En una jornada parlamentaria calificada como de gran trascendencia por los legisladores de diferentes fuerzas políticas representadas en el Congreso del Estado de Aguascalientes, este miércoles 24 de septiembre fueron aprobados dictámenes de varias iniciativas de ley en temas de justicia, seguridad social, educación y cultura, normatividad burocrática y género; así como la donación de un terreno a la Judicatura Federal para la Construcción de un Complejo de Justicia Penal, entre otros asuntos.

Antes, tuvo verificativo la sesión previa de la Diputación Permanente y el Pleno a fin de elegir a la Mesa Directiva para el Primer Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Segundo Período de Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, logrando por mayoría, la siguiente integración:

Presidente: Dip. J. Luis Fernando Muñoz López
Vicepresidente: Dip. Mario Alberto Álvarez Michaus
Primer Secretario: Dip. Juan Antonio Esparza Alonso.
Segundo Secretario: Dip. Salvador Dávila Montoya
Prosecretario: Dip. Juan Francisco Ovalle García

Tras un breve receso y luego de la toma de protesta de ley, se dio paso a la celebración de la sesión extraordinaria de los 27 representantes populares locales, abordando como primer punto, el dictamen de las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales; Justicia y Seguridad Pública, sobre la iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes, Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes y Ley Orgánica del Ministerio Público, presentada por el ingeniero Carlos Lozano de la Torre, Gobernador Constitucional del Estado.

Dicha propuesta tiene por objetivos:

a) Conferir al Secretario de Gobierno facultades de dirección sobre el Consejo Estatal de Seguridad Pública.

b) Considerar al Secretario de Gobierno y al Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública autoridades en materia de seguridad pública.

c) Convertir al Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Aguascalientes en un organismo desconcentrado de la Secretaría de Gobierno.

Como parte de la justificación del proyecto, los dictaminadores exponen que actualmente el Centro de Evaluación y Control de Confianza depende de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, teniendo como parte de sus funciones, evaluar la condición biológica, psicológica y social de los aspirantes e integrantes de las instituciones de seguridad pública; sin embargo, juzgan como inconveniente que los elementos policiales sean evaluados por la Secretaría de Seguridad Pública, pues tal situación podría generar conflictos de interés.

Sobre la propuesta, la diputada Sylvia Violeta Garfias Cedillo criticó la celeridad que se le otorga a algunas iniciativas sobre otras, por lo que cuestionó sobre los intereses que existen detrás de esto.

En torno al Centro de Evaluación y Control de Confianza, manifestó que fue una de las entidades en su género que logró los mejores niveles en el ámbito nacional, pero que ahora ha incumplido con las recomendaciones de la Federación, por lo que pidió que antes de aprobar la iniciativa, comparezcan los responsables de la operación del C3.

Por su parte, el diputado del PRI Enrique Juárez Ramírez defendió en tribuna la pertinencia de aprobar esta serie de reformas, partiendo de que hace años las autoridades de administraciones pasadas se vieron inmersas en una crisis de credibilidad de sus cuerpos policíacos y esto se debió en gran medida a la incapacidad de disolver los actos de corrupción al interior de las fuerzas del orden, lo que generó inseguridad.

Manifestó que “para el Estado Mexicano es imperante construir cuerpos de seguridad de las que la ciudadanía se pueda sentir orgullosa, sostuvo. Juárez Ramírez refirió que durante el presente sexenio la Secretaría Estatal de Seguridad Pública se ha apegado a los lineamientos federales e incluso ha recibido tres certificaciones por el Centro Nacional de Evaluación y Confianza. Destacó que en agosto pasado se registra un 98 por ciento de la evaluación de la plantilla de todo el sistema de seguridad pública en la entidad y esto es por la labor que desempeña el General Rolando Eugenio Hidalgo Eddy quien ha encabezado la estrategia gubernamental para propiciar el clima de paz social que hoy goza la ciudadanía.

Por último, el también presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la LXII Legislatura pidió no politizar un tema tan sensible, porque garantizar la seguridad de los ciudadanos debe estar siempre alejada de colores e intereses mezquinos ajenos al bienestar de la población.

