La reforma en telecomunicaciones de México ¿Cuáles son sus beneficios?

José Carlos Ortega Sandoval

A unos días de que nuestro sistema político aprobara sin cambios las leyes secundarias de la reforma en telecomunicaciones es tarea de los ciudadanos informarlos y analizar sus principales aspectos. Tras 20 horas de trabajo legislativo contando con 308 votos a favor, 107 en contra y cero abstenciones en lo general y en lo particular. Una vez más con los partidos de izquierda votando en contra en bloque y con la aprobación del PRI, PAN, Verde y PANAL. Pero en esta ocasión lo que llamara la atención y saliera en cadena nacional fue la postura interna del PRD en donde causó polémica la orden de votar en contra como bloque por parte del presidente nacional, Lic. Jesús Zambrano, lo que genero la polémica porque sus legisladores, al parecer, no votaron de manera libre y democrática

Esta reforma regula los espacios en medios de comunicación así como de permitir la competencia en la iniciativa privada inicialmente con la idea de evitar los monopolios que tanto han afectado la economía de nuestro país. En menos de una semana (del 4 al 8 de julio), el Senado de la República y la Cámara de Diputados aprobaron un paquete de reformas que serán trascendentales para la industria de las telecomunicaciones y, sobre todo, la relación de los clientes con las compañías proveedoras de servicios de telefonía, Internet, entretenimiento e información (radio y televisión).

La Presidencia de la República, a través de su página de Internet, informó sobre los supuestos beneficios para los mexicanos tras la aprobación de las leyes secundarias.

A partir del 1 de enero de 2015, no pagarás servicio de larga distancia nacional, tanto en telefonía fija como móvil. Con esto, los mexicanos ahorraremos 19,000 millones de pesos al año. Te deberán compensar con bonificaciones y descuentos si tu compañía de telecomunicaciones no te presta servicios de calidad. Podrás conectarte a Internet gratuitamente en 250,000 parques y sitios públicos. Habrá más competencia en servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, para que tengas más opciones y mejores precios. El saldo de tu tarjeta de prepago no se va a perder a los dos meses, y te durará por lo menos un año. Ya no recibirás llamadas de las empresas telefónicas para promover servicios o paquetes, a menos que cuenten con tu consentimiento. Si eres suscriptor de televisión de paga, tendrás derecho a ver los canales de TV abierta sin costo adicional. Podrás cambiar de compañía celular de manera gratuita, en menos de 24 horas y sin condiciones. Podrás consultar tu saldo de tu teléfono sin costo.

Empresarios afiliados a la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) consideraron que la aprobación de las leyes secundarias de Telecom son muestra de la firmeza con la que el país rediseña las reglas de su propio juego con un sólo objetivo: generar las bases para el crecimiento económico y el bienestar social con la apertura a la competitividad contando con más y mejores servicios. Con esta nueva ley se impuso a la televisora TELEVISA medidas para fomentar la competencia en el sector de televisión; la empresa deberá informar también sus términos de transmisión de publicidad.

Estos son los seis puntos a considerar para que la ciudadanía entendamos mejor la reforma Telecom

1) Interconexión con el operador preponderante: La tarifa de interconexión es el precio por originar o terminar una llamada en la red de otro operador ahora con las leyes secundarias y la declaración de preponderancia para Telmex y Telcel se decidió incluir el modelo de pago que se llama Bill & Keep, el cual es la forma sofisticada de decir que si al final del mes fueron similares los números de minutos y mensajes cortos terminados entre dos redes, entonces no se paguen nada entre ellos. Y aún más, con esta propuesta de ley secundaria se expresa que los operadores preponderantes con más de 50% de participación no cobrarán por interconexión de manera transitoria en lo que reducen su participación de mercado. Por último, se busca eliminar el cobro de la larga distancia nacional en un periodo no mayor a tres años para que todas las llamadas dentro del territorio mexicano sean cobradas por igual.

2) Mercado secundario de espectro radioeléctrico: El espectro radioeléctrico es propiedad del Estado, y éste mediante concesiones se lo asigna a particulares para su explotación se propone reglamentar el mercado secundario para el uso y aprovechamiento del espectro en el que los concesionarios podrán rentar o ceder los derechos creando un mercado más flexible

3) Compartición de infraestructura privada y pública: La construcción de redes de telecomunicaciones necesita de grandes inversiones y posee lentos retornos, lo cual se ha utilizado como una barrera de entrada para nuevos operadores. En este sentido esta ley obligará a los operadores preponderantes a compartir los recursos esenciales de su infraestructura de forma no discriminatoria y a precios competitivos

