Las mentiras de la DEA

Río Doce.- Amenazados por la nueva Ley Antilavado, que los obliga a investigar el origen del dinero con el que se crean sociedades mercantiles, los notarios reciben ahora una advertencia del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que la semana pasada incluyó al fedatario sinaloense, José Antonio Núñez Bedoya, en la lista de cómplices del cártel de Sinaloa, incluso, adjudicándole la protocolización de empresas que nunca pasaron por su despacho.

Para José Antonio Núñez Bedolla ese martes hubiera sido un día más en los 44 años que tiene como notario público, salvo porque esa mañana, en Washington, el Departamento de Tesoro emitió un boletín donde lo incluye en la selecta lista de “criminales” ligados al cártel de Sinaloa.

Así, de un plumazo y bajo una argumentación vaga y hasta errónea, una de las dependencias con más poder de la más grande potencia del mundo, lo hizo parte del crimen organizado.

La información del comunicado, que involucra también a dos mujeres culichis, madre e hija, como parte de una red de lavado de dinero del narcotráfico, le dio la vuelta al país en unas horas.

En la mayoría de las notas publicadas en México, los portales de Internet destacaron el nombre de Núñez Bedoya, por tratarse de la primera vez que un fedatario era, por causa de su trabajo, inculpado en actos criminales.

El notario reaccionó rápido. Ese mismo día, por la tarde, ofreció en su propio despacho, rodeado por sus hijos, colaboradores de la notaría, una rueda de prensa donde negó pertenecer a algún grupo criminal y, concretamente, nunca haber dado fe pública sobre cuatro de las cinco empresas cuya creación el Tesoro de los Estados Unidos le atribuye, como compañías “fachada” para lavar dinero del narcotráfico.

De acuerdo con el comunicado del Tesoro emitido a través de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), Núñez Bedolla ayudó a crear las empresas Estancia Infantil Niño Feliz, el Establo Puerto Rico, Nueva Industria de Ganaderos de Culiacán, Parque Acuático Los Cascabeles, Rancho Agrícola Ganadero Los Mezquites y Centro Comercial y Habitacional Lomas. Todas estas empresas incluidas en lo que el Tesoro de los Estados Unidos llama “red de lavado de dinero” de Ismael Zambada García, el Mayo, proveniente del narcotráfico.

En el mismo comunicado del martes 30, la OFAC incluye a la señora Tomasa García Ríos, viuda de Lamberto Verdugo Calderón y a su hija Mónica Janeth Verdugo García.

Lamberto Verdugo era un narcotraficante buscado y boletinado por la DEA y murió a manos del Ejército mexicano en enero de 2009, cuando presuntamente hizo caso omiso a una señal de alto en un retén, muy cerca del casco urbano de Culiacán.

“El cártel de Sinaloa —dijo Doug Coleman, agente especial de la DEA— no puede esconderse detrás de compañías de fachada como un parque acuático o negocio agrícola… Estamos trabajando con la OFAC para exponer empresas de fachada de estos traficantes de lo que realmente son —las empresas ilegales que alimentan el tráfico de drogas, la violencia y la corrupción. A medida que continuamos a seguir el rastro del dinero, nos morimos de hambre estos traficantes de sus activos y, finalmente, poner sus redes criminales globales de los negocios”.

En un organigrama que se añade al boletín del martes 30, aparece una fotografía de Núñez Bedoya y dos flechas apuntan de su imagen a recuadros donde se encuentran señaladas las cinco compañía que presuntamente pertenecen a Ismael Zambada.

Entrevistado por Ríodoce, el notario público no solo se dijo difamado y afectado en lo moral y en lo profesional, sino que advirtió que podría tomar medidas legales contra el Gobierno de los Estados Unidos, que lo incluyó en una lista de “cómplices” del cártel de Sinaloa a través del Departamento del Tesoro.

Visiblemente molesto, Núñez Bedoya dijo que nunca su despacho notarió la constitución de empresas “fantasmas”, empezando porque todas las señaladas en el boletín del Tesoro existen, todo el mundo las conoce, generan empleo y algunas hasta riqueza para Sinaloa y para el país.

Pero además, aclaró, él no participó como fedatario del Centro Comercial y Habitacional Lomas S.A. de C.V., que se constituyó en 1976 frente al notario Óscar López Castro y efectivamente tiene como socios a varios miembros de la familia Zambada.

Tampoco participó en la constitución de la empresa Rancho Agrícola Ganadero Los Mezquites, S.A. de C.V. el 12 de abril de 2000, cuyo notario fue Enrique Ibarra Rico.

Nunca participó, según documentos mostrados a Ríodoce, en la constitución de la compañía Nueva Industria de Ganaderos de Culiacán S.A. de C.V. (Lechera Santa Mónica), formada en los años ochenta.