El dictamen respectivo obtuvo 25 votos a favor de los grupos parlamentarios del PRI-PVEM, Nueva Alianza, PRD, así como de los representantes del PT y Movimiento Ciudadano, además de 5 votos de la bancada del PAN; el voto en contra de la diputada Sylvia Garfias y la ausencia con permiso de la legisladora Martha Márquez Alvarado, por lo que se consideró aprobado por mayoría.

Como siguiente asunto, se sometió a consideración del pleno el dictamen de la Comisión de Vigilancia con la iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes, presentada por el Ciudadano Ingeniero Carlos Lozano de la Torre, Gobernador Constitucional del Estado y cuyo objeto esencial es, entre otras cosas, agrupar todos los fideicomisos en los que el ISSSSPEA actúa como fideicomitente, en un fideicomiso maestro, para facilitar la administración de los recursos del Instituto y disminuir su costo de administración.

La comisión dictaminadora, señaló su coincidencia con el autor de la iniciativa, en el sentido de facultar al ISSSSPEA a efecto de otorgar apoyos extraordinarios a aquellos pensionistas que se ubiquen en una situación de extrema necesidad, para lo cual se propone crear un fondo especial.

En torno a lo anterior, intervino la legisladora Sylvia Violeta Garfias, para señalar que “la realidad es muy distinta a los textos”, pues a su ver, la iniciativa “es arriesgar la pensión de los trabajadores del Estado de Aguascalientes”, al someter parte de los fondos a la especulación. También cuestionó si se le consultó a los burócratas sobre el proyecto financiero contenido en la propuesta.

En su oportunidad, el diputado Eduardo Rocha Álvarez señaló en tribuna que los integrantes de la Comisión de Vigilancia tuvieron acceso a la información técnica referente a dicha reforma; entre los beneficios de esta modificación, sostuvo que una vez iniciado el nuevo esquema el estado recibirá 160 millones de pesos adicionales al año, garantizando así el pago de pensiones a corto, mediano y largo plazo.

El legislador priista aseveró que este nuevo formato financiero será vigilado y evaluado por la Junta de Gobierno del Instituto, la cual está conformada por representantes sindicales, por lo que hizo un llamado a la clase trabajadora para que confíen en las reformas porque de ninguna manera se pone en riesgo el pago de sus pensiones, enfatizó.

Tomó la palabra enseguida la diputada Martha Márquez Alvarado, para reiterar su oposición a la iniciativa de reformas a la Ley del ISSSSPEA, pues a su ver, “la información no ha sido suficiente para tomar una decisión”, pues dijo que se requiere conocer el estado financiero del citado instituto y sus fideicomisos, así como las auditorías a la dependencia y otros datos. Todo ello, explicó, a fin de evaluar la viabilidad y solvencia de las pensiones burocráticas. Por ello, solicitó que la iniciativa fuera devuelta a la Comisión de Vigilancia para analizarla con mayor profundidad.

La legisladora Norma Guel Saldívar, en el uso de palabra argumentó que ya operan con éxito mecanismos de financiamiento como los expuestos en la propuesta en análisis, por lo que la reforma facilitará la administración de recursos del ISSSSPEA y garantizará la obtención de rendimientos adicionales que irán a fortalecer los fondos de pensión de los servidores públicos de los municipios y el Gobierno estatal.

Aclaró que con prudencia, se fijó un tope del 12% en los recursos que pueden ser objeto de las modalidades propuestas de inversión. Por todo lo anterior, recalcó, el Grupo Parlamentario del PRI y PVEM respaldan la iniciativa.

El diputado J. Jesús Rangel de Lira, como representante del Partido del Trabajo, dijo que esta iniciativa genera desconfianza porque la historia nos enseña que lo dicho en argumentaciones y luego la práctica es totalmente diferente, de lo cual hay antecedentes como los Fondos de Pensión durante la administración de Vicente Fox Quesada. Pidió recordar que la mayoría de las crisis han sido detonadas por ambiciones en los mercados financieros y derivan en el incremento de la pobreza, pues la clase media trabajadora no ha visto beneficios con esta clase de decisiones, por lo que se manifestó en contra de la iniciativa.

