Estado Mayor.- Entre la cautela y un repliegue tácito, el alto mando del ejército manda un mensaje de que las tropas, a diferencia del sexenio anterior, no van a actuar contra la población civil en problemas donde el origen es más político que de seguridad interior. En mayo fue Michoacán, donde pobladores retuvieron a soldados, la semana pasada fue Guerrero, de nuevo un grupo de militares fueron retenidos por habitantes de una comunidad rumbo a la sierra, en ambos casos se impuso la prudencia para no provocar un tragedia.

México, 11 de agosto.- La decisión se tomó desde principio de año y la tarea se le encomendó al procurador de justicia militar, el general de brigada Jesús Gabriel López Benítez, y al director de derechos humanos de la secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el brigadier José Carlos Beltrán. Desde hace algunos meses ambos militares se han reunido en diferentes partes del país con la estructura operativa del ejército y fuerza aérea para darles a conocer la nueva directiva que el alto mando de la Sedena ha dictado para las tropas en el país. Sus interlocutores han sido comandantes de región, de zona, batallón y regimiento, también se ha invitado a esas juntas a oficiales que tienen cargos de comandante de compañía, sección y escuadrón.

Es una breve explicación del marco jurídico vigente para las fuerzas armadas, después se hace una exposición de la importancia que esta administración le dará al respeto a los derechos humanos, dicen por separado tres fuentes militares que han estado en las reuniones. La directiva se podría resumir de la siguiente manera: prohibido perseguir narcotraficantes, prohibido cateos en casas habitación, salvo ataques directos las intervenciones se harán en apoyo a las fuerzas de seguridad civiles. Se dejará de actuar como se hizo durante el gobierno de Felipe Calderón, es decir, primero detener y luego investigar. Se trata de parar el retroceso de 50 años que significó este método para el país, añade una de las fuentes consultadas.

La orden es no atentar contra los derechos humanos y se puede ver con la estadística cómo ha disminuido el volumen de quejas en este 2013 en comparación con años anteriores, añade. Más que un repliegue, en algunas zonas del país se trata de ceder el espacio a las fuerzas de seguridad, entre ellas la marina, y en otras se trata de mantener presencia pero sin intervenir salvo en casos de emergencia.

Los ejemplos son tres: Tamaulipas, donde el ejército continúa con la vigilancia en carreteras y ciudades como método de disuasión ante los enfrentamientos entre los grupos armados que se disputan varias zonas, como la de la frontera, y donde la marina apoya en labores de patrullaje. Michoacán, donde el ejército tiene recorridos constantes en coordinación con policía federal y los marinos en la región de la Tierra Caliente, se busca retomar el control ante la proliferación de grupos de autodefensa en comunidades de esta parte del estado. Y Guerrero, donde ha imperado la cautela ante “las provocaciones” de grupos de autodefensa y los ataques de grupos de pistoleros ligados al narcotráfico, añade otra de las fuentes consultadas.

El deterioro que significó para el ejército su papel en combate a la delincuencia durante el gobierno pasado, repercutió en un desgaste al interior de la institución que se busca resarcir con un repliegue paulatino de acuerdo a las condiciones que imperen en las 45 zonas y 12 regiones militares en que se divide el país. Es un cambio de raíz, darle pauta a las fuerzas de seguridad civiles, y respaldar con más trabajo de inteligencia cada intervención militar que se ordene, señalan.

En este escenario ha tenido mayor preponderancia las operaciones “quirúrgicas” que ha desarrollado la armada. Para las fuentes del ejército consultadas, es un hecho que la marina tiene mejor relación en el plano operativo para llevar a cabo tareas con apoyo de los servicios de inteligencia estadounidense. Así fue el sexenio anterior y en éste, tras la captura del líder de los Zetas Miguel Treviño Morales, podría continuar.

Cautela

La comunidad de Pericón se posicionó en el mapa del panorama informativo hace unos días cuando habitantes de este poblado del estado de Guerrero, localizado en el municipio de Tecoanapa, rumbo a Ayutla de los Libres donde hace algunos años operó la guerrilla del EPR (Ejército Popular Revolucionario), impidieron la salida de una compañía, alrededor de 100 hombres, pertenecientes al 48 batallón de infantería, el cual tiene su sede en Cruz Grande, en la Costa Chica del estado.