Acepta el notario, haber protocolizado la constitución de la empresa Parque Acuático Los Cascabeles S.A. de C.V., pero no aparecen en el acta los apellidos relacionados con las personas boletinadas.

Los socios, de acuerdo con el documento a la vista de Ríodoce, son: Germán Ponce Mendívil, Irrael Ontiveros Sarabia, José Alejandro Velásquez Rojo y Samuel Lemus Vázquez. La empresa se constituyó en febrero de 2006.

La otra empresa que el notario reconoce haber protocolizado su acta constitutiva, es Estancia Infantil Niño Feliz y detalla que acudió a su despacho a solicitar los servicios la señora María Teresa Zambada Niebla.

El acta dice que fue protocolizada en la escritura 10131, del 2 de agosto de 2001, “y hasta donde tengo conocimiento la señora no tenía entonces ningún problema legal y no sé si lo tenga ahora. Yo creo que no —añade— porque la estancia está ahí trabajando, eso cualquiera lo puede corroborar”.

“Ahora, si usted me viene a solicitar un servicio yo voy a prestárselo, yo no voy a investigar de dónde viene. Ahora, la hija yo supongo que no tiene problemas legales y si viene y nos solicita un servicio nosotros se lo proporcionamos”.

Ahora con la nueva Ley Antilavado, agrega, tendremos que tener más cuidado porque ha puesto ciertos límites y ahí sí, nosotros tendremos que tomar medidas para confirmar que una sociedad de cierto nivel de capital, se esté conformando con dinero legal.

Los Cascabeles: lo del agua al agua

Aunque siempre fue en Culiacán vox pópuli que el balneario Los Cascabeles había pertenecido a Lamberto Verdugo Calderón y que a su muerte se habían quedado con la propiedad su viuda y su hija, oficialmente nunca se supo nada al respecto.

De hecho, hasta marzo de 2011, es decir, más de dos años después de la muerte de Lamberto Verdugo, la propiedad pasó legalmente a manos de su familia.

Según escritura 16803 que Núñez Bedoya protocolizó el 4 de abril de 2011, este dio fe de una acta de asamblea de la sociedad Parque Acuático Los Cascabeles, donde se acordó la venta del total de las acciones de los socios fundadores: Germán Ponce Mendívil, Irrael Ontiveros Sarabia, José Alejandro Velásquez Rojo y Samuel Lemus Vázquez, en favor de Santiago García Pereda, Mónica Janeth Verdugo García (hija de Lamberto), María de los Ángeles Ríos Campos y María Delia Cárdenas Morelos. Quedando esta última como administradora única de la sociedad.

Núñez Bedoya sostuvo en su defensa que el boletín del Tesoro de los Estados Unidos está girado sobre datos falsos que manchan sus 44 años de trabajo como notario y que ya habló con abogados de Norteamérica que le han sugerido que se puede demandar por daño moral y profesional al Gobierno de los Estados Unidos.

El boletín menciona que Núñez participó en la constitución, como notario, de la empresa Establo Puerto Rico S.A. de C.V. y lo reconoce, pero dice que esa empresa fue conformada por otros empresarios, no por los Zambada, y que lo que ocurrió después ya no es problema de él, sino de las autoridades.

Sobre la sociedad Nueva Industria de Ganaderos, que produce la marca de lecha Santa Mónica, afirma que se constituyó en 1988 y el notario fue Matías Astengo.

Sobre la advertencia del Gobierno estatal de investigar el boletín del Tesoro y en su caso tomar medidas en su contra, incluso suspendiéndole el fíat, dijo que está dispuesto a que la Secretaría General cumpla con su trabajo y haga lo que le corresponde.

El secretario general de Gobierno de Sinaloa, Gerardo Vargas Landeros, había anunciado ese mismo día que dio instrucciones para revisar la sanción del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en contra del notario público José Antonio Núñez Bedoya, y que, de comprobarse algún ilícito, podrían hasta retirarle el fíat.

La acción del Tesoro, conforme a la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (Kingpin Act), prohíbe en general a los ciudadanos estadounidenses realizar transacciones financieras o comerciales con los designados y congela cualquier activo que puedan tener bajo jurisdicción de EE.UU.

El Gobierno de los Estados Unidos ya había nombrado a Ismael Zambada García y el cártel de Sinaloa como narcotraficantes extranjeros conforme a la Ley Kingpin en mayo de 2002 y abril de 2009, respectivamente, involucrando a familiares y empresas.

A raíz de estas designaciones, tanto el rancho Puerto Rico como la empresa Santa Mónica y la estancia Niño Feliz, fueron afectadas por las autoridades mexicanas, pues sus cuentas bancarias fueron congeladas, lo cual dio pie a un litigio que todavía se encuentra en los tribunales.