4) Neutralidad de la red: Los usuarios de los servicios de acceso a internet podrán acceder a cualquier contenido, aplicación o servicio ofrecido por los concesionarios sin limitar, degradar, restringir o discriminar el acceso a los mismos

5) Espaldarazo a la retransmisión de contenidos: Se obliga a los concesionarios de televisión radiodifundida a permitir que los concesionarios de televisión restringida retransmitan su señal de manera gratuita y no discriminatoria, a la vez que obliga a los concesionarios de televisión restringida a retransmitir los contenidos de televisión abierta que así lo soliciten sin costo adicional a sus suscriptores

6) Geolocalización, bases de datos y seguridad: Incluye la obligación a los concesionarios de telecomunicaciones de proporcionar la localización geográfica en tiempo real de cualquier tipo de dispositivo de comunicación relacionado con investigaciones de delincuencia organizada y demás delitos como secuestro, extorsión y amenazas. Si bien esta es una forma de combate a la delincuencia, también representa ceder libertad y privacidad como usuarios

Pero a pesar de sus beneficios, ¿por qué ha generado tanta controversia la aprobación de las leyes secundarias de la reforma de telecomunicaciones y radiodifusión?

En 2013, el Congreso estableció que el IFT será autónomo, pero legisladores de oposición y organizaciones civiles consideran que la iniciativa presidencial busca quitarle poderes para dárselos al gobierno federal. Pero la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación (AMIC) señala que el presidente plantea “subordinar” las facultades del IFT a la Secretaría de Gobernación (Segob), en áreas como la supervisión de contenidos en radio y televisión. La propuesta del gobierno federal planea que la defensa de los usuarios únicamente quede a cargo de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Quienes critican esto argumentan que esa medida dejaría relegado al IFT en cuanto a sus posibilidades de defender a los usuarios, dado que tampoco se contempla otorgarle facultades para sancionar a quienes afecten a los consumidores. El gobierno federal puede solicitar a un concesionario que intervenga comunicaciones (artículo 190) y que le entregue el registro de las llamadas de un usuario (artículo 192). Para los opositores de la iniciativa presidencial, esto representa un ataque a la privacidad de los ciudadanos.

La reforma establece que el Estado, a través del IFT, deberá determinar cuándo una empresa es preponderante e imponerle obligaciones para restarle fuerza y permitir la entrada de más competidores. Según la iniciativa presidencial (artículos 260 a 275), un actor será preponderante cuando tenga control de más del 50% del mercado en radiodifusión (radio y televisión) o en telecomunicaciones (telefonía). No obstante, los opositores al documento consideran que el presidente da un trato desigual a las empresas de esos sectores. Organizaciones civiles y legisladores como el senador panista Javier Corral han señalado que las medidas que se busca imponer a los actores preponderantes son mucho mayores en el caso del sector telecomunicaciones en comparación al sector radiodifusión, lo que perjudicaría a las compañías de Carlos Slim (Telmex, Telcel) y beneficiaría a las televisoras Televisa y TV Azteca.

El gobierno federal puede pedir a un concesionario de telefonía celular que localice en tiempo real un aparato ligado a delitos como delincuencia organizada, narcotráfico, secuestro, extorsión o amenazas. Actualmente, el Código Federal de Procedimientos Penales ya contempla esa posibilidad, aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió a comienzos de año que la geolocalización únicamente podrá emplearse en casos extremos, es decir, si está en riesgo la vida o la integridad física de una víctima o si puede desaparecer un objeto robado. El que este punto pueda incluirse en la nueva legislación en materia de telecomunicaciones preocupa tanto a ciudadanos como a defensores de derechos humanos.

La reforma de telecomunicaciones recibe la aprobación de la opinión pública, según la más reciente encuesta telefónica nacional BGC-Excélsior. Se cree que mejorará la competencia existente en este sector, aunque se percibe escepticismo sobre su capacidad para alcanzar plenamente sus objetivos, en especial en materia de mejores tarifas telefónicas contando con el 81% de apoyo. Se dividen las opiniones sobre las expectativas que se pueden tener sobre competencia, servicio y tarifas. Para cerca de la mitad sí se logrará mayor competencia con sus beneficios en servicio y precios, pero para una proporción parecida las empresas dominantes continuarán controlando sus sectores

Esperemos que por encima del debate legislativo en donde sin lugar a dudas existirá siempre oposición política e ideológica, los ciudadanos encontremos mejores condiciones al contar con un mejor servicio de telecomunicaciones donde se ofrezca un servicio competitivo en calidad y costo desde luego donde contemos con empresas profesionales y con responsabilidad social superando los intereses políticos y económicos que han afectado el desarrollo de los mexicanos, sin sacrificar desde luego, el uso de nuestras libertades en un sistema democrático.