A su vez, el legislador del Partido Movimiento Ciudadano Oswaldo Rodríguez García, manifestó su aval a dicho dictamen pues con ello se garantiza el régimen de pensiones, prestaciones laborales justas, servicios de salud y un retiro digno una vez que concluyen su período de trabajo. De no modificar el esquema del fondo de pensiones, explicó que el Estado dejaría de recibir alrededor de 160 millones de pesos al año, sostuvo el también presidente de la Comisión de Servidores Públicos del Congreso Local.

Mario Alberto Álvarez Michaus, diputado del GPPAN, expuso que parecería un tabú el invertir un porcentaje de los fondos de pensiones bajo el esquema de renta variable, razón por la que dijo entender que no todos en su partido compartan la propuesta, misma que él ve positivamente pero de la que también señaló “es perfectible”, blindando su operatividad con ciertas normas, a fin de evitar conflictos de intereses o ineficacia.

El legislador indicó que haría falta complementar algunas definiciones financieras en los llamados “portafolios de inversión”, donde se establecen objetivos, condiciones, fines, plazos, límites, etc., para cada una de las cuentas que maneje el fideicomiso maestro. Por último, propuso regresar la iniciativa a comisiones para ampliar el periodo de discusión y hacer propuestas de mejora, a fin de que se puedan brindar garantías a los trabajadores de que su dinero no perderá valor.

Acto seguido, el presidente de la Mesa Directiva, diputado Luis Fernando Muñoz López, sometió a consideración del Pleno las propuestas de los legisladores Mario Álvarez y Martha Márquez, de regresar el dictamen a la Comisión de Vigilancia, obteniendo 7 votos a favor del Grupo Parlamentario del PAN, y 17 votos en contra, por lo que se procedió a levantar la votación final sobre la iniciativa de referencia. De esta manera, el dictamen obtuvo 18 votos a favor (GPPRI, Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano y PRD), 3 votos en contra (Sylvia Garfias, Martha Márquez y Jesús Rangel), 5 votos en abstención (resto del GPPAN) y una ausencia con permiso.

Como siguiente punto del orden del día, se expuso el dictamen de la Comisión de Vigilancia, con la solicitud para ejercer actos de domino, en favor del Consejo de la Judicatura Federal, respecto de un bien inmueble propiedad de Gobierno del Estado, identificado como predio número 2 del inmueble rústico “El Ranchito”; presentada por el ingeniero Carlos Lozano de la Torre, Gobernador Constitucional del Estado, a fin de facilitar la construcción del Complejo de Justicia Penal Federal.

La diputada María de los Ángeles Aguilera Ramírez, a nombre del Grupo Parlamentario del PRI-PVEM, expresó su beneplácito por la trascendencia de esta donación porque permitirá la edificación de la que se denomina “Ciudad Justicia”, proyecto derivado de la reforma federal al sistema de justicia penal y que va más allá de intereses de partido o de grupo, convirtiéndose ya en política de estado. Dijo que este nuevo espacio albergará oficinas dignas en las que se brindará un servicio ágil, pronta y eficaz a la ciudadanía.

La propuesta de donación de un terreno de 5 hectáreas para el proyecto del Complejo Federal, obtuvo el sufragio unánime de los representantes populares presentes en el salón de sesiones “Soberana Convención Revolucionaria de Aguascalientes” al momento de la votación.

El siguiente punto a discutir, fue el dictamen de la Comisión de Justicia sobre la iniciativa de adición de los párrafos tercero y cuarto al Artículo 191 del Código Penal para el Estado, presentada por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, ante la LXI Legislatura.

Como se recordará, la propuesta consiste en equiparar como atentados al equilibrio ecológico doloso, la acción consciente o inconsciente y sin causa justificada, que provoque dolor, mutilación, estrés o tormento y que lleve a la muerte a uno o varios animales domésticos.

El diputado del PAN, Leonardo Montañez Castro expresó su voto en contra del dictamen, tras proponer que el castigo al maltrato animal debería ser a través de un delito autónomo, además de sancionar la video grabación y difusión de violencia en redes sociales de actos de violencia en contra de las diversas especies, por lo que consideró que la iniciativa podría ampliarse especificándose los conceptos de la causa penal.

