Letras de honor en el Congreso para un Ejército Mexicano en el banquillo

Río Doce.- El jueves 25 de julio pasado, en sesión solemne, el Congreso del Estado votó por unanimidad para que se inscribiera con letras doradas en el Muro de Honor del Salón de Sesiones, la divisa Centenario del Ejército Mexicano 1913-2013.

Para el dictamen se tomaron en cuenta dos iniciativas. Una presentada por el diputado Manuel Cárdenas Fonseca, el 16 de julio, y la otra, dos días después, suscrita por la fracción parlamentaria del PRI,

Cárdenas Fonseca, diputado del Partido Nueva Alianza, proponía inscribir en letras doradas los nombres del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos y Armada de México, no sin antes hacer una larga y detallada exposición de motivos, donde resalta la importancia de estas instituciones en el devenir de la democracia mexicana.

El PRI, por su parte, al afirmar que “es indiscutible que la historia de México no puede entenderse sin destacar la participación de las Fuerzas Armadas, en virtud de que estas han sido protagonistas y factor clave del rumbo político que tomó el país a lo largo de los siglos XIX y XX”, propuso solo la frase Centenario del Ejército Mexicano 1913-2013, que al final quedó aprobada.

Ninguna de las iniciativas tiene el más recóndito asomo de crítica para las Fuerzas Armadas, a pesar de que históricamente han sido cuestionadas en sus actuaciones, sobre todo en cuanto a violaciones de los derechos humanos, crímenes contra la población, ejecuciones sumarias y corrupción.

Al ser cuestionado sobre estos vacíos en el recuento histórico de las fuerzas armadas, el diputado Cárdenas Fonseca alegó:

“Es que en la iniciativa hablo de instituciones, no de personas, que siempre están expuestas a los errores y faltas como humanos que somos. Es como si no se pusiera el nombre de Benito Juárez porque se llevó la República a un país extranjero. Además yo no me voy a pelear con el secretario de la Defensa o con el general (Moisés) Melo, cuando lo promueven como jefe de la Tercera Región Militar.

La Diputación Permanente convocó a sesión solemne para el martes 5 de noviembre con el fin de develar, en presencia del Secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, la frase acordada.

Lo que no se expuso

Fue una declaración insólita la del expresidentes Vicente Fox, en abril de 2012: ante estudiantes de la Universidad Iberoamericana, en San Cristóbal, Guanajuato, acusó al Ejército de ser “el mayor violador de derechos humanos en el país”. Más aún, comparó la presencia de los militares en el combate al narcotráfico con las situaciones de guerra que han vivido Irak o Afganistán.

“Qué mayor atropellador de los derechos humanos que el Ejército mexicano”, dijo, para luego sugerir que “el propósito —de los ciudadanos y del próximo gobierno— debe ser salir de esta trampa, retirar al Ejército de las calles. Eso no sirve ni va a servir”.

Y cuestionó que militares y la Marina Armada de México parezcan tener “una carta de impunidad” con el pretexto de su labor para combatir a la delincuencia y dar seguridad al país.

Célebre por sus desplantes, más que por sus méritos al frente de la Presidencia, las palabras de Vicente Fox estaban sustentadas no solo en su experiencia propia como comandante supremo de las Fuerzas Armadas en el periodo 2000-2006, sino también en hechos registrados, denuncias públicas, querellas penales, recomendaciones de las comisiones de derechos humanos, incluso en observaciones de organismos internacionales como Amnistía Internacional (AI) y la propia ONU.

Hay un dato escalofriante que ofrece AI en un informe del presente mes: solo en el sexenio anterior, de diciembre de 2006 a 2012, se registraron 7 mil 441 denuncias de abusos cometidos por las fuerzas armadas. Sin embargo, solo 27 de esas denuncias concluyeron con la condena de personal militar, en todos los casos bajo la jurisdicción militar.

La presencia del Ejército en las calles aumentó a partir de su incorporación a la guerra contra el narcotráfico decretada de facto por el entonces presidente Felipe Calderón. Y a partir de este hecho las violaciones a los derechos humanos y a las garantías individuales se incrementaron notablemente.

Pero hay hechos que no tuvieron nada que ver con el narcotráfico, sino con movimientos políticos y sociales, que hasta la fecha no han sido ni siquiera dilucidados plenamente, menos castigados. Uno de ellos es la participación del Ejército Mexicano en la matanza del 2 de octubre de 1968, en la Ciudad de México, donde murieron cientos de estudiantes.

