Denuncian mazatlecos que funcionarios públicos en complicidad con particulares los despojaron de un predio turístico

Cortesía: Río Doce.

“Una vez que son denunciados, sus jefes, lejos de cesarlos y de revocar todas la acciones y actos corruptos, los solapan, los cubren e instruyen a la Dirección Jurídica para que litiguen por los particulares copartícipes de los delitos”, acusa la familia Alcaraz Sandoval.

El 8 de junio, Luis Alberto Alcaraz Viedas y Luis Alberto Alcaraz Sandoval, denuncian a cinco funcionarios del Gobierno del Estado de Sinaloa, un notario público y dos particulares, ante la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común Región Sur del Estado de Sinaloa, presuntamente por despojo de un predio que forma parte de 120 hectáreas de playa del Océano Pacífico, al norte de Mazatlán.

Los damnificados acusan que las autoridades del Instituto Catastral del Estado de Sinaloa, perpetraron el cambio de propietario titular de la clave catastral 011-0005-001, designada originalmente en 1971 con la “Rústica 45” que corresponde a los bienes inmuebles de su propiedad, registrando inconstitucional, ilegal e improcedentemente como nuevo titular de la citada clave catastral y supuestamente propietario del inmueble, a Remigio Alduenda Medina, fallecido el 23 de de septiembre de 2000.

“Trámite que al parecer fue realizado el 26 de agosto de 2022, incluyendo el procedimiento entero desde su inicio hasta su conclusión”, acusan.

La denuncia va enderezada contra Natividad Madrid Uriarte, director general del Archivo General de Notarías del Estado de Sinaloa, y Eduardo Alarcón López, director general del Instituto Catastral del Estado de Sinaloa.

Asimismo, Edna Lizbeth Prado González, directora jurídica del Instituto Catastral del Estado de Sinaloa, y Gerardo Flores Gutiérrez, delegado en Mazatlán del Estado de Sinaloa, y José Carlos Cañas Fernández, subsecretario de Administración de Finanzas del Estado de Sinaloa.

E igualmente al notario público Manuel Lazcano Meza, y Felipe de Jesús Alduenda Bernal y César Ernesto Pérez Alduenda, estos dos últimos supuestos hijo y nieto, respectivamente, del extinto Remigio Alduenda Medina.

Los ocho fueron denunciados por los presuntos delitos de suplantación de identidad, falsificación y destrucción de documentos, y fraude procesal.

Los cinco funcionarios públicos antes mencionados también fueron denunciados por el presunto delito de ejercicio indebido del servicio público.

Dichos delitos previstos y sancionados por los artículos 206, 297, 298, fracciones III, IV y V del Código Penal para el Estado de Sinaloa.

Además, los cinco funcionarios públicos, el notario público y los dos particulares, fueron denunciados bajo la modalidad de pandilla y/o asociación delictuosa previstas y sancionadas por los artículos 94 y 253, respectivamente, ambos del Código Penal para en Estado de Sinaloa.

Los dos particulares, Felipe de Jesús Alduenda Bernal y su sobrino César Ernesto Pérez Alduenda, también fueron denunciados por promoción de conductas ilícitas y cohecho cometido por particulares, únicos dos activos que no son formalmente empleados por el Gobierno del Estado de Sinaloa. No obstante, el segundo activo, Pérez Alduenda, funge como funcionario adscrito a la Dirección de Tenencia de la Tierra del Ayuntamiento de Mazatlán.

El abogado José Ángel Hernández Olvera, quien promueve la denuncia, asegura que Luis Alberto Alcaraz Sandoval es poseedor y propietario legítimo de la fracción de terreno rústico que es parte del lote número 75 de la subdivisión de “El Potrero del Limón” o “La Escopama”, ubicado en este municipio de Mazatlán, Sinaloa, con una superficie de 58-74-27 (cincuenta y ocho hectáreas, setenta y cuatro áreas y veintisiete centiáreas).

Argumenta que Alcaraz Sandoval acredita la propiedad del inmueble con testimonio de la escritura pública número 329 del volumen VII, de 31 de agosto de 1971, protocolizado por el notario público Fernando A. Orrantia.

Enfatiza que Luis Alberto Alcaraz Viedas, ha sido el legítimo poseedor y propietario de su predio desde hace más de 51 años.

Sostiene que el citado instrumento notarial está inscrito ante el Registro Público de la Propiedad de Mazatlán, con el número 24 del libro 201, de la sección primera, de 8 de septiembre de 1971, y registrado ante el Instituto Catastral del Estado de Sinaloa, con clave catastral rústica 011-00045-001, y, originalmente denominada “Rústica 45”.

La propiedad del predio, continúa, Alcaraz Sandoval la acredita con testimonio de la escritura pública número 922, libro 1, volumen IV, del 14 de julio de 1995, protocolizada por el notario público Manuel G. Guzmán Sánchez.

Aclara que dicho predio fue propiedad originalmente de Luis Alberto Alcaraz Viedas, de allí que estuviera catastrada originalmente bajo la clave catastral maestra de “Rústica 45”, pues en la citada escritura 922 se protocoliza un contrato de donación a título gratuito, con Luis Alberto Alcaraz Viedas como donante y Luis Alberto Alcaraz Sandoval como donatario.

Por lo anterior, Luis Alberto Alcaraz Sandoval ha sido el legítimo poseedor del mencionado predio desde hace 27 años.