En defensa de la propuesta, el diputado Gilberto Gutiérrez Gutiérrez explicó que el equilibrio ecológico presupone el respeto a todo ser vivo, por lo afirmó que es correcta la nueva descripción típica del maltrato animal en el Código Penal. Incluso, detalló este nuevo tipo puede coexistir con las sanciones administrativas existentes, e insistió en que la finalidad es la defensa principalmente de las mascotas.

Detalló que la fecha no se ha logrado una protección amplia a los seres vivos, por lo que una forma de frenar los atentados contra la integridad de los animales, es la penalización de las conductas de maltrato, que a la postre explicó, pueden devenir en una mayor violencia social o ser un indicador de la misma, por lo que es un fenómeno ineludible de atender.

La diputada Anayeli Muñoz Moreno subrayó que no es posible mantener la conducta de maltrato animal y solicitó sus compañeros votar a favor la iniciativa que habla de la defensa animal tomando en cuenta las voces ciudadanas que piden se castigue a quienes maltratan otras especies por placer o sentimiento de superioridad.

“En ocasiones olvidamos que los paradigmas sociales se transforman paso a paso y con el transcurso del tiempo, hay quienes quieren solucionar los problemas sociales por decreto, piensan que la pobreza se acaba con una consulta ciudadana pero pasan por alto que tienen la oportunidad de ejercer la función pública con responsabilidad y eficiencia.”

Se manifestó convencida de que no debe existir ningún foro que sea favorable con el maltrato animal y los reclamos son atenciones a la ciudadanía que pide justicia y seguir el ejemplo de otros estados que ya han legislado favorablemente en este rubro en defensa de la vulnerabilidad en manos de seres humanos. Al solicitar nuevamente el uso de la palabra, el representante popular panista, Montañez Castro, ratificó su voto a favor de castigar el maltrato de animales domésticos, pero a través de un delito autónomo como ya está establecido en legislaciones como el Distrito Federal y Yucatán, por lo que pidió a la mesa directiva someterla a la votación del Pleno Legislativo.

Dada la propuesta, se le concedió -previa votación favorable- el uso de la palabra al diputado Gilberto Gutiérrez, quien realizó algunas precisiones con respecto a los usos de la normatividad penal, para reafirmar que la tipificación propuesta cumple con la técnica legislativa, al tutelar un bien jurídico que se pone en riesgo de afectación sin causa justificada, además de guardar el principio de proporcionalidad en la penalidad propuesta, entre otros aspectos de forma y fondo.

En la votación en lo general, se recabaron 20 votos a favor y 2 en contra (diputados Mario Michaus y Sylvia Garfias) y 5 abstenciones (resto del GPPAN).

En lo particular, el diputado Leonardo Márquez propuso incluir como delito autónomo el maltrato animal, al exponer la integridad y la vida de los animales como bien jurídico tutelado y no el equilibrio ecológico. De esta manera, planteó cambiar algunas de las denominaciones del Código Penal e incluir el Artículo 191 Bis, en el que se especificaría el tipo penal específico.

Sin oradores para la discusión, se procedió a la votación de la propuesta del panista, que obtuvo la oposición de 20 diputados, y la aprobación de siete, por lo que fue desechada y el dictamen general aprobado en lo general y lo particular.

Tocó el turno de análisis al dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, que resuelve los siguientes asuntos:

A) Iniciativa de reforma a los párrafos segundo, tercero, sexto, séptimo y noveno del Artículo 6º de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes y reforma a la Ley de Educación del Estado, presentada por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la Sexagésima Primera Legislatura, misma que plantea prever la obligatoriedad y gratuidad de la educación media superior en el Estado, en términos de lo previsto por el Artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B) Iniciativa presentada por el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes, Ags., por medio de la cual se reforman los Artículos 10; 66 y 67 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, que busca sustituir las referencias a la Ley Orgánica Municipal por Ley Municipal del Estado, en virtud de que este último es el nombre correcto de tal ordenamiento.