Quienes impidieron su salida eran miembros del llamado Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana, que respalda al grupo de autodefensa de ésta comunidad, y retuvieron a los militares en protesta porque les decomisaron a los pobladores cuatro pistolas y una escopeta. La protesta creció al paso de las horas y los habitantes del poblado bloquearon la carretera federal que comunica Tierra Colorado con Ayutla, en la zona serrana sur del estado. La protesta también fue para denunciar la supuesta protección que miembros del ejército brindan a los grupos paramilitares que operan por esta región. Fueron poco más de 48 horas de tensión en los que soldados y los oficiales que iban al mando, recibieron la orden de permanecer a la espera de que las autoridades civiles acudieran a negociar con los inconformes.

La prudencia con la que actuó el mando de la novena región con sede en Acapulco, el general de división Genaro Fausto Lozano Espinosa, es similar a lo se ordenó el 22 de mayo pasado en la comunidad de Buena Vista Tomatlán, en Michoacán. En esa ocasión pobladores de esta comunidad localizado en la Tierra Caliente michoacana, detuvieron a una sección, integrada por 30 elementos, de las tropas que por esos días comenzaron a incursionar en territorios donde habían surgido grupos de autodefensa. El general Sergio Arturo García Aragón, que iba al mando de los soldados, entabló un diálogo con los pobladores quienes exigían la libertad de cuatro integrantes de la policía comunitaria que habían sido detenidos con armas en un retén instalado en la carretera hacia Apatzingán. La liberación de los militares que estaban retenidos en la presidencial municipal, se dio después de que los cuatro comunitarios regresaron a sus casas esa noche.

La tensión que se vivió en mayo pasado en este poblado michoacano, fue menor a la que la semana pasada estuvo a punto de desembocar en un enfrentamiento con pobladores de la región serrana de Guerrero. Durante varias horas los integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), se apostaron en la vía que comunica la región centro del estado con la costa, en una zona donde la tensión social, por el rezago en el desarrollo y la alta marginación, continúan como factores de descontento. A esto se le sumó de poco tiempo a la fecha, la proliferación de grupos armados ligados a la delincuencia, quienes coludidos con las policías municipales, comenzaron a extorsionar y secuestrar habitantes de estos poblados. Este fue uno de los factores que aludió la UPOEG hace varios meses, cuando su dirigencia anunció la creación de policías comunitarias en varios poblados de esta región del estado que colinda con Oaxaca.

Repliegue táctico

El cambio en la estrategia del ejército llegó como paso natural, después de que se buscó “pulverizar” a las fuerzas armadas llevándolos a una lucha contra la delincuencia donde no existía marco legal, consideraron fuentes militares.

En Guerrero en gran parte del estado la población tiene un profundo rencor contra el ejército, por la experiencia de la guerrilla, y en estos tiempos la cautela se impone como parte de un conocimiento real de la dimensión social de los problemas, comentó un alto mando militar que pidió no ser citado por su nombre.

A la tensión en la costa en la región geográfica que colinda con la sierra de Ayutla, donde tuvo operaciones hasta hace unos años el EPR, se le suma que en los municipios de la Tierra Caliente y la Costa Grande, la zona que colinda con Michoacán, las denuncias de los pobladores han sido por la presencia de la delincuencia organizada infiltrados en los cuerpos de seguridad. En la guerra de propaganda que impregnó el último trecho del gobierno de Felipe Calderón, en municipios como Ciudad Altamirano y Zihuatanejo, se acusó a miembros del ejército de estar coludidos con el narcotráfico.

Hace un par de años en varias “narcomantas” colocadas en la vía pública en Ciudad Altamirano, se acusó al comandante del 40 batallón de infantería, el coronel Pedro Chávez, de estar vinculado con “la ejecución de cinco campesinos en Ajuchitlán”. En esos mensajes, se le señaló de recibir dinero de los autodenominados “Caballeros Templarios”.

Hace unos días en Ajuchitlán, pobladores denunciaron la desaparición de ocho personas, dos de ellas regresaron con vida la noche del viernes 9 de agosto, y del resto entre los que estaban dos profesores normalistas y un empresario, se desconocía su situación hasta el pasado fin de semana. En el centro de la población, el ejército instaló un campamento a manera de prevención, según reportó la prensa local la mañana del sábado.

Entre los mandos del ejército en Guerrero se parte del hecho que los grupos armados conocen el terreno a la perfección, saben cómo entrar y cómo salir en cada uno de los poblados y qué caminos usar. De ahí que la cautela se imponga como primer paso para evitar la confrontación con los grupos de la policía comunitaria, y en cierta forma, intentar detener el desgaste frente a la población de este estado.

Juan Veledíaz

@velediaz424

Estado Mayor
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