El citado instrumento notarial se encuentra inscrito ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta municipalidad, bajo la inscripción número 37, del libro 497 de la sección primera, de 11 de agosto de 1995; y registrado ante el Instituto Catastral del Estado de Sinaloa, con clave catastral rústica R-13-015-00045-3, misma que formó parte originariamente catastral “Rústica 45”.

Pero existe en Sinaloa, arremeten los denunciantes, una “pandilla” de funcionarios dispuesta a falsificar cuanto documento haya que falsificar, violar, saquear y destruir cuanto archivo y registro público haya que atacar, amafiarse del subsecretario de Administración y Finanzas para abajo, pasando por el departamento e instituto catastrales enteros, hasta su delegado en Mazatlán.

“Y funcionarios en el Ayuntamiento de Mazatlán, para robarse claves catastrales y suprimir el nombre de sus verdaderos dueños del padrón local de Mazatlán, ofrecer a la venta, ostentándose como si fueran suyas, propiedades ajenas, con la ayuda de directores de Archivos y registros públicos”, enfatizan.

La historia del despojo

Codiciado por los políticos y funcionarios públicos de los gobiernos estatales en turno, como ocurrió durante el sexenio de Jesús Aguilar Padilla 2005-2010, los casi 4 kilómetros de playa de La Escopama, que abarcan desde el último centímetro de Condominios El Delfín ubicado por la avenida Ernesto Coppel Kelly, en el desarrollo turístico conocido como el Nuevo Mazatlán, vuelve a ser noticia en el sexenio presidido por el gobernador Rubén Rocha Moya.

Ríodoce entrevistó a Luis Alberto Alcaraz Sandoval, hijo de Luis Alberto Alcaraz Viedas, quien contó la historia.

—Ahora, fue en septiembre u octubre del año pasado. Sí ahora, con estos, con el gobernador que está ahorita. Donde se supone que “no somos iguales” y ya no hay corrupción y ¡fuchi! Y ya sabes lo que sigue, ¿no?

—¿Por qué denunciaron a José Carlos Cañas Fernández?

—Cañas Fernández fue discípulo del ex gobernador Quirino Ordaz Coppel, junto con los diputados del PRI, y Cañas es el que le dio permiso al del Archivo General de Notarías, Natividad Madrid Uriarte, a usar la identidad de su padre muerto, el extinto notario Andrés Cañas Martínez.

—¿Cómo se enteraron que estaban vendiendo el predio de ustedes…

—Mira, nosotros nos enteramos, porque quisimos pagar el predial, pagamos el predial del 2022 bien, después de la tranza de ellos, pero no nos habíamos enterado porque el Ayuntamiento y el Catastro Estatal están desfasados unos cuantos meses. Ellos hicieron la tranza en agosto de 2022, nosotros pagamos el predial en esas fechas, pero como hay un desfase de varios meses de que se actualiza la información, nosotros no supimos hasta el 23 cuando quisimos pagar el predial del 2023. Ahí es cuando ya salió el nombre del tipo este…

—¿A qué tipo te refieres?

—A Felipe de Jesús Alduenda Bernal, hijo bastardo del muerto, como si viviera en un domicilio nuestro en Playa Sur…

—El finado Remigio Alduenda Medina…

—Sí, lo pusieron como si fuera el dueño y ahí es donde nos dimos cuenta. Entonces pedimos todos los informes y todo el rollo y bla, bla, bla, y ya fue como nos enteramos de todo. Al margen de eso, sabemos que hay gente que los andaba ofreciendo a la venta. Porque ya que sabes te empiezas a preguntar y la gente que te conoce te da pitazos. Oyes: fulano anda vendiendo, anda diciendo que anda vendiendo terrenos de La Escopama, etc y bla, bla, que va haber escrituras nuevas y que necesitan tal cantidad de millones de pesos para hacer las escrituras nuevas para que los nuevos dueños vendan, los terrenos de La Escopama.

—¿Son las 60 hectáreas las que comentan ahí o las 120 hectáreas?

—Están vendiendo las 120 hectáreas, a mí me comentaron que en esos meses en que andaban las falsificaciones andaban buscando varios millones de pesos, para hacer las escrituras nuevas, se las iba a hacer Lazcano Meza.

—Ustedes acudieron a las diferentes dependencias y fueron dándose cuenta del despojo…

—Sí, nosotros pedimos copia en catastro y fue cuando nos negaron los expedientes, como dice Proceso, porque eran secretos. Y pues todo mundo conoce gente, tú conoces a alguien que conoce a alguien que conoce a alguien. Y ya nos dijeron: “no no no, los quiere escondidos el director en Culiacán, porque es secreto, punto, se los quiere robar, ¡punto! Así. Los expedientes se los llevaron de Mazatlán a Culiacán, para que no hubiera pistas. No había modo de sacar nada. Lo que tú quisieras sacar de La Escopama. Prohibido, prohibido. ¡Mucho menos si eres el dueño! ¿Me entiendes?

—El finado Remigio Alduenda Medina entra en acción con los particulares…

—Sí, el muertito, ¿sí? Entró 18 años después de haberse muerto. Sin saberlo, porque está muerto.

—¿Alduenda Bernal dijo que su papá Remigio le había heredado el predio de La Escopama?

-Sí, exactamente que le heredó La Escopama…

A partir de ahí nos dimos cuenta de cómo estuvo la cosa. Y ya promovimos el amparo. Y ya fue cuando tuvieron que exhibir públicamente los documentos en el Archivo de Notarías.

Artículo publicado el 18 de junio de 2023 en la edición 1064 del semanario Ríodoce.