Un día después de que miles de estudiantes, indígenas, afrodescendientes, campesinos y víctimas del conflicto marcharan por las calles de Bogotá reclamando paz, el presidente Juan Manuel Santos decidió ampliar el cese al fuego con las FARC hasta el 31 de diciembre. La decisión, según el recién nombrado Nobel de la Paz, llegó tras reunirse con “los jóvenes” que se han lanzado a la calle, acampando y creando asambleas en diversas ciudades colombianas desde el día después del plebiscito.

“Exigimos ya el acuerdo, si lo tienen que renegociar que lo hagan ya”, declara Carolina Moreno, activista del movimiento Paz a la Calle, que ha organizado asambleas y marchas por distintas ciudades del país en los últimos días. Estas movilizaciones se han desarrollado en paralelo a las reuniones entre el Gobierno y los partidarios del ‘no’ en el plebiscito del pasado 2 de octubre, entre ellos, los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana.

Ante estas reuniones en las altas esferas del poder, muchos son los que temen que el proceso de paz sea resuelto entre bambalinas por las mismas élites políticas que lo llevaron a un punto muerto. “Nos parece importantísimo que este acuerdo no esté mediado por las grandes élites del país. Es un acuerdo de todos los colombianos y tenemos que defenderlo hasta el final y sacarlo de las manos de los poderes hegemónicos”, explica Moreno.

Cabildos abiertos

Para ello se han buscado distintas fórmulas que van desde la presión social a través de manifestaciones hasta acciones más proactivas como los cabildos abiertos. Estas asambleas municipales abiertas, que tuvieron un papel central en la independencia de Colombia de España, están recogidas por la legislación colombiana como espacios para discutir asuntos de interés para la comunidad.

“El cabildo abierto es un mecanismo muy poderoso de intervención del pueblo en un nivel de diálogo horizontal entre ciudadanos y comunidades”, explicó en una asamblea de Paz a la Calle en el barrio bogotano de Teusaquillo el exmagistrado de la Corte Constitucional Eduardo Cifuentes. “Si en Bojayá, en Bogotá, en Cali, en Tumaco, en Toribío, en todos los municipios del país se declaran los municipios abiertos y se expresa el pueblo, podemos generar un hecho político de refrendación del acuerdo que puso fin al conflicto en Colombia”, añadió Cifuentes.

El gran debate ahora entre los movimientos sociales por la paz es si se debe exigir la refrendación de los acuerdos firmados en Cartagena de Indias el pasado 27 de septiembre o si se acepta una renegociación. El riesgo de la segunda opción es que los actores políticos más derechistas del país, que apoyaron el ‘no’ en el plebiscito, puedan tratar de sacar del acuerdo partes esenciales del mismo y las causas sociales del conflicto queden sin resolver. Los tres grandes elementos a debate son la reforma agraria, la justicia reparativa y la cuestión de género.

“En los acuerdos sólo se estaba pidiendo que nosotras pudiéramos participar políticamente y queremos visibilizar el enfoque de género, que es la apuesta política de las mujeres, no sólo de las mujeres de la insurgencia, sino de las mujeres de los movimientos sociales y populares”, declara una integrante del colectivo Lady Género. “La idea es que la movilización social haga presión a esa élite que está negociando entre las derechas para que no salga del acuerdo el tema del enfoque de género”.

Movilización en Bogotá

Entre tanto, miles de personas marcharon en las principales ciudades de Colombia el miércoles bajo el lema “acuerdo ya”. Aprovechando la celebración del congreso de su organización nacional en la capital colombiana, más de 5.000 indígenas de todo el país marcharon junto con las víctimas y los bogotanos hasta llegar a la Plaza de Bolívar, donde se desarrolla una acampada permanente por la paz.

Entre los manifestantes también existía división de opiniones sobre lo que deben reclamar estas movilizaciones. “No vamos atrás con lo que ya está negociado. ¿Por qué? ¿Para gastar más plata y tiempo?”, declara en la marcha del miércoles Natalia, una mujer afrocolombiana procedente de Buenaventura y miembro de la organización Madres por la Vida. “Lo que quiere la gente es que se hable un solo idioma y que sea la paz, no la guerra, y que se firme lo que ya está acordado”, añade Natalia.
“Este acuerdo siempre se ha pensado para y por las víctimas y no queremos que le modifiquen absolutamente nada que tenga que ver con las víctimas. Ellos merecen conocer la verdad de lo que pasó. No se puede negociar sobre esto”, declara la activista de Paz a la Calle Carolina Moreno, y añade: “Esto ya ha llegado a su punto límite. Nos acostumbramos en Colombia a que hubiera cada día cinco, diez, quince muertos, esto tiene que acabar. La vida es sagrada”.