C) Iniciativa por la que se reforman los Artículos 4º, 6º y 7º de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, presentada por el Ciudadano Diputado José Israel Sandoval Macías, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, misma que cita expresamente el derecho de toda persona a un medio ambiente adecuado y sano, a la protección de la salud, así como prever que la educación media superior es obligatoria y gratuita, todo esto en términos de lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

D) Iniciativa de reforma al Artículo 6º de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, presentada por la Ciudadana Diputada Martha Cecilia Márquez Alvarado, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, que busca prever la obligatoriedad y gratuidad de la educación media superior en el Estado, en términos de lo previsto por el Artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

E) Iniciativa de adición del párrafo quinto al Artículo 4º de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, presentada por los Ciudadanos Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, que tiene por objeto homologar el texto de la Constitución Local con Constitución Federal a fin de prever expresamente el derecho de toda persona al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia.

Sobre las anteriores, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, procedió a la acumulación de las iniciativas que objetivos similares para resolverlas en un mismo acto legislativo.

De esta manera, se coincidió en la necesidad de especificar en el Artículo 6º de la Constitución Política Local que el Estado de Aguascalientes y sus Municipios impartirán educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, planteamiento similar en tres de las iniciativas expuestas y en congruencia con lo ordena la Carta Magna, aunque en el dictamen se especifica que la gratuidad en la formación oficial de bachillerato ya lo contempla en la nueva Ley de Educación de nuestra entidad.

Asimismo, se consideró pertinente especificar en la Constitución local, los derechos a un medio ambiente sano y adecuado, la protección de la salud, así como el derecho a la cultura.

En cuanto a la propuesta del Ayuntamiento de Aguascalientes, se concluyó que se quedaba sin materia, pues las cuestiones de denominaciones legales quedaron atendidas con las reformas a los Artículos 10, 66 y 67 donde se sustituyó “Ley Orgánica Municipal” por “ley que en materia municipal expida el Congreso del Estado” esto mediante Decreto número 69 publicado en el Periódico Oficial del Estado el 28 julio del 2014, mismo que contiene la reforma político-electoral.

Con la finalidad de clarificar la importancia del derecho de acceso y disfrute de los bienes culturales a toda persona y así quede homologado con la Constitución Federal, normando así la legislatura local, la diputada Martha Cecilia Márquez Alvarado solicitó la voz en la máxima tribuna del Estado. Se logra, continuó, que así la cultura no sea únicamente la obligación del Estado sino un derecho ciudadano legítimo.

Agregó que “somos un Estado con una cultura vasta y por ello necesitamos leyes que fomenten la participación sin ningún distingo en todos los espacios existentes para así generar más interés social en las diversas expresiones que puedan enriquecernos como sociedad”.

Solicitó a los diputados su voto a favor de esta iniciativa para fortalecer la identidad de los aguascalentenses mediante la cultura y dar las garantías para que llegue a la sociedad en general. La propuesta fue aprobada en lo general por unanimidad en el pleno.

Sometido a votación el dictamen, éste obtuvo el voto favorable de cada uno de los integrantes de la LXII Legislatura del Estado de Aguascalientes.

Posteriormente, se dio a conocer a los diputados reunidos en el recinto oficial del Poder Legislativo, el dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, sobre la iniciativa de Ley de Archivos del Estado de Aguascalientes presentada por las diputadas María de los Ángeles Aguilera Ramírez y Anayeli Muñoz Moreno, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México.

El objeto de la propuesta es expedir la Ley de Archivos del Estado de Aguascalientes, para normar y regular la administración de documentos administrativos e históricos de los poderes del Estado, municipios, entidades paraestatales y organismos autónomos. Cabe señalar que el ordenamiento incluyen las facultades para el uso de nuevas tecnologías para la actividad de resguardo y clasificación, así como las sanciones para los servidores que incumplan con las obligaciones derivadas de esta ley.

La diputada Anayeli Muñoz Moreno, en representación del Grupo Parlamentario del PRI-PVEM, manifestó su aval al dictamen porque dijo que este nuevo ordenamiento permitirá la digitalización de los archivos históricos y administrativos que guarda el estado, propiciando así un mejor y más ágil uso de éstos, garantizando su preservación para fines de consulta.

