Ángel Yunes Linares, senador suplente de Morena.
• Miguel Ángel Yunes Márquez, senador propietario de Morena.
• Alex Tonatiuh Márquez Hernández, señalado como operador cercano de Rafael Marín Mollinedo.
• José Luis Dagnino, alcalde de San Felipe, Baja California.
• Óscar Eduardo Castro Castro, alcalde de Puerto Peñasco, Sonora.
• Norma Alicia Bustamante Martínez, alcaldesa de Mexicali.
• Mario Alberto López Hernández, diputado federal por el Partido Verde Ecologista.
• Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol, empresario en tecnología de inteligencia y blindajes, operador de Genaro García Luna y la extinta Isabel Miranda de Wallace.

Washington no suele explicar públicamente las razones individuales de cada revocación. No está obligado a hacerlo. Pero, históricamente, este tipo de medidas está relacionado con investigaciones por narcotráfico, corrupción pública, lavado de dinero, tráfico de personas, espionaje o vínculos con estructuras criminales. La visa no se cancela por cortesía diplomática. Se cancela cuando alguien, en alguna oficina de inteligencia, considera que ese nombre representa un riesgo por estar vinculado a una situación o grupo criminal.

Mientras tanto, desde Palacio Nacional se insiste en que no existe información oficial sobre dichas listas. Pero la realidad detrás de esa narrativa es mucho más incómoda. La desconfianza de las agencias estadounidenses hacia sectores del aparato político mexicano es tan profunda que gran parte de la inteligencia sensible simplemente ya no se comparte. México sigue siendo socio comercial, sí, pero para la comunidad de inteligencia norteamericana también se ha convertido en territorio de preocupación crítica.

La DEA encabeza la operación más agresiva. Sus investigaciones actuales están centradas en laboratorios clandestinos de fentanilo, rutas marítimas y terrestres, operadores financieros, empresas fachada y funcionarios corruptos que brindan protección institucional. El foco principal está sobre el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, a quienes la propia agencia identifica como el núcleo de la crisis de opioides sintéticos en Estados Unidos. Los expedientes federales abiertos contra “Los Chapitos” no solamente hablan de tráfico masivo de drogas; también hablan de sobornos, estructuras empresariales, lavado internacional y redes políticas de protección.

El FBI trabaja otra dimensión, igual de delicada: crimen organizado transnacional, corrupción pública y estructuras financieras binacionales. Una de sus investigaciones está basada en la investigación periodística de Los Ángeles Press, de Guadalupe Lizárraga, sobre la gobernadora de Baja California y la adquisición de propiedades de lujo en San Diego, de un grupo de empresarios de Tijuana y Ensenada con vínculos al CJNG. Otras investigaciones han rastreado empresas fachada en Wyoming, Arizona, Texas y Florida, con exportaciones simuladas, cuentas múltiples y transferencias que terminaron alimentando operaciones del Cártel de Sinaloa. Millones de dólares han sido asegurados, cuentas congeladas y activos decomisados, mientras numerosos expedientes permanecen sellados bajo jurisdicción federal.

El Departamento del Tesoro opera de manera silenciosa, pero contundente. Durante casi dos décadas ha congelado ranchos, constructoras, notarías, casinos, inmobiliarias, empresas y redes financieras vinculadas a organizaciones criminales mexicanas. La estrategia es simple: seguir el dinero hasta destruir la estructura. No buscan solamente sicarios. Buscan contadores, prestanombres, empresarios, agentes inmobiliarios, operadores bursátiles, notarios y funcionarios que convierten dinero criminal en poder político.

Es el caso de la red de Fernando Salgado Chávez en Baja California, cuyos vínculos fueron documentados por Los Ángeles Press, y en el que, el 18 de septiembre de 2025, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EEUU sancionó a Jesús González Lomelí como operador financiero de la facción de Los Mayos en Rosarito. En ese mismo entorno emerge Marco Antonio Moreno Gómez Santelices, empresario de espectáculos, inmobiliario y de seguridad tecnológica, identificado por este medio como una pieza estratégica en la frontera noroeste de México, mientras aparece inscrito en la lista de publicidad institucional de la Fiscalía de Baja California.

Detrás del escenario visible operan la CIA y la NSA. Una analiza captura institucional, infiltración  política, influencia extranjera, puertos estratégicos y corredores logísticos. La otra intercepta comunicaciones, rastrea aeronaves, convoyes, embarcaciones y brokers financieros mediante inteligencia electrónica. Muchas de esas operaciones siguen clasificadas, pero los documentos filtrados dejaron claro que México está bajo vigilancia permanente. Lo que ha salido de nuevo a la luz pública con los dos agentes de la CIA muertos en Chihuahua.

El punto más sensible de toda esta operación no son los cárteles. Es la corrupción institucional. Porque, en expediente tras expediente, aparece la misma frase: funcionarios públicos corruptos en México. Policías municipales, fiscales estatales, aduanas, puertos, gobiernos locales, contratistas y operadores políticos. La hipótesis dominante en Washington en 2026 es clara y brutal: el poder financiero, territorial y político de los cárteles dejó de ser un problema criminal prioritario para México. Sin embargo, para Estados Unidos, hoy representa una amenaza directa a su seguridad nacional. Y cuando una superpotencia clasifica algo de esa magnitud como amenaza estratégica, la diplomacia deja de ser una via factible. Lo que sigue es presión, inteligencia, sanciones y decisiones que pueden cambiar el rumbo político de un país entero.