Otra matanza perpetrada contra un grupo social ocurrió el 23 de octubre de 1975 en San Ignacio Río Muerto, Sonora. Fuerzas de la Policía Judicial de ese estado, comandadas por el entonces teniente coronel Francisco Arellano Noblecía, asesinaron al menos a siete dirigentes campesinos que habían invadido unos predios. Arellano, se confirmó en esos días, recibió órdenes del general secretario de la Defensa, Hermenegildo Cuenca Díaz, de desalojar a como diera lugar. Y la matanza fue el resultado.

También está el registro de la ejecución de milicianos zapatistas en el mercado de Ocosingo y el ejido Morelia en 1994, en el marco del levantamiento armado en Chiapas. Y la masacre de 11 campesinos y presuntos guerrilleros en la comunidad guerrerense de El Charco, en la sierra de Guerrero, en 1998.

Otro caso relevante, tampoco aclarado, es el asesinato, por parte del Ejército, de siete elementos de la Policía Judicial Federal en noviembre de 1991 en Tlalixcoyan, Veracruz.

El Ejército ha sido acusado con frecuencia por organismos internacionales de detener, torturar y asesinar a hombres y mujeres en distintas partes del país y en diversos contextos, ya sea la lucha contra el narcotráfico o contra movimientos insurgentes, incluso contra luchadores sociales. A pesar de ello, la impunidad ha sido el sello del sistema en la mayoría de los casos.

Tragedias locales

En Sinaloa, los excesos del Ejército contra la población se han hilvanado de tal forma que parece una constante. Traumático fue el arribo de elementos militares a la sierra sinaloense en el marco de la Operación Cóndor contra el narcotráfico, en 1977, donde fueron denunciados asesinatos, detenciones ilegales, torturas y violaciones de jovencitas.

Los abusos cometidos por el Ejército ocasionaron el abandono de cientos de comunidades de la sierra y el éxodo de sus habitantes hacia las ciudades.

Más recientemente, Sinaloa y México se cimbraron con el asesinato, por parte de militares, de dos mujeres y tres niños que viajaban rumbo a su casa en La Joya de los Martínez, una comunidad ubicada en los altos de Sinaloa municipio. Tres personas más resultaron heridas.

Luego se confirmó que los elementos castrenses que participaron en la matanza estaban drogados. Fueron juzgados por la justicia militar. Dos militares de grado y 12 soldados fueron condenados a penas de entre 16 y 40 años de prisión en noviembre de 2011.

Casi un año después de esta matanza, el Ejército asesinó a cuatro jóvenes e hirió a uno más en Santiago de los Caballeros, Badiraguato. Los muchachos se dirigían a una fiesta cuando fueron atacados por la milicia. Perdieron la vida Édgar Geovany Araujo Alarcón, Héctor Zenón Medina López, Manuel Medina Araujo e Irineo Medina Díaz. En un comunicado oficial, la matanza que fue calificada por la Sedena como incidente.

El 13 de febrero de 2011 se registraría otra tragedia: el ataque por parte de tropas del Ejército a un grupo de jóvenes que salían a pasear el 13 de febrero de 2011, donde resultó herida con un tiro en la cabeza la joven de 17 años, Leslie Abigail, quien después de ser intervenida en varias ocasiones, sobrevivió.

Infinidad de cateos ilegales, vejaciones y hasta actos de rapiña fueron denunciados por la población contra la institución castrense a partir de 2007, cuando miles de elementos de tropa arribaron a Sinaloa para combatir el narcotráfico, cientos de ellos registrados como denuncias ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Esto provocó el hartazgo en la población, lo que fue aprovechado por los mismos cárteles de la droga para financiar manifestaciones ciudadanas en Guamúchil, Culiacán y Mazatlán, durante el 2007 y el 2008, contra los abusos de la milicia y pidiendo el retiro de las tropas.

Indagatorias de Ríodoce documentaron que estas marchas —con decenas de unidades del transporte, comida y pago de por medio— fueron organizadas por narcomenudistas y operadores del cártel de Sinaloa.

Con todo y esto, la verdad es inocultable: El Ejército es la segunda institución federal que más viola los derechos humanos en México después del IMSS, según datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Por si fuera poco, en mayo de 2012 el Gobierno de Estados Unidos reprobó a las Fuerzas Armadas de México en materia de derechos humanos, al señalar que bajo el marco de la lucha contra el narcotráfico, el Ejército y la Marina cometen asesinatos extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura.

“Las fuerzas de seguridad, actuando tanto dentro como fuera de sus obligaciones, asesinaron a varias personas durante el año”, sentenció el Departamento de Estado en su reporte anual 2011 sobre la situación de los derechos humanos en 199 países.

Esta es la otra realidad de las Fuerzas Armadas en México. Y esta es la institución a la que ahora se le rinde homenaje por los poderes de Sinaloa. Sin el más elemental ánimo crítico, ni el mínimo asomo de dignidad ciudadana.