Asimismo, la representante popular resaltó que la nueva ley contempla sanciones para aquellos funcionarios que en su desempeño omitan, alteren o dañen documentos oficiales; adelantó que esta legislación será ejemplo para otras entidades.

La propuesta fue aprobada por la unanimidad de diputadas y diputados presentes.

El punto marcado como XII en el orden del día, fue el dictamen de la Comisión de Fortalecimiento Municipal, sobre la iniciativa por la que se reforma la Fracción XVIII y se adiciona la Fracción XIX del Artículo 42; así como la reforma de la Fracción IX y la adición de la Fracción X del Artículo 43 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, presentada por el diputado Guillermo Ulises Ruiz Esparza de Alba, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El objeto esencial de la iniciativa consiste en otorgar expresamente a los síndicos y regidores, la facultad de llevar a cabo las gestiones necesarias con el fin de atender las demandas de los ciudadanos del municipio, esto mediante un fondo creado para tal fin, y contravenir la soberanía de cada Ayuntamiento.

A favor, se registró para intervenir el diputado Guillermo Ulises Ruiz Esparza de Alba, quien en primera instancia agradeció la disposición de sus compañeros de partido, así como de los integrantes del GPPRI-PVEM, para apoyarle en su propuesta que busca atender las necesidades más apremiantes de la ciudadanía, particularmente de los sectores más vulnerables de la población.

El diputado panista indicó que con unas simples adiciones a la Ley Municipal del Estado, se potencian las capacidades de los integrantes de los ayuntamientos para atender a quienes acuden en busca de apoyos o gestiones sociales específicas, que en la práctica responden a resolver problemáticas muy diversas, incluyendo cuestiones de salud, educación, transporte, vestido y otras cuestiones básicas.

Tras la instrucción del presidente de la Mesa Directiva de recabar el parecer de los representantes populares con respecto al dictamen, éste obtuvo 19 votos a favor y las abstenciones de los diputados Juan Manuel Méndez Noriega, Lourdes Dávila Castañeda, Norma Guel Saldívar, Juan Francisco Ovalle y Verónica Sánchez Alejandre. Estuvieron ausentes con permiso las legisladoras Martha Márquez y Sylvia Garfias.

El siguiente punto a desahogar, fue el dictamen de la Comisión de Equidad de Género, sobre la Iniciativa por la que se reforma el segundo párrafo del Artículo 27 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Aguascalientes, presentada por la Ciudadana Diputada Sylvia Violeta Garfias Cedillo, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

El objeto de la iniciativa consiste esencialmente en disminuir el término para emitir las ordenes de protección de 24 horas a 8 horas cuando se consideren de emergencia o preventivas; incluyendo los casos de violencia sexual, y donde se implique a menores de 18 años.

De esta manera, la Comisión de Equidad de Género coincidió en que las órdenes de protección de emergencia y preventivas deberán expedirse dentro de las ocho horas siguientes al conocimiento de los hechos que las generan, mientras que las de naturaleza civil deberán expedirse dentro de las veinticuatro horas siguientes al conocimiento de los hechos que las generan y tendrán una temporalidad no mayor de setenta y dos horas.

Asimismo, se especificó que a quien omita aplicar o incumpla una orden de protección, se le impondrán las sanciones previstas en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes o en la Legislación correspondiente.

Sobre el dictamen, la legisladora del PAN Sylvia Violeta Garfias Cedillo, desde la máxima tribuna del Estado, expresó su beneplácito y reconocimiento a sus compañeros y compañeras legisladores e integrantes de la Comisión de Equidad de Género por su buena disposición y voluntad para impulsar la iniciativa que promovió, pues la igualdad entre hombres y mujeres y la protección de la integridad de las mujeres no deben ser sólo un buen deseo o aspiración, sino una realidad.

Garfias Cedillo indicó que lamentablemente la violencia contra la mujer es la más habitual porque que se presenta en todo el mundo sin importar culturas ni etnias y por ello dijo que es apremiante legislar para establecer las garantías que protejan a quienes son víctimas de agresiones por parte de su pareja.

De acuerdo con un estudio de la OMS en ochenta países el 35% de las mujeres han sido abusadas por sus parejas. En Aguascalientes ocupamos el quinto lugar nacional en violencia contra las mujeres según informa el INEGI, compartió la diputada María de Lourdes Dávila Castañeda al adherirse a esta propuesta a nombre de su bancada legislativa.

Aseguró que las mujeres que sufren violencia deben romper muchas ataduras para hacer una denuncia por violencia y solicitar protección. “Tan solo de enero a agosto de este año, se han solicitado 82 órdenes de protección a mujeres en la entidad, segura estoy de que esa cifra podría ser mucho mayor si las mujeres tuvieran la certeza de que se emitirían con agilidad”, subrayó.

Pidió a sus compañeros legisladores que luego de conseguir los consensos necesarios en el seno de la comisión promovente y en su propio grupo parlamentario, den el apoyo a esta iniciativa, en la cual está la diferencia entre la vida y la muerte de otra mujer en Aguascalientes y con su voto se contará con un marco legal que mandata un plazo máximo de ocho horas para que estas órdenes se emitan.

El citado dictamen fue aprobado por el voto unánime del Pleno de la LXII Legislatura.

Luego, fue sometido a consideración del Pleno el dictamen de la Comisión de Vigilancia que contiene la iniciativa de reforma a la Ley de Ingresos del Municipio de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, para el Ejercicio Fiscal del Año 2014, presentada por el propio Ayuntamiento.

El objeto de la Iniciativa, esencialmente consiste en obtener la autorización para contratar un empréstito de $5,000,000 (cinco millones de pesos) para destinarlos a programas de inversión pública como son: Regeneración urbana de calles, rehabilitación del mercado municipal, ampliación y rehabilitación del lienzo charro, rehabilitación de la unidad deportiva, ampliación del Centro de Desarrollo Comunitario, bacheo de vialidades principales, reposición de pozo para suministro de agua potable, proyecto sobre cultura del agua y ampliación de la Casa del Adolescente.

En su oportunidad, el diputado del PRD Cuauhtémoc Escobedo Tejada, expresó su aval del dictamen en mención porque considera que el municipio de Pabellón de Arteaga registra un gran deterioro en su infraestructura urbana como calles, avenidas, parques públicos entre otros, y requiere de una ampliación en su presupuesto para solventar esas rehabilitaciones.

Lo anterior, sostuvo el legislador perredista, se debió a que en los últimos tres años la autoridad municipal tuvo un mal manejo de los recursos públicos, al contar con 800 trabajadores en nómina, excesivo para una administración de esta demarcación, toda vez que “está comprobado que basta con 200 empleados para operar de manera adecuada este Ayuntamiento”.

Enseguida, el diputado Salvador Dávila Montoya, a nombre de su Grupo Parlamentario, se mostró a favor del dictamen por el que se le autoriza al municipio de Pabellón de Arteaga a contratar un empréstito para inversión pública, sin comprometer recursos más allá del ejercicio gubernamental del actual Ayuntamiento. Aprovechó además para hacer un reconocimiento a los municipios emanados de su partido, como Asientos y el caso en comento.

Al levantar la votación respectiva, la solicitud obtuvo el visto bueno de todos los ocupantes de curul.

Como último punto a discutir en el periodo extraordinario, se abordó el dictamen de la Comisión de Educación y Cultura, que contiene la iniciativa de reforma a la Fracción II del Artículo 17, Artículo 18 y adición de un párrafo segundo al Artículo 88 de la Ley de Protección y Fomento al Patrimonio Cultural del Estado, presentada por el jefe del Poder Ejecutivo, Gobernador Constitucional del Estado.

El objeto de la propuesta consiste en establecer que el Secretario de Gobierno fungirá como Secretario Técnico del Consejo Consultivo de Protección y Fomento del Patrimonio Cultural del Estado; así como dotar al Consejo de la Crónica de un Secretario Ejecutivo.

La iniciativa que busca consolidar la protección del patrimonio cultural de los aguascalentenses, obtuvo el voto positivo de todos los integrantes de la LXII Legislatura.

Sin otros asuntos por abordar, se declaró concluido el periodo extraordinario de sesiones y fue clausurado con el acto protocolario respectivo.